Al menos un 4,1 % de los
condenados a la pena de muerte en Estados Unidos eran inocentes y,
aunque sus sentencias se acaben revisando, pocos tienen opciones de
conseguir la libertad, según un estudio publicado hoy en la revista
científica "Proceedings of the National Academy of Sciences".
Un 1,6 % de los sentenciados a la pena capital fueron exonerados y
puestos en libertad desde 1973, lo que según los autores del informe
deja una parte de los presos inocentes sin liberar, ya sea porque acaban
cumpliendo la pena capital o porque sus penas son reducidas a cadena
perpetua.
El profesor Samuel Gross, coautor de la investigación, explicó a Efe
que la mayor parte de los inocentes que no son liberados acaban
recibiendo una condena perpetua, pero algunos siguen hoy en día en el
corredor de la muerte, otros se suicidaron y una parte realmente acabó
siendo ejecutada por las autoridades penitenciarias.
La investigación, firmada por cuatro autores, analizó más de 7.400
sentencias hechas desde 1973 y hasta 2004, ya que, después del dictamen,
el caso puede evolucionar con posibles alegaciones y sentencias nuevas,
y la ejecución suele producirse años después del juicio.
El profesor Gross apunta que el número de exoneraciones es muy dispar
de un año a otro y que, en los casos de pena de muerte, las pruebas de
ADN no son la clave para cambiar una sentencia.
"En muchos casos se trata de la aparición de nuevas pruebas de que
alguna otra persona cometió ese crimen; se demuestra, por ejemplo, a
través de huellas dactilares", detalla.
Contar con una buena asistencia legal, captar la atención de las
cortes y evitar conductas poco profesionales de las autoridades se
convierten en factores decisivos para que un inocente en el corredor de
la muerte sea puesto en libertad.
Eso, a juicio de Gross, vincula la suerte del acusado a que tenga -o
se pueda permitir- un buen equipo legal experto en casos de pena de
muerte.
El estudio publicado hoy indica que una buena parte de los inocentes
que fueron condenados a pena de muerte nunca son liberados, pero sí ven
sus condenas rebajadas, generalmente a cadena perpetua.
Los abogados, las cortes y los gobernadores sí destinan tiempo y
atención en revisar casos para evitar que se ejecuten a ciudadanos
inocentes pero, según los investigadores, esos individuos acaban
muriendo igualmente en la prisión, al cumplir finalmente una cadena
perpetua.
El problema -dice el artículo- es que cuando las alegaciones conducen
a un cambio de condena, el riesgo de ejecución desaparece y, con ello,
también los esfuerzos para buscar pruebas o conseguir revisiones que
determinen su inocencia.
"En consecuencia, un acusado inocente que podría haber sido exonerado
y puesto en libertad si hubiera continuado en el corredor de la muerte,
acaba probablemente muriendo en prisión si recibe una nueva sentencia
para no ser ejecutado", subrayan los autores en el texto.
Los cuatro autores del informe advierten de que no existe "un método
sistemático" para determinar los inocentes condenados erróneamente y
explican que usaron un análisis de supervivencia para aproximarse a las
cifras, un sistema usado en medicina.
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