Después de la guerra del Agua el año 2000, Bolivia fue
víctima de un ataque de la corporación Becthel, que utilizó el sistema de
Reglas de Inversión Global para demandar al Estado boliviano por 50
millones de dólares. El caso desencadenó una polémica, tanto en Bolivia
como a nivel internacional, ya que se trataba de una de las multinacionales más
grandes del mundo, que estaba demandando a Bolivia exigiéndole una
compensación, no solo por el valor de su inversión en el país, sino también por
la pérdida de sus ganancias futuras. Este fue uno de los casos más
emblemáticos acerca del uso de este sistema que rige la inversión
internacional, mediante el cual una corporación cuestionó una política de
interés público, como fue, en este caso, la recuperación del agua y su gestión
por el pueblo de Cochabamba.
Desde entonces el sistema de reglas de inversión global se ha expandido a nivel regional y mundial y está siendo utilizado para atacar iniciativas ciudadanas y gubernamentales que buscan proteger la salud de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, entre otros.
El 2009, cuando el gobierno de El Salvador ratificó su negativa de expedir un permiso ambiental a la empresa minera canadiense Pacific Rim para la explotación de oro, los activistas de la comunidad de Cabañas sintieron que habían obtenido una importante victoria. Durante años habían estado luchando en contra de los esfuerzos de la compañía que quería extraer oro en su región, y cuyos proyectos incluían la utilización y vertido de arsénico y cianuro tóxico en sus ríos. Sin embargo, no fue una campaña sin riesgos. Cuatro activistas salvadoreños que luchaban en contra de la minería fueron asesinados en el transcurso de esta batalla, entre ellos una mujer en estado de gestación. Lo peor, es que existe la posibilidad de que esta victoria pueda tener otro tipo de costo para el pueblo salvadoreño. En una demanda legal presentada a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Pacific Rim le está exigiendo al gobierno de El Salvador el pago de 315 millones de dólares en compensaciones, una cantidad igual a un tercio del presupuesto anual de educación del país.
Éste es sólo un ejemplo entre muchos otros, en el que los ciudadanos que han luchado y ganado una importante batalla, encuentran que todos sus esfuerzos están siendo burlados por las empresas que utilizan esta creciente red de normas internacionales de inversión y de tribunales de arbitraje para cuestionarlos. Hay muchos otros ejemplos, como el de Uruguay, en donde una campaña de salud pública obtuvo una gran victoria en los años previos al 2010, cuando el gobierno nacional aprobó nuevas medidas de salud para desalentar el consumo de tabaco. A pesar de que esas medidas reflejan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen nuevas y más grandes advertencias en las cajetillas de cigarrillos, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris, una de las más grandes del mundo, atacó la iniciativa con una acción legal en la que le reclama al estado uruguayo el pago de 2 mil millones de dólares en compensaciones. Philip Morris está utilizando las mismas normas que rigen la inversión internacional para cuestionar las políticas anti tabaco en Australia y Noruega.
Son diversas las áreas que son afectadas por este sistema y varias las maneras en que el sistema afecta negativamente en los derechos, el salud, el medio ambiente, e incluso en la manera en que proyectamos nuestro desarrollo.
Frente a una serie de crisis sociales y ambientales, muchos grupos alrededor del mundo están cuestionando los patrones de desarrollo actuales y están comenzando a avanzar hacia un futuro asentado en los valores de la sostenibilidad y la inclusión.
Sin embargo, como nunca antes, este ejercicio de poder por parte de las corporaciones se ha convertido en un enorme obstáculo legal que está obstruyendo directamente el camino hacia un posible futuro justo y sostenible. En ese sentido, el Centro para la Democracia ha publicado recientemente un informe en el que desglosa las implicaciones de esta amenaza. El informe lleva como título, Injusto, Insostenible y en las Sombras - Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible.
Para muchos, este sistema de reglas y normas de inversión y de "resolución de disputas” Inversionista – Estado impulsado por las corporaciones, salió a la luz pública hace poco más de una década, cuando precisamente Bechtel, el conglomerado de ingeniería proveniente de San Francisco, demandó al pueblo boliviano la suma de 50 millones de dólares a raíz de la ya famosa Guerra del Agua en Cochabamba, después de haber invertido tan sólo 1 millón de dólares en el país. Fue una campaña ciudadana global la que hizo que está corporación finalmente abandone y desista del caso por un pago simbólico de 2 bolivianos, el equivalente a 30 centavos de dólar. Sin embargo, en los años venideros, estos casos se han incrementado de manera alarmante.
Otro caso típico y actual, tiene que ver con la salud y el medio ambiente, como es la peligrosa exposición al plomo de una población en Perú. Este caso comienza con la revocatoria gubernamental de la licencia de operaciones a una planta de fundición en la población peruana de La Oroya (operado por Doe Run Perú), en julio de 2010. Gracias a esa medida el medio ambiente circundante y la salud de la población local sintieron un esperado alivio. La Oroya, situada en la región andina central del Perú, ha sido identificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo y según estudios llevados a cabo el 2007, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los menores que tienen de 7 a 12 años, presentan niveles elevados de plomo en su sangre. El gobierno consideró que la falta de voluntad de Doe Run Perú para cumplir sus compromisos ambientales de limpieza y mitigación constituyó una violación de las normas jurídicas ambientales del país. Sin embargo, la empresa matriz de Doe Run, Renco group, diseñó otra estrategia. La compañía, propiedad del multimillonario Ira Rennert de los Estados Unidos, respondió con una demanda por supuestos daños de 800 millones de dólares, el dinero suficiente para pagar los salarios anuales de aproximadamente 15.000 maestros o 6.000 trabajadores de la salud en Perú.
El mundo actualmente está cubierto por una creciente red de más de tres mil acuerdos de comercio e inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos acuerdos otorgan derechos a las corporaciones y les permite demandar a los gobiernos por cualquier iniciativa o política pública que interfiera de una u otra manera en sus negocios y ganancias. Los casos legales resultantes, a pesar de tener grandes consecuencias a nivel local, en determinados países y poblaciones afectadas, son resueltos muy lejos en los tribunales internacionales de arbitraje por un pequeño grupo de abogados privados que trabajan a puertas cerradas y que llevan adelante este tipo de litigios sin rendir cuentas a nadie. Haciendo caso omiso de los principios democráticos y de independencia judicial, estos tribunales actúan con poca o ninguna vigilancia pública, además de negarles la voz a las comunidades directamente afectadas.
El número de estos casos Inversionista - Estado se ha disparado en los últimos años, rompiendo el 2012 con todos los récords. El sistema de tribunales más utilizado por las corporaciones globales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI, dependiente del Banco Mundial. Las corporaciones pueden utilizar este y otros tribunales para exigir cientos de millones de dólares en compensaciones, no sólo por las inversiones realizadas en un país, sino por las ganancias que esperaban obtener en el futuro. Los abogados de estos tribunales cambian sin problemas sus roles de árbitros, supuestamente "independientes", a la de abogados corporativos. Algunos incluso tienen lazos fuertes con las empresas multinacionales, a raíz de los cuales se han hecho serios cuestionamientos acerca de su supuesta independencia en este sistema, en el que claramente tienen intereses. Aunque en años atrás fueron utilizados como instancias finales por inversionistas que se sintieron vulnerados en sus derechos, estos tribunales se han convertido en el arma preferida de las corporaciones en su intento de despejar el camino para obtener beneficios en desmedro de la salud pública y el medio ambiente.
La proliferación de estos casos Inversionista -Estado tiene tres efectos principales. En primer lugar, en los casos en los que las corporaciones ganan, como a menudo sucede, el resultado es una transferencia masiva de los ya escasos recursos públicos a millonarias empresas privadas. En segundo lugar, incluso si los gobiernos tienen éxito en la preparación de una defensa legal, esto supone un gasto de millones de dólares que se pagan por servicios legales a las pocas y muy caras firmas de abogados que se especializan en este tipo de casos. En tercer lugar, el efecto final es escalofriante y peligroso ya que se produce un efecto congelante en la voluntad de las autoridades para poner en marcha políticas de interés público, por temor a enfrentar costosas demandas en este sistema de arbitraje internacional.
El sistema de las normas de inversión y de tribunales internacionales se ha utilizado para atacar los esfuerzos y luchas anti-nucleares en Alemania, el control público del agua en Argentina y Bolivia, la lucha contra la minería metálica en muchos países, y hoy por hoy cuenta con nuevos objetivos en la mira. Un nuevo campo de batalla son las luchas ciudadanas en contra de la extracción de petróleo y gas mediante el método de fracturación hidráulica, o “fracking”. El capítulo de inversiones propuesto para el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, de ser aprobado, podría dar a las corporaciones el poder legal para desafiar y cuestionar las regulaciones gubernamentales de este polémico método de extracción de hidrocarburos. Los esfuerzos para frenar la emisión frenética de carbono a la atmósfera, que ha provocado la actual crisis climática, también están en riesgo. El gobierno de Corea del Sur ha dejado de lado un plan para introducir un sistema de incentivos para reducir las emisiones de carbono en la industria automotriz, debido a temores de que esta normativa llegaría a vulnerar una disposición del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno avanza en esta medida correría el riesgo de enfrentar una demanda en este sistema internacional de tribunales de comercio e inversión.
Hoy en día, al igual que las comunidades de El Salvador y Perú, que han decidido enfrentar la batalla para proteger sus derechos, un emergente movimiento global está repensando la relación entre el desarrollo económico y el bienestar social y ambiental, y está presionando a los gobiernos a tomar medidas urgentes de políticas públicas hacia esta dirección. Este importante cambio, sin embargo, está en conflicto directo con los intereses de las corporaciones multinacionales, que están programadas para maximizar su beneficio en el corto plazo y dejar a otros los costos ambientales y sociales de sus operaciones. El informe del Centro para la Democracia: Injusto, Insostenible y en las Sombras, denuncia la manera en que estas corporaciones globales están utilizando el sistema de reglas de inversión para boicotear y poner en riesgo las más esenciales políticas públicas que nos permitan pensar en un desarrollo sostenible, además del proceso democrático que se requiere para llevarlo adelante.
Ya ha pasado mucho tiempo en el que este oscuro interés de abogados y corporaciones se ha mantenido en las sombras y fuera del radar de la mayoría de los grupos y comunidades a las que afecta. Sin embargo, esto está empezando a cambiar a medida que el número de estos polémicos y escandalosos casos ha ido en aumento, y la injusticia inherente a este sistema se está volviendo cada vez más clara.
En ese sentido, se han abierto varios frentes de lucha a nivel regional y global. Por un lado las personas están enfrentándose a las corporaciones en casos específicos, como en El Salvador y Perú, y por otro lado existen esfuerzos y movimientos globales para evitar la proliferación de nuevos acuerdos que utilicen este sistema de acuerdos y tribunales internacionales para cuestionar las decisiones soberanas de los países. Todas estas luchas han tenido eco en las esferas oficiales, sobre todo en América Latina, en donde se han puesto en marcha iniciativas regionales importantes, como sucedió en la 1era Reunión Ministerial de Estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, en Abril de 2013. En esta conferencia regional se decidió, entre otras cosas, monitorear los casos pendientes en el sistema, además de impulsar la rápida implementación de un Centro de Solución de disputas en el seno de Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, una alternativa que desde hace algún tiempo ha despertado gran expectativa en la región.
Al igual que la desregulación de los mercados financieros en EEUU y Europa, alentado por el sector bancario y que provocó la crisis del 2008, el sistema de normas internacionales de inversión impulsado por las corporaciones multinacionales, hace prevalecer los intereses de unos pocos por encima de los intereses da las mayorías y del medio ambiente. A medida que nos acercamos a peligrosos puntos inflexión en términos de los sistemas naturales de la tierra, nunca ha habido un momento más urgente para los activistas, académicos, trabajadores del desarrollo y otros grupos involucrados, para entender la forma en que estas barreras legales y políticas nos impiden cambiar el rumbo hacia un futuro sostenible. Este sistema de justicia privatizado y utilizado arbitrariamente por las corporaciones, es una gran barrera que necesita ser urgentemente derribada.
Desde entonces el sistema de reglas de inversión global se ha expandido a nivel regional y mundial y está siendo utilizado para atacar iniciativas ciudadanas y gubernamentales que buscan proteger la salud de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, entre otros.
El 2009, cuando el gobierno de El Salvador ratificó su negativa de expedir un permiso ambiental a la empresa minera canadiense Pacific Rim para la explotación de oro, los activistas de la comunidad de Cabañas sintieron que habían obtenido una importante victoria. Durante años habían estado luchando en contra de los esfuerzos de la compañía que quería extraer oro en su región, y cuyos proyectos incluían la utilización y vertido de arsénico y cianuro tóxico en sus ríos. Sin embargo, no fue una campaña sin riesgos. Cuatro activistas salvadoreños que luchaban en contra de la minería fueron asesinados en el transcurso de esta batalla, entre ellos una mujer en estado de gestación. Lo peor, es que existe la posibilidad de que esta victoria pueda tener otro tipo de costo para el pueblo salvadoreño. En una demanda legal presentada a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Pacific Rim le está exigiendo al gobierno de El Salvador el pago de 315 millones de dólares en compensaciones, una cantidad igual a un tercio del presupuesto anual de educación del país.
Éste es sólo un ejemplo entre muchos otros, en el que los ciudadanos que han luchado y ganado una importante batalla, encuentran que todos sus esfuerzos están siendo burlados por las empresas que utilizan esta creciente red de normas internacionales de inversión y de tribunales de arbitraje para cuestionarlos. Hay muchos otros ejemplos, como el de Uruguay, en donde una campaña de salud pública obtuvo una gran victoria en los años previos al 2010, cuando el gobierno nacional aprobó nuevas medidas de salud para desalentar el consumo de tabaco. A pesar de que esas medidas reflejan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen nuevas y más grandes advertencias en las cajetillas de cigarrillos, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris, una de las más grandes del mundo, atacó la iniciativa con una acción legal en la que le reclama al estado uruguayo el pago de 2 mil millones de dólares en compensaciones. Philip Morris está utilizando las mismas normas que rigen la inversión internacional para cuestionar las políticas anti tabaco en Australia y Noruega.
Son diversas las áreas que son afectadas por este sistema y varias las maneras en que el sistema afecta negativamente en los derechos, el salud, el medio ambiente, e incluso en la manera en que proyectamos nuestro desarrollo.
Frente a una serie de crisis sociales y ambientales, muchos grupos alrededor del mundo están cuestionando los patrones de desarrollo actuales y están comenzando a avanzar hacia un futuro asentado en los valores de la sostenibilidad y la inclusión.
Sin embargo, como nunca antes, este ejercicio de poder por parte de las corporaciones se ha convertido en un enorme obstáculo legal que está obstruyendo directamente el camino hacia un posible futuro justo y sostenible. En ese sentido, el Centro para la Democracia ha publicado recientemente un informe en el que desglosa las implicaciones de esta amenaza. El informe lleva como título, Injusto, Insostenible y en las Sombras - Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible.
Para muchos, este sistema de reglas y normas de inversión y de "resolución de disputas” Inversionista – Estado impulsado por las corporaciones, salió a la luz pública hace poco más de una década, cuando precisamente Bechtel, el conglomerado de ingeniería proveniente de San Francisco, demandó al pueblo boliviano la suma de 50 millones de dólares a raíz de la ya famosa Guerra del Agua en Cochabamba, después de haber invertido tan sólo 1 millón de dólares en el país. Fue una campaña ciudadana global la que hizo que está corporación finalmente abandone y desista del caso por un pago simbólico de 2 bolivianos, el equivalente a 30 centavos de dólar. Sin embargo, en los años venideros, estos casos se han incrementado de manera alarmante.
Otro caso típico y actual, tiene que ver con la salud y el medio ambiente, como es la peligrosa exposición al plomo de una población en Perú. Este caso comienza con la revocatoria gubernamental de la licencia de operaciones a una planta de fundición en la población peruana de La Oroya (operado por Doe Run Perú), en julio de 2010. Gracias a esa medida el medio ambiente circundante y la salud de la población local sintieron un esperado alivio. La Oroya, situada en la región andina central del Perú, ha sido identificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo y según estudios llevados a cabo el 2007, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los menores que tienen de 7 a 12 años, presentan niveles elevados de plomo en su sangre. El gobierno consideró que la falta de voluntad de Doe Run Perú para cumplir sus compromisos ambientales de limpieza y mitigación constituyó una violación de las normas jurídicas ambientales del país. Sin embargo, la empresa matriz de Doe Run, Renco group, diseñó otra estrategia. La compañía, propiedad del multimillonario Ira Rennert de los Estados Unidos, respondió con una demanda por supuestos daños de 800 millones de dólares, el dinero suficiente para pagar los salarios anuales de aproximadamente 15.000 maestros o 6.000 trabajadores de la salud en Perú.
El mundo actualmente está cubierto por una creciente red de más de tres mil acuerdos de comercio e inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos acuerdos otorgan derechos a las corporaciones y les permite demandar a los gobiernos por cualquier iniciativa o política pública que interfiera de una u otra manera en sus negocios y ganancias. Los casos legales resultantes, a pesar de tener grandes consecuencias a nivel local, en determinados países y poblaciones afectadas, son resueltos muy lejos en los tribunales internacionales de arbitraje por un pequeño grupo de abogados privados que trabajan a puertas cerradas y que llevan adelante este tipo de litigios sin rendir cuentas a nadie. Haciendo caso omiso de los principios democráticos y de independencia judicial, estos tribunales actúan con poca o ninguna vigilancia pública, además de negarles la voz a las comunidades directamente afectadas.
El número de estos casos Inversionista - Estado se ha disparado en los últimos años, rompiendo el 2012 con todos los récords. El sistema de tribunales más utilizado por las corporaciones globales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI, dependiente del Banco Mundial. Las corporaciones pueden utilizar este y otros tribunales para exigir cientos de millones de dólares en compensaciones, no sólo por las inversiones realizadas en un país, sino por las ganancias que esperaban obtener en el futuro. Los abogados de estos tribunales cambian sin problemas sus roles de árbitros, supuestamente "independientes", a la de abogados corporativos. Algunos incluso tienen lazos fuertes con las empresas multinacionales, a raíz de los cuales se han hecho serios cuestionamientos acerca de su supuesta independencia en este sistema, en el que claramente tienen intereses. Aunque en años atrás fueron utilizados como instancias finales por inversionistas que se sintieron vulnerados en sus derechos, estos tribunales se han convertido en el arma preferida de las corporaciones en su intento de despejar el camino para obtener beneficios en desmedro de la salud pública y el medio ambiente.
La proliferación de estos casos Inversionista -Estado tiene tres efectos principales. En primer lugar, en los casos en los que las corporaciones ganan, como a menudo sucede, el resultado es una transferencia masiva de los ya escasos recursos públicos a millonarias empresas privadas. En segundo lugar, incluso si los gobiernos tienen éxito en la preparación de una defensa legal, esto supone un gasto de millones de dólares que se pagan por servicios legales a las pocas y muy caras firmas de abogados que se especializan en este tipo de casos. En tercer lugar, el efecto final es escalofriante y peligroso ya que se produce un efecto congelante en la voluntad de las autoridades para poner en marcha políticas de interés público, por temor a enfrentar costosas demandas en este sistema de arbitraje internacional.
El sistema de las normas de inversión y de tribunales internacionales se ha utilizado para atacar los esfuerzos y luchas anti-nucleares en Alemania, el control público del agua en Argentina y Bolivia, la lucha contra la minería metálica en muchos países, y hoy por hoy cuenta con nuevos objetivos en la mira. Un nuevo campo de batalla son las luchas ciudadanas en contra de la extracción de petróleo y gas mediante el método de fracturación hidráulica, o “fracking”. El capítulo de inversiones propuesto para el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, de ser aprobado, podría dar a las corporaciones el poder legal para desafiar y cuestionar las regulaciones gubernamentales de este polémico método de extracción de hidrocarburos. Los esfuerzos para frenar la emisión frenética de carbono a la atmósfera, que ha provocado la actual crisis climática, también están en riesgo. El gobierno de Corea del Sur ha dejado de lado un plan para introducir un sistema de incentivos para reducir las emisiones de carbono en la industria automotriz, debido a temores de que esta normativa llegaría a vulnerar una disposición del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno avanza en esta medida correría el riesgo de enfrentar una demanda en este sistema internacional de tribunales de comercio e inversión.
Hoy en día, al igual que las comunidades de El Salvador y Perú, que han decidido enfrentar la batalla para proteger sus derechos, un emergente movimiento global está repensando la relación entre el desarrollo económico y el bienestar social y ambiental, y está presionando a los gobiernos a tomar medidas urgentes de políticas públicas hacia esta dirección. Este importante cambio, sin embargo, está en conflicto directo con los intereses de las corporaciones multinacionales, que están programadas para maximizar su beneficio en el corto plazo y dejar a otros los costos ambientales y sociales de sus operaciones. El informe del Centro para la Democracia: Injusto, Insostenible y en las Sombras, denuncia la manera en que estas corporaciones globales están utilizando el sistema de reglas de inversión para boicotear y poner en riesgo las más esenciales políticas públicas que nos permitan pensar en un desarrollo sostenible, además del proceso democrático que se requiere para llevarlo adelante.
Ya ha pasado mucho tiempo en el que este oscuro interés de abogados y corporaciones se ha mantenido en las sombras y fuera del radar de la mayoría de los grupos y comunidades a las que afecta. Sin embargo, esto está empezando a cambiar a medida que el número de estos polémicos y escandalosos casos ha ido en aumento, y la injusticia inherente a este sistema se está volviendo cada vez más clara.
En ese sentido, se han abierto varios frentes de lucha a nivel regional y global. Por un lado las personas están enfrentándose a las corporaciones en casos específicos, como en El Salvador y Perú, y por otro lado existen esfuerzos y movimientos globales para evitar la proliferación de nuevos acuerdos que utilicen este sistema de acuerdos y tribunales internacionales para cuestionar las decisiones soberanas de los países. Todas estas luchas han tenido eco en las esferas oficiales, sobre todo en América Latina, en donde se han puesto en marcha iniciativas regionales importantes, como sucedió en la 1era Reunión Ministerial de Estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, en Abril de 2013. En esta conferencia regional se decidió, entre otras cosas, monitorear los casos pendientes en el sistema, además de impulsar la rápida implementación de un Centro de Solución de disputas en el seno de Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, una alternativa que desde hace algún tiempo ha despertado gran expectativa en la región.
Al igual que la desregulación de los mercados financieros en EEUU y Europa, alentado por el sector bancario y que provocó la crisis del 2008, el sistema de normas internacionales de inversión impulsado por las corporaciones multinacionales, hace prevalecer los intereses de unos pocos por encima de los intereses da las mayorías y del medio ambiente. A medida que nos acercamos a peligrosos puntos inflexión en términos de los sistemas naturales de la tierra, nunca ha habido un momento más urgente para los activistas, académicos, trabajadores del desarrollo y otros grupos involucrados, para entender la forma en que estas barreras legales y políticas nos impiden cambiar el rumbo hacia un futuro sostenible. Este sistema de justicia privatizado y utilizado arbitrariamente por las corporaciones, es una gran barrera que necesita ser urgentemente derribada.
Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López
- Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López son investigadores en el
Centro para la Democracia, con sede
en Cochabamba, Bolivia donde coordinan la Red por la Justicia Social en la Inversión Global - RJSIG, un
proyecto dirigido por el Centro para la Democracia junto con el Institute for Policy Studies –
IPS, con sede en Washington DC.
Informe en inglés- Unfair,
Unsustainable, and Under the Radar: How Corporations use Global Investment
Rules to Undermine A Sustainable Future
Tomado de ALAI
AMLATINA, 23/05/2013.
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