EEUU da un giro en su política sobre secuestros en el extranjero

Barack Obama, anunció hoy que el gobierno no procesará judicialmente a las familias de los secuestrados en el extranjero que paguen rescate para liberarlos, aunque aclaró que mantendrá su postura de no abonar recompensas porque estaría "financiando al terrorismo ".

 

Desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, 80 estadounidenses han sido secuestrados y algunos de ellos asesinados por organizaciones extremistas como el Estado Islámico, y la Casa Blanca ha sido muy criticada por su rechazo a que las familias de las víctimas paguen rescates.

Incluso, algunas familias han denunciado que recibieron amenazas del gobierno de ser procesados judicialmente si intentaban pagar un rescate, algo que hoy Obama aseguró que no se repetirá.

"Estas familias ya han sufrido suficiente, y no deberían sentirse nunca ignoradas ni victimizadas por su gobierno", dijo el mandatario en un acto en la Casa Blanca, después de reunirse con familiares de estadounidenses secuestrados.

"Lo último que deberíamos hacer es profundizar el dolor de una familia con amenazas como esas", afirmó Obama, quien subrayó que hasta ahora ningún estadounidense ha sido procesado por pagar un rescate a una organización para liberar a un ser querido.

Desde el año pasado, cuatro estadounidenses han sido asesinados por el grupo extremista sunnita Estado Islámico (EI): los periodistas James Foley y Steven Sotloff y los trabajadores humanitarios Peter Kassig y Kayla Mueller.

Luego de esas muertes y tras revisar las decisiones tomadas, Obama emitió hoy un decreto y una nueva directiva política en la que explica los cambios, que buscan una mayor comunicación con las familias de los secuestrados a lo largo del proceso para lograr su liberación.

No obstante, aclaró que el gobierno no cambiará su política de no pagar rescates porque "supone arriesgarse a poner en peligro a más estadounidenses y financiar el mismo terrorismo que estamos tratando de parar", según afirmó el mandatario, citado por la agencia de noticias EFE.

Asimismo, aclaró que el gobierno podrá seguir manteniendo comunicaciones con los secuestradores ya que la política oficial no lo prohíbe, y que "cuando sea apropiado", la administración estadounidense "puede asistir a las familias" en esos esfuerzos para "asegurar la seguridad" de sus familiares.

Los cambios contemplan también la creación de un centro de coordinación, con representantes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos de Justicia, Estado y Defensa, para asegurar que las familias de los secuestrados reciben apoyo y asesoría adecuada.

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