Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de los
civiles en el golpe de estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente,
tuvo en carácter cívico – militar. Si bien Augusto Pinochet fue el
rostro visible de la conspiración para instalar en nuestro país una
atroz dictadura que costó miles de torturados y asesinados, se olvida
que hubo muchos políticos de derechas que prepararon el camino y, más
tarde, sirvieron como sostenedores y funcionarios del régimen. Basta
examinar la prensa de la época para constatar que prominentes políticos
de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el Partido Nacional y
la Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención
militar.
Durante el mes diciembre del año 2012, los abogados Eduardo Contreras
Mella y Alfonso Insunza Bascuñan han presentado una querella criminal,
inédita en la justicia chilena, en representación de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por delitos de lesa humanidad
cometidos por uniformados y civiles, con una clara complicidad de la
prensa de la época. De hecho, todos los informes sobre derechos humanos y
algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en Chile, en
efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera ilegal,
torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.
Una importante fuente en torno a la participación de civiles,
chilenos y extranjeros, en la conspiración que culminó con la dictadura
de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano llamado
Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la
intervención de la CIA y los pagos a personeros de la política, las
fuerzas armadas y la prensa en suelo chileno con el propósito de
derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. De
acuerdo a dicho informe, la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos invirtió ocho millones de dólares durante el periodo 1970
– 1973, financiando al diario de Agustín Edwards “El Mercurio” y al
poderoso gremio de los camioneros para sostener una prolongada huelga
durante 1972.
Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera débil y
parcial las querellas presentadas contra personeros civiles responsables
como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes, durante y
después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los
abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de un juez a casi
un mes de su presentación. La desidia de los tribunales nacionales
contrasta con sus homólogos de otras latitudes como es el caso de
Uruguay, a lo que se suma el desinterés de la prensa chilena de hoy por
esclarecer estos temas, lo que está señalando con claridad que los
civiles responsables de graves ilícitos todavía siguen impunes, muchos
de ellos, en posiciones de poder hasta el presente.
Pinochet: Una dictadura cívico-militar
A medida que las investigaciones en torno a la dictadura de Augusto
Pinochet van poniendo en evidencia la importante participación de
civiles en altas funciones de gobierno, emerge el carácter de una
“dictadura cívico-militar” No se trata, como pudiera pensarse, de una
mera disquisición intelectual propia de historiadores sino, por el
contrario, de un hecho político de la mayor trascendencia en el Chile de
hoy. Por de pronto, abre la necesidad de investigar y, eventualmente,
llevar a los tribunales a numerosos civiles que, hasta la fecha,
permanecen impunes, muchos de ellos vestidos con nuevos ropajes
democráticos protegidos por partidos y movimientos de derechas.
En otros países latinoamericanos, particularmente en la República
Argentina, ya se ha comenzado a utilizar este nuevo concepto con un
alcance jurídico insospechado. De hecho, por estos días ha debido
comparecer ante la justicia Jaime Smart, ministro de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires durante los años de terror de la dictadura de
Videla, como cómplice de asesinatos y detenciones ilegales.
En el caso chileno, investigaciones reciente muestran que altos
funcionarios civiles de la dictadura de Pinochet estaban al corriente de
las operaciones llevadas a cabo por organismos de seguridad del Estado.
Entre las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro país,
delatando la complicidad cívico – militar durante la dictadura de
Augusto Pinochet, destaquemos el valioso material que aporte el libro
del periodista Mauricio Weibel “Asociación Ilícita: Los archivos
secretos de la dictadura” en que aparecen los nombres de varios
connotadas figuras de la derecha chilena.
El golpe de estado de 1973 y la cruenta dictadura que lo siguió fue
el resultado de una conspiración política fraguada por sectores civiles y
militares de extrema derecha con el financiamiento de los Estados
Unidos. La complicidad de la derecha en los crímenes de lesa humanidad
que se investigan quedó sellada en Chacarillas (1977) Algunos de los
jóvenes de entonces son o han sido diputados, senadores y ministros del
actual gobierno. La derecha de hoy quiere olvidar aquel maridaje entre
el dinero y el terror, lo que no se puede borrar es la responsabilidad
de algunos funcionarios civiles en crímenes horrendos perpetrados por la
DINA-CNI durante aquellos oscuros años.
Los hijos de Chacarillas
El 7 de julio de 1977, tanto el ministro Cristián Larroulet, como
Patricio Melero, Juan Antonio Coloma, Joaquín Lavín, Andrés Chadwick y
otros 77 jóvenes participaban alborozados del festín con una antorcha en
la mano en el Altar de la Patria en Chacarillas, próximo al cerro San
Cristóbal. Ellos recordarán esa fría noche en que unieron sus destinos
políticos con aquel del dictador Augusto Pinochet. Para la gran mayoría
de los chilenos – estudiantes, profesores, indígenas, políticos
opositores, poetas, artistas, ciudadanos – eran tiempos de horror y
tristeza. Mientras en aquel entonces muchas de las figuras de la UDI
respaldaban los crímenes del dictador, la DINA, con el Mamo Contreras a
la cabeza, torturaba y asesinaba opositores al régimen por todo Chile.
Estos personajes de la derecha chilena están testimoniando, hasta el
presente, el carácter cívico – militar de la dictadura en nuestro país.
Ellos son los legítimos herederos y cómplices de aquellos años oscuros
de nuestra historia que permanecen aún impunes, ejerciendo altas
funciones en el gobierno del señor Sebastián Piñera. Ellos son los
mismos que reclaman hoy una mano dura contra toda manifestación de las
minorías indígenas en la Araucanía. Hoy, como ayer, su único modo de
resolver los problemas políticos es mediante la artimaña y la violencia
represiva, amparados en una constitución redactada por el general que
todavía rige la vida cívica de los chilenos.
Los hijos de Chacarillas no han aprendido mucho de todos estos años
de feble democracia en el país, por el contrario, a la hora de hacerse
cargo de los graves problemas políticos y sociales de hoy, regresan a la
fuente e inspiración de su actuar, las enseñanzas del general Pinochet.
De este modo, los dichos de ministros y parlamentarios UDI ante el
conflicto de Araucanía no pueden ser otros que volver al expediente
represivo y autoritario, clamando – como en los buenos viejos tiempos –
por un estado de excepción. A estas voces destempladas, y en el límite,
anti democráticas, se unen los nostálgicos de antaño que añoran la mano
militar.
A casi cuatro décadas del golpe de estado, es hora que la derecha
chilena se entere de que el país en que vivimos es otro y anhela otros
horizontes. Los movimientos sociales han salido a la calle estos últimos
años, señalando una honda crisis del sistema político en el que estamos
sumidos. Estudiantes, profesores, movimientos regionales y movimientos
indígenas están dando cuenta de los reclamos de muchos compatriotas
cuyos problemas no se resuelven con balas ni con la violencia insensata u
homicida.
La sociedad chilena reclama democracia y justicia, reclama equidad;
los chilenos quieren ser escuchados en sus demandas y no reprimidos como
borregos. Nuestro país está madurando y solicita de partidos y
gobierno, ni más ni menos, el retorno de lo Político, así con mayúsculas
y no la mera forma política que nos aprisiona desde el “retorno a la
democracia”. Menos balas, menos allanamientos, menos amenazas y más
diálogo serio, más compromisos, más Política. Es la hora de apagar las
antorchas de Chacarillas y ponerse a reflexionar profundamente en el
presente y el futuro del país. Una tarea nada fácil para algunos.
Asociación Ilícita
El actual gobierno de derechas ha sacado el tema de las violaciones
de derechos humanos de su agenda. Los medios de comunicación, con muy
escasas excepciones, otorgan espacio a este negro capítulo de la
historia nacional. En la actualidad se vive en nuestro país una
complicidad de silencios que pretende dejar en la impunidad a muchos
civiles que fueron responsables o cómplices de crímenes que a pesar del
tiempo trascurrido siguen abiertos como una herida en el corazón de
muchos compatriotas.
El periodista Mauricio Weibel ha denunciado tres robos en su
domicilio con el claro propósito de sustraer el valioso material de
archivo que este investigador utilizó para escribir su libro:
“Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura” en que
denuncia graves acciones delictuales de la dictadura de Pinochet, con el
conocimiento y la complicidad de muchos personeros de la derecha
chilena que, todavía, tienen figuración pública. Mauricio Weibel es,
además, un destacado académico y profesional, representante en Chile de
Reporteros sin Frontera, presidente de la Unión Sudamericana de
Corresponsales de Prensa y corresponsal de la DPA en nuestro país.
Este tipo de episodios resultan muy preocupantes no solo porque
constituyen, de hecho, un claro atentado contra la libertad de expresión
en nuestro país, sino, porque abre algunas inquietantes interrogantes
sobre los límites de nuestra propia democracia. Es evidente que muchos
de quienes fueron cómplices de la dictadura, ex uniformados y civiles,
siguen actuando en redes soterradas y, más de alguno, posa de demócrata
en nuestra precaria institucionalidad democrática. Estos resabios
dictatoriales han sobrevivido parapetados en una serie de organizaciones
fantasmas que financian documentales e infectan las redes digitales
enalteciendo la figura del dictador.
Lo que ha acontecido con el valiente periodista Mauricio Weibel
muestra cómo este tipo de asociaciones delictuales –que incluye ex
agentes de seguridad y lumpen- siguen actuando en nuestro país apoyados
por sectores de extrema derecha. Su tarea, hoy, es impedir que se
conozca toda la atroz verdad de lo ocurrido durante el régimen de
Augusto Pinochet y proteger a muchos civiles que se encuentran ocupando
altos cargos en el sector público y privado en el Chile de hoy. Muchos
altos funcionarios de la época mantuvieron una comunicación directa y
cotidiana con los organismos de seguridad y se hicieron cómplices de
crímenes de lesa humanidad.
Lo que acontece con el investigador Mauricio Weibel es un llamado de
alerta para todos quienes se interesan por esclarecer la violación de
los derechos humanos en Chile y, al mismo tiempo, pone en evidencia lo
mucho que falta por investigar para arribar a la verdad de lo sucedido y
a los nombres de muchos responsables todavía impunes. Este horizonte
moral y político en la sociedad chilena sigue pendiente y muestra la
debilidad de nuestro proceso democrático hasta el presente. Es evidente
que mientras persista el actual orden constitucional administrado por un
gobierno de derechas, el camino hacia una verdad histórica sobre los
crímenes de la dictadura será más que complejo y difícil. Sin embargo,
tal es el único camino para que en nuestro país prevalezca una verdadera
democracia para las generaciones futuras.
A casi 40 años, la responsabilidad de los civiles en el golpe militar
que sumió a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue siendo un
imperativo ético y político pendiente. No es concebible una democracia
más plena sin el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la
dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un país vivir el clima de
impunidad que ha caracterizado durante todos estos años nuestra
institucionalidad democrática. Las nuevas generaciones de chilenos
reclaman en las calles por la verdad y la justicia, única manera de
superar el dolor y avanzar hacia un mañana más digno.
Autor: Álvaro Cuadra, Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.
Nota publicada en BolPress
Tomado de http://www.generaccion.com
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