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sábado, 4 de abril de 2015

Las redes militares del Pentágono


Tal como publica Tiempo Argentino, en la madrugada del 28 de junio de 2009, el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado a punta de pistola por un grupo de soldados y subido a un avión con rumbo a Costa Rica. Pese a que el viaje era corto, antes de llegar al país vecino la aeronave hizo una parada para cargar combustible. No fue en cualquier lugar. Zelaya y sus captores descendieron en la base militar de Palmerola, perteneciente a Estados Unidos pero ubicada en suelo hondureño.

Aterrizamos en la base. Hubo movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron. Como unos 15 o 20 minutos estuvimos ahí", contó el ex mandatario, que fue despojado del poder esa misma noche. Tiempo después, cuando fue liberado, denunció al Departamento de Estado de EE UU por su vinculación con el golpe. "Todas las pruebas lo incriminan", aseguró.

La destitución de Zelaya es uno de los capítulos más tristes de la historia latinoamericana reciente y otra muestra más del persistente poderío estadounidense en la región. Porque, aunque son pequeñas y se camuflan bajo el disfraz de la acción humanitaria, las bases militares que la Casa Blanca mantiene en el continente sirven para realizar tareas de espionaje, acceder rápidamente a valiosos recursos naturales y, por supuesto, impulsar procesos desestabilizadores. Se trata, en definitiva, de un arma vital para que EE UU mantenga su hegemonía en un territorio que, en los últimos años, se mostró reacio a las relaciones carnales y a la imposición directa de políticas foráneas.
  

martes, 31 de marzo de 2015

Proponen eliminar todas las bases militares USA en Latinoamérica

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El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, propuso la eliminación de todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano, al considerarlas como elementos pertenecientes "a la época de la Guerra Fría". 

Respecto a la Cumbre de las Américas que se celebrará este 10 y 11 de abril en Panamá, Samper expresó: "Un buen punto de la nueva agenda de relaciones (entre EE.UU. y América Latina) sería que no haya bases militares norteamericanas en Suramérica. Samper rechazó las medidas unilaterales de EE.UU. contra Venezuela, y consideró que el evento que se celebrará en Panamá es oportuno para replantear las relaciones del Gobierno norteamericano con la región. 

domingo, 15 de marzo de 2015

Unasur declaró su enérgico repudio al decreto de EEUU y apoyó a Venezuela

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La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) instó a EEUU a cambiar su actitud hacia Venezuela y le pidió que derogue el decreto que promulgó esta semana sobre ese país sudamericano, así como que ponga en práctica "alternativas de diálogo" con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Los doce cancilleres de la Unasur se reunieron de urgencia en Quito cinco días después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, emitiera una orden ejecutiva que declaró una "emergencia nacional" ante el "riesgo extraordinario" que considera que representa la situación venezolana para su seguridad.

Tras la sesión de trabajo los ministros de Exteriores emitieron una declaración que expresa su rechazo a la medida de EEUU, que calificaron de "amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención" en los asuntos de otros Estados.

lunes, 26 de mayo de 2014

Maduro entregará a Unasur pruebas de complot contra su Gobierno

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifiesta que entregará en breve las "pruebas completas" a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que revelarán quiénes están detrás del "golpe de Estado" contra su Gobierno.

"Anuncio que en los próximos días hablaré de un tema que tengo listo ya de cómo la burguesía directamente pensaba dar el zarpazo (al Gobierno)", dijo el domingo Maduro.

En este mismo sentido, afirmó que las pruebas revelan los movimientos de un grupo conformado, entre otros, por empresarios y políticos de derecha.

El mandatario venezolano tiene la intención de mostrar las pruebas y los testimonios a la Unasur en una reunión presidencial fijada para agosto.

Desde el pasado febrero, Venezuela ha sido escenario de violentas manifestaciones antigubernamentales, orquestadas por la ultraderecha con el apoyo de Estados Unidos, las que, a juicio de Caracas, tienen como objetivo posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno venezolano. 

HispanTV

domingo, 20 de abril de 2014

Alba, Celac, Mercosur y Unasur anuncian la creación de un mercado común

Alba, Celac, Mercosur y Unasur anuncian la creación de un mercado común

Alba, Celac, Mercosur y Unasur crearán un mercado común con facilidades para los trámites de importación y exportación para fomentar la producción sostenible en América Latina y el Caribe, ha anunciado el ministro de Comercio venezolano, Dante Rivas.

Según escribió Rivas en su cuenta de Twitter, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petrocaribe y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) van a desarrollar un "mercado potente y con grandes desafíos positivos".
"Ajustamos mecanismos para consolidar las relaciones comerciales, fortaleciéndonos, llevando a la práctica aquella visión continental de Simón Bolívar", destacó el ministro.

La creación de esta alianza económica fue propuesta por los representantes de la República Bolivariana de Venezuela durante la primera reunión de los ministros de Economía, Comercio e Industrias de la Celac, que tuvo lugar el 9 y 10 de abril de este año en la capital de Costa Rica, San José, informa el periódico 'La Razón'.

"Fuimos a compartir buenas prácticas y a integrarnos con nuevas iniciativas que permitan el desarrollo económico acelerado de nuestros países. Especialmente utilizando el poder de compra del Estado como mecanismo de desarrollo de las pequeñas y medianas industrias", ha señalado Rivas en el mismo mensaje. 

Entre las metas del nuevo proyecto el político mencionó la necesidad de "acortar las dramáticas brechas entre ricos, cada vez más ricos, y de pobres que comienzan a surgir conformando una potente clase media obrera".   
 
Russia Today

jueves, 13 de marzo de 2014

Kerry y la prepotencia imperial contra Venezuela



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Prepotencia y desaciertos políticos –típicos de la arrogancia imperial-, volvieron a ponerse de manifiesto en una audiencia en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en la que el secretario de estado norteamericano, John Kerry, marcando una estrategia totalmente distanciada del criterio preponderante en las naciones latinoamericanas, amenazó con sancionar a Venezuela, basándose en argumentos insostenibles.

Unilateralmente, aun cuando su eterno figurín, la OEA, no pudo lograr el éxito diplomático con respecto a sancionar al gobierno de Maduro, el empecinado Kerry intenta presionar con desesperación para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, desconociendo otros protagonistas ya involucrados en el tema venezolano actual, como UNASUR, cuyas intenciones son más sanas y más consecuentes con la realidad de lo que sucede en ese país. De hecho, USA aboga por el castigo injustificado, mientras sus pares latinoamericanos favorecen el diálogo y la conciliación entre los venezolanos.

Lo cierto es que UNASUR parte de la premisa lógica de reconocer por principios la gobernabilidad de Maduro y apoyar sus esfuerzos en busca del diálogo que involucre a todos los venezolanos en la búsqueda del entendimiento, del cese de la violencia y haga primar la paz. 

Una sutil amenaza de establecer sanciones económicas puso sobre el tapete el acorralado Kerry para satisfacer a la extrema derecha en el Congreso. Es un paso subsiguiente al proyecto de ley aprobado en el Senado, el cual establece sanciones específicas contra dirigentes bolivarianos.

¿Hay realmente un cambio de postura en Washington hacia Venezuela? Evidentemente, no. La amenaza de sanciones contra la nación bolivariana responde a una estrategia prediseñada, sabedores de que la OEA no cumpliría sus expectativas, dada su falta de representatividad, dudoso proceder histórico y caída de imagen como sujeto político y foro continental. 

El propio Kerry tuvo que reconocer las fuertes fallas en la diplomacia norteamericana sobre el tema venezolano, sin entender que su traspatio ha cambiado sustancialmente. Ya no es posible, en los nuevos escenarios, lograr una sumisión incondicional a sus planes hegemónicos y EE UU sufrió un duro KO cuando se quedó aislado en el Consejo Permanente de la OEA, sin lugar sus siniestros planes contra Maduro. Al respecto, comentó: "Hemos estado en contacto con los países vecinos y hemos hablado con ellos para tratar de lograr una iniciativa conjunta". (…) "Pero, obvio, no nos están escuchando particularmente".

La respuesta de UNASUR contempla una resolución de cinco puntos, cuyos fundamentos básicos son la creación de una comisión que apoye y garantice el diálogo transparente entre todos los sujetos políticos, a partir del reconocimiento de la Conferencia Nacional de Paz ya instalada en el país. Esta comisión sesionará a inicios del mes de abril.

Otro aspecto fundamental de la resolución es el rechazo y preocupación ante cualquier acción foránea que socave o amenace a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. 

Kerry podrá amenazar a Venezuela, pero nuevos aires de comprensión, solidaridad e independentismo, crecen día tras día, en nuestra América Latina, quien ama la paz tal como lo demostró en la reciente II Cumbre de la CELAC. Hoy, cobra vigencia la frase de Mahatma Gandhi, la cual reza: "Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena."

EE UU sabe bien, pues, que el silencio cómplice está pasando a la historia de nuestras naciones, las que comprenden que solo la unidad les permitirá las fortalezas necesarias para convivir con un vecino cruel, poderoso, ambicioso  y sin escrúpulos.

Percy Francisco Alvarado Godoy

lunes, 10 de febrero de 2014

Unasur evalúa resultado del II simulacro electoral en Ecuador

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En Ecuador, el segundo simulacro electoral se realizó el domingo justo dos semanas antes de los comicios municipales, en los que se elegirán alcaldes, concejales y prefectos.

El coordinador de la Misión de Observación Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Ecuador, Wilfrido Penco, destacó el éxito de la actividad, que inició a las 10:00 (hora local), en particular el orden y las formas organizativas de las Juntas Intermedias de Escrutinio (JIE).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, también, aplaudió la realización del simulacro y subrayó la mejora de los tiempos de escaneo y transmisión de datos.

“Son simulacros en los que se ha hecho todo el proceso, la instalación, la votación, el escrutinio y la transmisión; los simulacros logísticos nos permiten ver que estemos preparados en todas las fases”, dijo el Consejero del CNE, Juan Pablo Pozo.

Mediante este ejercicio, que contó con la participación de ocho mil 230 personas, las autoridades ecuatorianas pusieron a prueba los procesos de las JIE, el conteo rápido y el voto electrónico en las provincias de Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y en el sector La Morita, perteneciente a la provincia de Pichincha. 
 
HispanTV

jueves, 2 de enero de 2014

Ecuador, más integración latinoamericana en 2014

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, afirmó que el reto del presente año en su país es el de reavivar el espíritu integracionista de América Latina, el cual se ha fortalecido desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Patiño aseveró que bajo la presidencia pro témpore de Cuba la Celac se consolidó en varios ámbitos y en sus relaciones con otras regiones como Rusia, China, Unión Europea y Unión Africana, cita hoy el diario El Telégrafo.

Señaló que también durante 2013 se celebraron reuniones de los grupos de trabajo ministeriales de diversa naturaleza y, en ese sentido, ese bloque regional, el más nuevo de los organismos, es el que mayor presencia ha tenido.

Sobre los pronósticos de Ecuador al frente temporal de la Celac en 2015, dijo que espera la materialización de acuerdos de diversa índole como derechos humanos, infraestructura, economía y políticas hacia los recursos naturales.

Asimismo, apuntó, prevé avanzar a lo que podría llamarse la ciudadanía latinoamericana que implique movilidad amplia.

En tal sentido, expresó Patiño que a partir del aprendizaje de lo que ha hecho la Celac en los últimos tres años, durante 2014 Ecuador dedicará una buena parte del tiempo a plantearse la agenda que propondrá como presidencia pro témpore.

A propósito de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), dijo que también dio pasos interesantes en su institucionalidad en 2013, pues se acordó, en principio, los términos de lo que sería el Tratado Constitutivo.

"Eso permite formalizar mejor el funcionamiento del ALBA y ser más eficiente en el cumplimiento de sus objetivos".

Sin embargo, en el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reconoció un cierto debilitamiento como consecuencia de los problemas en torno al funcionamiento de la secretaría general.

A pesar de esa situación, Patiño manifestó sentirse estimulado con la elección de la expresidenta chilena Michelle Bachelet porque fue una de las principales impulsoras del proceso de la Unasur y "estamos seguros de que contribuirá mucho a su fortalecimiento".

Prensa Latina

martes, 15 de octubre de 2013

Morales denuncia injerencia de EEUU en asuntos de América Latina

Estados Unidos utiliza como instrumento a la Alianza del Pacífico, bloque de integración económica integrado por Colombia, Chile, Perú y México, para desbaratar las acciones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y dividirla.

Así lo planteó el lunes el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad capitalina de La Paz, donde criticó que los “países que conforman la Alianza del Pacífico son parte de una conspiración que viene del norte para dividir y que Unasur no avance hacia la liberación (política y económica) definitiva”.

El mandatario boliviano acotó que, a finales de agosto de este año en curso, el bloque suramericano no llegó a elegir al nuevo secretario general del bloque suramericano en Surinam, debido a las “políticas bien diseñadas y bien definidas para que Unasur no avance rápidamente”.

A juicio de Morales, la Casa Blanca se siente “ofendida”, después de que la región sudamericana rechazara el Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas y los tratados de libre comercio con Washington.

No se trata de la primera vez que Bolivia denuncia la injerencia de EE. UU. en los asuntos internos de esta región, denominada despectivamente por Washington como “patio trasero“.

La Unasur fue creada en el año 2011 y está integrada por 12 naciones, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

HispanTV

viernes, 24 de mayo de 2013

Injusto, Insostenible y en las Sombras



Después de la guerra del Agua el año 2000, Bolivia fue víctima de un ataque de la corporación Becthel, que utilizó el sistema de Reglas de Inversión Global para demandar al Estado boliviano  por 50 millones de dólares.  El caso desencadenó una polémica, tanto en Bolivia como a nivel internacional, ya que se trataba de una de las multinacionales más grandes del mundo, que estaba demandando a Bolivia exigiéndole una compensación, no solo por el valor de su inversión en el país, sino también por la pérdida de sus ganancias futuras.  Este fue uno de los casos más emblemáticos acerca del uso de este sistema que rige la inversión internacional, mediante el cual una corporación cuestionó una política de interés público, como fue, en este caso, la recuperación del agua y su gestión por el pueblo de Cochabamba.
 
Desde entonces el sistema de reglas de inversión global se ha expandido a nivel regional y mundial y está siendo utilizado para atacar iniciativas ciudadanas y gubernamentales que buscan proteger la salud de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, entre otros.
 
El 2009, cuando el gobierno de El Salvador ratificó su negativa de expedir un permiso ambiental a la empresa minera canadiense Pacific Rim para la explotación de oro, los activistas de la comunidad de Cabañas sintieron que habían obtenido una importante victoria. Durante años habían estado luchando en contra de los esfuerzos de la compañía que quería extraer oro en su región, y cuyos proyectos incluían la utilización y vertido de arsénico y cianuro tóxico en sus ríos. Sin embargo, no fue una campaña sin riesgos. Cuatro activistas salvadoreños que luchaban en contra de la minería fueron asesinados en el transcurso de esta batalla, entre ellos una mujer en estado de gestación. Lo peor, es que existe la posibilidad de que esta victoria pueda tener otro tipo de costo para el pueblo salvadoreño. En una demanda legal presentada a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Pacific Rim le está exigiendo al gobierno de El Salvador el pago de 315 millones de dólares en compensaciones, una cantidad igual a un tercio del presupuesto anual de educación del país.
 
Éste es sólo un ejemplo entre muchos otros, en el que los ciudadanos que han luchado y ganado una importante batalla, encuentran que todos sus esfuerzos están siendo burlados por las empresas que utilizan esta creciente red de normas internacionales de inversión y de tribunales de arbitraje para cuestionarlos.  Hay muchos otros ejemplos, como el de Uruguay, en donde una campaña de salud pública obtuvo una gran victoria en los años previos al 2010, cuando el gobierno nacional aprobó nuevas medidas de salud para desalentar el consumo de tabaco. A pesar de que esas medidas reflejan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen nuevas y más grandes advertencias en las cajetillas de cigarrillos, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris, una de las más grandes del mundo, atacó la iniciativa con una acción legal en la que le reclama al estado uruguayo el pago de 2 mil millones de dólares en compensaciones.  Philip Morris está utilizando las mismas normas que rigen la inversión internacional para cuestionar las políticas anti tabaco en Australia y Noruega.
 
Son diversas las áreas que son afectadas por este sistema y varias las maneras en que el sistema afecta negativamente en los derechos, el salud, el medio ambiente, e incluso en la manera en que proyectamos nuestro desarrollo.

Frente a una serie de crisis sociales y ambientales, muchos grupos alrededor del mundo están cuestionando los patrones de desarrollo actuales y están comenzando a avanzar hacia un futuro asentado en los valores de la sostenibilidad y la inclusión.      
Sin embargo, como nunca antes, este ejercicio de poder por parte de las corporaciones se ha convertido en un enorme obstáculo legal que está obstruyendo directamente el camino hacia un posible futuro justo y sostenible. En ese sentido, el Centro para la Democracia ha publicado recientemente un informe en el que desglosa las implicaciones de esta amenaza. El informe lleva como título, Injusto, Insostenible y en las Sombras - Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible.
 
Para muchos, este sistema de reglas y normas de inversión y de "resolución de disputas” Inversionista – Estado impulsado por las corporaciones, salió a la luz pública hace poco más de una década, cuando precisamente Bechtel, el conglomerado de ingeniería proveniente de San Francisco, demandó al pueblo boliviano la suma de 50 millones de dólares a raíz de la ya famosa Guerra del Agua en Cochabamba, después de haber invertido tan sólo 1 millón de dólares en el país. Fue una campaña ciudadana global la que hizo que está corporación finalmente abandone y desista del caso por un pago simbólico de 2 bolivianos, el equivalente a 30 centavos de dólar. Sin embargo, en los años venideros, estos casos se han incrementado de manera alarmante.
 
Otro caso típico y actual, tiene que ver con la salud y el medio ambiente, como es la peligrosa exposición al plomo de una población en Perú. Este caso comienza con la revocatoria gubernamental de la licencia de operaciones a una planta de fundición en la población peruana de La Oroya (operado por Doe Run Perú), en julio de 2010. Gracias a esa medida el medio ambiente circundante y la salud de la población local sintieron un esperado alivio. La Oroya, situada en la región andina central del Perú, ha sido identificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo y según estudios llevados a cabo el 2007, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los menores que tienen de 7 a 12 años, presentan niveles elevados de plomo en su sangre. El gobierno consideró que la falta de voluntad de Doe Run Perú para cumplir sus compromisos ambientales de limpieza y mitigación constituyó una violación de las normas jurídicas ambientales del país. Sin embargo, la empresa matriz de Doe Run, Renco group, diseñó otra estrategia. La compañía, propiedad del multimillonario Ira Rennert de los Estados Unidos, respondió con una demanda por supuestos daños de 800 millones de dólares, el dinero suficiente para pagar los salarios anuales de aproximadamente 15.000 maestros o 6.000 trabajadores de la salud en Perú.
 
El mundo actualmente está cubierto por una creciente red de más de tres mil acuerdos de comercio e inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos acuerdos otorgan derechos a las corporaciones y les permite demandar a los gobiernos por cualquier iniciativa o política pública que interfiera de una u otra manera en sus negocios y ganancias. Los casos legales resultantes, a pesar de tener grandes consecuencias a nivel local, en determinados países y poblaciones afectadas, son resueltos muy lejos en los tribunales internacionales de arbitraje por un pequeño grupo de abogados privados que trabajan a puertas cerradas y que llevan adelante este tipo de litigios sin rendir cuentas a nadie. Haciendo caso omiso de los principios democráticos y de independencia judicial, estos tribunales actúan con poca o ninguna vigilancia pública, además de negarles la voz a las comunidades directamente afectadas.
 
El número de estos casos Inversionista - Estado se ha disparado en los últimos años, rompiendo el 2012 con todos los récords. El sistema de tribunales más utilizado por las corporaciones globales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI, dependiente del Banco Mundial. Las corporaciones pueden utilizar este y otros tribunales para exigir cientos de millones de dólares en compensaciones, no sólo por las inversiones realizadas en un país, sino por las ganancias que esperaban obtener en el futuro. Los abogados de estos tribunales cambian sin problemas sus roles de árbitros, supuestamente "independientes", a la de abogados corporativos. Algunos incluso tienen lazos fuertes con las empresas multinacionales, a raíz de los cuales se han hecho serios cuestionamientos acerca de su supuesta independencia en este sistema, en el que claramente tienen intereses. Aunque en años atrás fueron utilizados como instancias finales por inversionistas que se sintieron vulnerados en sus derechos, estos tribunales se han convertido en el arma preferida de las corporaciones en su intento de despejar el camino para obtener beneficios en desmedro de la salud pública y el medio ambiente.
 
La proliferación de estos casos Inversionista -Estado tiene tres efectos principales. En primer lugar, en los casos en los que las corporaciones ganan, como a menudo sucede, el resultado es una transferencia masiva de los ya escasos recursos públicos a millonarias empresas privadas. En segundo lugar, incluso si los gobiernos tienen éxito en la preparación de una defensa legal, esto supone un gasto de millones de dólares que se pagan por servicios legales a las pocas y muy caras firmas de abogados que se especializan en este tipo de casos. En tercer lugar, el efecto final es escalofriante y peligroso ya que se produce un efecto congelante en la voluntad de las autoridades para poner en marcha políticas de interés público, por temor a enfrentar costosas demandas en este sistema de arbitraje internacional.
 
El sistema de las normas de inversión y de tribunales internacionales se ha utilizado para atacar los esfuerzos y luchas anti-nucleares en Alemania, el control público del agua en Argentina y Bolivia, la lucha contra la minería metálica en muchos países, y hoy por hoy cuenta con nuevos objetivos en la mira. Un nuevo campo de batalla son las luchas ciudadanas en contra de la extracción de petróleo y gas mediante el método de fracturación hidráulica, o “fracking”. El capítulo de inversiones propuesto para el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, de ser aprobado, podría dar a las corporaciones el poder legal para desafiar y cuestionar las regulaciones gubernamentales de este polémico método de extracción de hidrocarburos. Los esfuerzos para frenar la emisión frenética de carbono a la atmósfera, que ha provocado la actual crisis climática, también están en riesgo. El gobierno de Corea del Sur ha dejado de lado un plan para introducir un sistema de incentivos para reducir las emisiones de carbono en la industria automotriz, debido a  temores  de que esta normativa llegaría a vulnerar una disposición del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno avanza en esta medida correría el riesgo de enfrentar una demanda en este sistema internacional de tribunales de comercio e inversión.
 
Hoy en día, al igual que las comunidades de El Salvador y Perú, que han decidido enfrentar la batalla para proteger sus derechos, un emergente movimiento global está repensando la relación entre el desarrollo económico y el bienestar social y ambiental, y está presionando a los gobiernos a tomar medidas urgentes de políticas públicas hacia esta dirección. Este importante cambio, sin embargo, está en conflicto directo con los intereses de las corporaciones multinacionales, que están programadas para maximizar su beneficio en el corto plazo y dejar a otros los costos ambientales y sociales de sus operaciones. El informe del Centro para la Democracia: Injusto, Insostenible y en las Sombras, denuncia  la manera en que estas corporaciones globales están utilizando el sistema de reglas de inversión para boicotear y poner en riesgo las más esenciales políticas públicas que nos permitan pensar en un desarrollo sostenible, además del proceso democrático que se requiere para llevarlo adelante.
 
Ya ha pasado mucho tiempo en el que este oscuro interés de abogados y corporaciones se ha mantenido en las sombras y fuera del radar de la mayoría de los grupos y comunidades a las que afecta. Sin embargo, esto está empezando a cambiar a medida que el número de estos polémicos y escandalosos casos ha ido en aumento, y la injusticia inherente a este sistema se está volviendo cada vez más clara.
 
En ese sentido, se han abierto varios frentes de lucha a nivel regional y global. Por un lado las personas están enfrentándose a las corporaciones en casos específicos, como en El Salvador y Perú, y por otro lado existen esfuerzos y movimientos globales para evitar la proliferación de nuevos acuerdos que utilicen este sistema de acuerdos y tribunales internacionales para cuestionar las decisiones soberanas de los países. Todas estas luchas han tenido eco en las esferas oficiales, sobre todo en América Latina, en donde se han puesto en marcha iniciativas regionales importantes, como sucedió en la 1era Reunión Ministerial de Estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, en Abril de 2013.  En esta conferencia regional se decidió, entre otras cosas, monitorear los casos pendientes en el sistema, además de impulsar la rápida implementación de un Centro de Solución de disputas en el seno de Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, una alternativa que desde hace algún tiempo ha despertado gran expectativa en la región.
 
Al igual que la desregulación de los mercados financieros en EEUU y Europa, alentado por el sector bancario y que provocó la crisis del 2008, el sistema de normas internacionales de inversión impulsado por las corporaciones multinacionales, hace prevalecer los intereses de unos pocos por encima de los intereses da las mayorías y del medio ambiente. A medida que nos acercamos a peligrosos puntos inflexión en términos de los sistemas naturales de la tierra, nunca ha habido un momento más urgente para los activistas, académicos, trabajadores del desarrollo y otros grupos involucrados, para entender la forma en que estas  barreras legales y políticas nos impiden cambiar el rumbo hacia un futuro sostenible. Este sistema de justicia privatizado y utilizado arbitrariamente por las corporaciones, es una gran barrera que necesita ser urgentemente derribada.

Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López
  
- Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López son investigadores en el
Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba, Bolivia donde coordinan  la Red por la Justicia Social en la Inversión Global - RJSIG, un proyecto dirigido por el Centro para la Democracia junto con el Institute for Policy Studies  – IPS, con sede en Washington DC.


Tomado de  ALAI AMLATINA, 23/05/2013.

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