El estado de Texas, sur de Estados Unidos, se
apresta a ejecutar este miércoles al condenado número 500 desde la
reinstauración de la pena capital en el país en 1976, marcando un nuevo
récord en una nación donde la aplicación de este castigo tiende a
disminuir.
Salvo un aplazamiento de último minuto, Kimberly McCarthy, una mujer negra de 52 años, será ejecutada por inyección letal en "Walls Unit", una prisión de paredes de ladrillos rojos erigida en el centro de la pequeña ciudad de Huntsville, en el este de Texas.
La ejecución de esta exdrogadicta, condenada a muerte por el brutal asesinato de una anciana en 1997 durante un robo en el condado de Dallas, está programada para las 18H00 locales (23H00 GMT).
En ese momento, los militantes en contra de la pena de muerte prevén manifestarse frente a los muros de la prisión, de más de un siglo de antigüedad.
Más de un tercio de las 1.336 ejecuciones que tuvieron lugar en el país desde el restablecimiento de la pena de muerte, se realizaron en Texas, que retomó la práctica en 1982.
"Nos limitamos a aplicar las decisiones de la justicia", explicó a la AFP Jason Clark, portavoz del Departamento de Justicia de Texas, con sede en Huntsville.
"A pesar de este hito, esperamos que el número total de ejecuciones en Estados Unidos marque un nuevo descenso este año, y que las sentencias de muerte sigan disminuyendo", dijo por su parte Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por su sigla en inglés).
En los corredores de la muerte de todo el país hay actualmente 3.125 presos.
De ser ejecutada el miércoles, McCarthy se convertirá en la persona número 17 a la que se le aplicó esta pena en los seis primeros meses de 2013, contra 43 en 2012 y 2011, y 71 en 2002, el año pico.
Entre 60% y 65% de estadounidenses a favor
Con 78 penas capitales dictadas el año pasado, los jueces estadounidenses optan cada vez menos por este castigo (75% menos sentencias de muerte que en los años 1990).
Proporcionalmente, los negros reciben más condenas a muerte que los blancos, dijo Dieter, quien explicó que esta minoría, que constituye el 12% de la población total, representa al 35% de ejecutados y el 42% de condenados a muerte.
De los 32 estados sobre 50 que aún mantienen la pena capital en su legislación, algunos, como California (oeste), tienen un gran número de presos en el corredor de la muerte, que no llegan a ejecutar.
Para Dieter, "estos estados se están preparando para quitar la pena de muerte", como ya hicieron otros 18 estados y la capital federal.
"En número de ejecuciones, condenas a muerte y estados, la pena de muerte está en declive, pero en términos de apoyo popular, este no es el caso", subrayó Robert Blecker, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York, favorable a la pena capital.
De hecho, las encuestas de opinión muestran un apoyo "bastante constante" de los estadounidenses a este castigo.
Entre el 60% y el 65% de la población está a favor de la pena de muerte, "más allá de las divisiones partidistas", dijo el analista.
Según Blecker, es probable que esta tendencia continúe "con los crímenes odiosos", como el tiroteo en la escuela de Newtown, Connecticut (noreste), que provocó la muerte de 20 niños y seis adultos en diciembre pasado, o el doble atentado en la maratón de Boston, que dejó tres muertos y 264 heridos en abril.
Los abolicionistas ven, por el contrario, "una luz al final del túnel", con la militancia de algunos de los 142 condenados a muerte que no fueron ejecutados y se han convertido en "embajadores del cambio".
Sobre todo porque el costo de la ejecución, y todos los litigios que la preceden, es más alto que el de la vida en la cárcel, dijo Dennis Longmire, profesor de la Universidad de Huntsville, a favor de la abolición de la pena de muerte.
Según el DPIC, cuesta un millón de dólares encerrar a alguien de por vida, mientras que el costo de la ejecución asciende a tres millones.
Después del ahorcamiento y la silla eléctrica, la inyección letal ha sido adoptada sucesivamente por todos los estados del país.
Salvo un aplazamiento de último minuto, Kimberly McCarthy, una mujer negra de 52 años, será ejecutada por inyección letal en "Walls Unit", una prisión de paredes de ladrillos rojos erigida en el centro de la pequeña ciudad de Huntsville, en el este de Texas.
La ejecución de esta exdrogadicta, condenada a muerte por el brutal asesinato de una anciana en 1997 durante un robo en el condado de Dallas, está programada para las 18H00 locales (23H00 GMT).
En ese momento, los militantes en contra de la pena de muerte prevén manifestarse frente a los muros de la prisión, de más de un siglo de antigüedad.
Más de un tercio de las 1.336 ejecuciones que tuvieron lugar en el país desde el restablecimiento de la pena de muerte, se realizaron en Texas, que retomó la práctica en 1982.
"Nos limitamos a aplicar las decisiones de la justicia", explicó a la AFP Jason Clark, portavoz del Departamento de Justicia de Texas, con sede en Huntsville.
"A pesar de este hito, esperamos que el número total de ejecuciones en Estados Unidos marque un nuevo descenso este año, y que las sentencias de muerte sigan disminuyendo", dijo por su parte Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por su sigla en inglés).
En los corredores de la muerte de todo el país hay actualmente 3.125 presos.
De ser ejecutada el miércoles, McCarthy se convertirá en la persona número 17 a la que se le aplicó esta pena en los seis primeros meses de 2013, contra 43 en 2012 y 2011, y 71 en 2002, el año pico.
Entre 60% y 65% de estadounidenses a favor
Con 78 penas capitales dictadas el año pasado, los jueces estadounidenses optan cada vez menos por este castigo (75% menos sentencias de muerte que en los años 1990).
Proporcionalmente, los negros reciben más condenas a muerte que los blancos, dijo Dieter, quien explicó que esta minoría, que constituye el 12% de la población total, representa al 35% de ejecutados y el 42% de condenados a muerte.
De los 32 estados sobre 50 que aún mantienen la pena capital en su legislación, algunos, como California (oeste), tienen un gran número de presos en el corredor de la muerte, que no llegan a ejecutar.
Para Dieter, "estos estados se están preparando para quitar la pena de muerte", como ya hicieron otros 18 estados y la capital federal.
"En número de ejecuciones, condenas a muerte y estados, la pena de muerte está en declive, pero en términos de apoyo popular, este no es el caso", subrayó Robert Blecker, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York, favorable a la pena capital.
De hecho, las encuestas de opinión muestran un apoyo "bastante constante" de los estadounidenses a este castigo.
Entre el 60% y el 65% de la población está a favor de la pena de muerte, "más allá de las divisiones partidistas", dijo el analista.
Según Blecker, es probable que esta tendencia continúe "con los crímenes odiosos", como el tiroteo en la escuela de Newtown, Connecticut (noreste), que provocó la muerte de 20 niños y seis adultos en diciembre pasado, o el doble atentado en la maratón de Boston, que dejó tres muertos y 264 heridos en abril.
Los abolicionistas ven, por el contrario, "una luz al final del túnel", con la militancia de algunos de los 142 condenados a muerte que no fueron ejecutados y se han convertido en "embajadores del cambio".
Sobre todo porque el costo de la ejecución, y todos los litigios que la preceden, es más alto que el de la vida en la cárcel, dijo Dennis Longmire, profesor de la Universidad de Huntsville, a favor de la abolición de la pena de muerte.
Según el DPIC, cuesta un millón de dólares encerrar a alguien de por vida, mientras que el costo de la ejecución asciende a tres millones.
Después del ahorcamiento y la silla eléctrica, la inyección letal ha sido adoptada sucesivamente por todos los estados del país.
AFP
Tomado de http://www.telemetro.com
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