Jorge Iván Laverde, alias 'el Iguano', jefe de un extinto bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia,
confesó a las autoridades cómo cumplió las órdenes de Carlos Castaño y
Salvatore Mancuso de acabar con todo lo que oliera a guerrilla y
posicionarse en la zona con dirigentes políticos allegados a esta
organización de ultraderecha.
Operaba en el Catatumbo, en la
frontera con Venezuela, y fuera de ordenar y participar en el asesinato
de decenas de militantes de izquierda, organizó una llamada 'limpieza
social' que acabó con la vida de cientos de presuntos ladrones,
atracadores y expendedores de drogas.
Laverde se ingenió una
particular forma de desaparecer los cadáveres: los quemaba en hornos
artesanales. "Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban
los restos y se incineraban", confesó a las autoridades uno de sus
subalternos, Armando Rafael Mejía, alias 'Hernán'. "Yo no me ponía a
mirar (las incineraciones) porque eso es duro".
En total, según la Fiscalía, 400 paramilitares
saldrían de prisión este año por pena cumplida y por delitos por los
que se pagaría hasta cinco veces el tiempo de condena si se les aplicará
la legislación penal sin ninguna consideración.
Activistas de derechos humanos dicen que las liberaciones,
que empezarían este mes, son prematuras y peligrosas en un país que
está negociando un proceso de paz en Cuba con las rebeldes Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. También dicen que los fiscales le
fallaron al país al no investigar con rigor la totalidad de los crímenes
de los paramilitares y garantizar que se pagara una cifra justa como
reparación a sus víctimas, como lo estipula la ley.
"Es un riesgo
grande que hay que prevenir", dijo Gustavo Gallón, director de la no
gubernamental Comisión Colombiana de Juristas. Es evidente que las
víctimas de los paramilitares verán "con gran temor, con gran
preocupación" su regreso a la libertad.
Los llamados paramilitares
no sólo asesinaban a simpatizantes de izquierda sino que eran aparatos
armados que respondían a usurpadores y expropiadores de tierras de
campesinos, una especie de contrarreforma agraria que alcanza unas dos
millones de hectáreas y que el presidente Juan Manuel Santos está
tratando de revertir.
El miedo es que vuelvan a las zonas donde
tenían influencia para volver a asesinar, extorsionar, perpetrar
masacres y extorsiones, usurpar tierras y volver al narcotráfico,
actividades que prometieron abandonar cuando negociaron su
desmovilización y entrega de armas.
Muchos de ellos eran
comandantes de bloques, varios son peces gordos. Sus leves sentencias
están cobijadas por la Ley de Justicia y Paz de 2005 que les otorgó esas
penas a cambio de que confesaran todos sus crímenes y entregaran los
bienes mal habidos para indemnizar a sus víctimas.
La mayoría de
los jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos y pagan
altas condenas por narcotráfico: Diego Fernando Murillo, alias 'Don
Berna', 31 años de prisión; Salvatore Mancuso, 24 años; Ramiro 'Cuco'
Vanoy, 24 años; Francisco Javier Zuluaga, 'Gordolindo', 21 años, entre
otros. Castaño, por su parte, fue asesinado por sus propios hombres en
2004 por orden de su hermano Vicente y Mancuso fue extraditado a Estados
Unidos en 2008 por narcotráfico.
Pero ese tiempo en prisión en Estados Unidos no les será tenido en cuenta para redimir su pena en Colombia.
"Cuando lleguen (al país) empezarán a contárseles los ocho años", dijo
Juan Pablo Hinestrosa, quien hasta hace un par de semanas fue jefe de la
Unidad de Justicia y Paz, o la dependencia de la Fiscalía que conoce
los procesos contra paramilitares y guerrilleros desmovilizados.
El
gobierno dijo que no se interpondrá a la masiva excarcelación, que las
liberaciones serán graduales, que hará seguimientos de quienes
confesaron haber participado en centenares de homicidios y que los
llevará a prisión si vuelven a violar la ley.
La administración
del presidente Santos honrará "ese compromiso del gobierno anterior en
donde los paramilitares sólo iban a durar recluidos ocho años, pero
honrarlo con unas limitaciones, restricciones y condicionamientos", dijo
a la AP Miguel Samper, viceministro de Justicia.
Antes de
recuperar la libertad, según el funcionario, los paramilitares deberán
demostrar ante los jueces de la República que confesaron todos sus
delitos y que repararon a sus víctimas. Los jueces, asimismo, podrán
condicionarles la movilización por algunos lugares del país y exigirles
la utilización de brazaletes electrónicos para que las autoridades sepan
de su ubicación.
Adicionalmente, según la Fiscalía, podrán ser
objeto de seguimiento judicial durante cuatro años a partir de su
regreso a la libertad. Como sus entregas se hicieron en distintas
fechas, algunos comenzarán a salir en marzo, según la Fiscalía.
El
ente investigador calcula que al menos 156.000 personas fueron
asesinadas por ellos entre 1980 y 2004. En su mayoría, los grupos
paramilitares nacieron de una alianza entre agricultores, ganaderos y
traficantes de droga para enfrentar los secuestros, extorsiones y
asesinatos de las guerrillas
Uno de quienes se espera su
liberación es Edgar Ignacio Fierro, alías "Don Antonio", lugarteniente
de Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", un importante jefe paramilitar que
en 2008 fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
En
marzo de 2006, las autoridades le incautaron a "Don Antonio" un
computador donde se encontró importante información sobre las finanzas y
crímenes del llamado Bloque Norte de los paramilitares que operaba en
la Costa Caribe del país. Unos 550 homicidios quedaron desvelados con el
hallazgo de ese computador, según la Fiscalía.
Una de sus más
notables víctimas fue el profesor Alfredo Correa de Andréis, reconocido
defensor de derechos humanos que fue baleado por sicarios en septiembre
de 2004 en Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano.
Tres meses
antes, Correa había sido víctima de un montaje judicial por parte de la
extinta policía secreta estatal que lo presentó en los estrados
judiciales como un ideólogo de las FARC. El director de esa entidad en
la época, Jorge Noguera, le entregó a los paramilitares los nombres de
sindicalistas y activistas, entre ellos el de Correa, que más tarde
fueron asesinados.
Noguera fue condenado en 2011 a 25 años de
prisión por el asesinato de Correa. "Esas fueron las reglas de juego" de
la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, dijo el abogado de
Fierro, Hernando Bocanegra, al referirse a lo ocho años de prisión.
También volvería a la libertad en octubre un 'histórico' de los
paramilitares: Ramón Isaza Arango, tal vez el paramilitar en prisión más
veterano de Colombia.
A finales de los años 70 y principios de
los 80, alias 'El Viejo' Isaza fundó en una región del centro del país,
llamada el Magdalena Medio, los primeros escuadrones paramilitares del
país. De 73 años, Isaza empezó a armarse junto a otros campesinos del
Magdalena Medio porque, según ellos, la guerrilla los tenía azotados con
secuestros y extorsiones.
En las fincas de hacendados del
Magdalena Medio, militares corruptos y mercenarios extranjeros, como el
israelí Yair Klein, entrenaron a hombres que en apariencia debían
combatir a las guerrillas. Muchos de los entrenados, sin embargo,
terminaron perpetrando actos terroristas a órdenes del capo del
narcotráfico Pablo Escobar.
Era tal el poder de Isaza que incluso
se enfrentó a principios de 1990 a Escobar por el control del
narcotráfico en el Magdalena Medio. Curiosamente, cuando se entregó a
las autoridades, Isaza dijo tener problemas con su memoria y que no
recordaba muchos de los crímenes cometidos por él y sus hombres.
La
Fiscalía dijo que Isaza ha entregado unos 30 bienes, valorados en unos
592.000 dólares para indemnizar a sus víctimas. Las cifras oficiales dan
cuenta de que entre 2003 y 2006 unos 30.000 paramilitares dejaron las
armas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Tomado de http://noticias.starmedia.com
