martes, 15 de enero de 2013

Chile: Responsabilidad de civiles en el golpe de 1973

Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de los civiles en el golpe de estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente, tuvo en carácter cívico – militar. Si bien Augusto Pinochet fue el rostro visible de la conspiración para instalar en nuestro país una atroz dictadura que costó miles de torturados y asesinados, se olvida que hubo muchos políticos de derechas que prepararon el camino y, más tarde, sirvieron como sostenedores y funcionarios del régimen. Basta examinar la prensa de la época para constatar que prominentes políticos de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.

Durante el mes diciembre del año 2012, los abogados Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza Bascuñan han presentado una querella criminal, inédita en la justicia chilena, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados y civiles, con una clara complicidad de la prensa de la época. De hecho, todos los informes sobre derechos humanos y algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en Chile, en efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera ilegal, torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.

Una importante fuente en torno a la participación de civiles, chilenos y extranjeros, en la conspiración que culminó con la dictadura de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano llamado Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la intervención de la CIA y los pagos a personeros de la política, las fuerzas armadas y la prensa en suelo chileno con el propósito de derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. De acuerdo a dicho informe, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos invirtió ocho millones de dólares durante el periodo 1970 – 1973, financiando al diario de Agustín Edwards “El Mercurio” y al poderoso gremio de los camioneros para sostener una prolongada huelga durante 1972.

Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera débil y parcial las querellas presentadas contra personeros civiles responsables como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes, durante y después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de un juez a casi un mes de su presentación. La desidia de los tribunales nacionales contrasta con sus homólogos de otras latitudes como es el caso de Uruguay, a lo que se suma el desinterés de la prensa chilena de hoy por esclarecer estos temas, lo que está señalando con claridad que los civiles responsables de graves ilícitos todavía siguen impunes, muchos de ellos, en posiciones de poder hasta el presente.
Pinochet: Una dictadura cívico-militar

A medida que las investigaciones en torno a la dictadura de Augusto Pinochet van poniendo en evidencia la importante participación de civiles en altas funciones de gobierno, emerge el carácter de una “dictadura cívico-militar” No se trata, como pudiera pensarse, de una mera disquisición intelectual propia de historiadores sino, por el contrario, de un hecho político de la mayor trascendencia en el Chile de hoy. Por de pronto, abre la necesidad de investigar y, eventualmente, llevar a los tribunales a numerosos civiles que, hasta la fecha, permanecen impunes, muchos de ellos vestidos con nuevos ropajes democráticos protegidos por partidos y movimientos de derechas.

En otros países latinoamericanos, particularmente en la República Argentina, ya se ha comenzado a utilizar este nuevo concepto con un alcance jurídico insospechado. De hecho, por estos días ha debido comparecer ante la justicia Jaime Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los años de terror de la dictadura de Videla, como cómplice de asesinatos y detenciones ilegales.

En el caso chileno, investigaciones reciente muestran que altos funcionarios civiles de la dictadura de Pinochet estaban al corriente de las operaciones llevadas a cabo por organismos de seguridad del Estado. Entre las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro país, delatando la complicidad cívico – militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, destaquemos el valioso material que aporte el libro del periodista Mauricio Weibel “Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura” en que aparecen los nombres de varios connotadas figuras de la derecha chilena.

El golpe de estado de 1973 y la cruenta dictadura que lo siguió fue el resultado de una conspiración política fraguada por sectores civiles y militares de extrema derecha con el financiamiento de los Estados Unidos. La complicidad de la derecha en los crímenes de lesa humanidad que se investigan quedó sellada en Chacarillas (1977) Algunos de los jóvenes de entonces son o han sido diputados, senadores y ministros del actual gobierno. La derecha de hoy quiere olvidar aquel maridaje entre el dinero y el terror, lo que no se puede borrar es la responsabilidad de algunos funcionarios civiles en crímenes horrendos perpetrados por la DINA-CNI durante aquellos oscuros años.

Los hijos de Chacarillas

El 7 de julio de 1977, tanto el ministro Cristián Larroulet, como Patricio Melero, Juan Antonio Coloma, Joaquín Lavín, Andrés Chadwick y otros 77 jóvenes participaban alborozados del festín con una antorcha en la mano en el Altar de la Patria en Chacarillas, próximo al cerro San Cristóbal. Ellos recordarán esa fría noche en que unieron sus destinos políticos con aquel del dictador Augusto Pinochet. Para la gran mayoría de los chilenos – estudiantes, profesores, indígenas, políticos opositores, poetas, artistas, ciudadanos – eran tiempos de horror y tristeza. Mientras en aquel entonces muchas de las figuras de la UDI respaldaban los crímenes del dictador, la DINA, con el Mamo Contreras a la cabeza, torturaba y asesinaba opositores al régimen por todo Chile.

Estos personajes de la derecha chilena están testimoniando, hasta el presente, el carácter cívico – militar de la dictadura en nuestro país. Ellos son los legítimos herederos y cómplices de aquellos años oscuros de nuestra historia que permanecen aún impunes, ejerciendo altas funciones en el gobierno del señor Sebastián Piñera. Ellos son los mismos que reclaman hoy una mano dura contra toda manifestación de las minorías indígenas en la Araucanía. Hoy, como ayer, su único modo de resolver los problemas políticos es mediante la artimaña y la violencia represiva, amparados en una constitución redactada por el general que todavía rige la vida cívica de los chilenos.

Los hijos de Chacarillas no han aprendido mucho de todos estos años de feble democracia en el país, por el contrario, a la hora de hacerse cargo de los graves problemas políticos y sociales de hoy, regresan a la fuente e inspiración de su actuar, las enseñanzas del general Pinochet. De este modo, los dichos de ministros y parlamentarios UDI ante el conflicto de Araucanía no pueden ser otros que volver al expediente represivo y autoritario, clamando – como en los buenos viejos tiempos – por un estado de excepción. A estas voces destempladas, y en el límite, anti democráticas, se unen los nostálgicos de antaño que añoran la mano militar.

A casi cuatro décadas del golpe de estado, es hora que la derecha chilena se entere de que el país en que vivimos es otro y anhela otros horizontes. Los movimientos sociales han salido a la calle estos últimos años, señalando una honda crisis del sistema político en el que estamos sumidos. Estudiantes, profesores, movimientos regionales y movimientos indígenas están dando cuenta de los reclamos de muchos compatriotas cuyos problemas no se resuelven con balas ni con la violencia insensata u homicida.

La sociedad chilena reclama democracia y justicia, reclama equidad; los chilenos quieren ser escuchados en sus demandas y no reprimidos como borregos. Nuestro país está madurando y solicita de partidos y gobierno, ni más ni menos, el retorno de lo Político, así con mayúsculas y no la mera forma política que nos aprisiona desde el “retorno a la democracia”. Menos balas, menos allanamientos, menos amenazas y más diálogo serio, más compromisos, más Política. Es la hora de apagar las antorchas de Chacarillas y ponerse a reflexionar profundamente en el presente y el futuro del país. Una tarea nada fácil para algunos.

Asociación Ilícita

El actual gobierno de derechas ha sacado el tema de las violaciones de derechos humanos de su agenda. Los medios de comunicación, con muy escasas excepciones, otorgan espacio a este negro capítulo de la historia nacional. En la actualidad se vive en nuestro país una complicidad de silencios que pretende dejar en la impunidad a muchos civiles que fueron responsables o cómplices de crímenes que a pesar del tiempo trascurrido siguen abiertos como una herida en el corazón de muchos compatriotas.

El periodista Mauricio Weibel ha denunciado tres robos en su domicilio con el claro propósito de sustraer el valioso material de archivo que este investigador utilizó para escribir su libro: “Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura” en que denuncia graves acciones delictuales de la dictadura de Pinochet, con el conocimiento y la complicidad de muchos personeros de la derecha chilena que, todavía, tienen figuración pública. Mauricio Weibel es, además, un destacado académico y profesional, representante en Chile de Reporteros sin Frontera, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y corresponsal de la DPA en nuestro país.

Este tipo de episodios resultan muy preocupantes no solo porque constituyen, de hecho, un claro atentado contra la libertad de expresión en nuestro país, sino, porque abre algunas inquietantes interrogantes sobre los límites de nuestra propia democracia. Es evidente que muchos de quienes fueron cómplices de la dictadura, ex uniformados y civiles, siguen actuando en redes soterradas y, más de alguno, posa de demócrata en nuestra precaria institucionalidad democrática. Estos resabios dictatoriales han sobrevivido parapetados en una serie de organizaciones fantasmas que financian documentales e infectan las redes digitales enalteciendo la figura del dictador.
Lo que ha acontecido con el valiente periodista Mauricio Weibel muestra cómo este tipo de asociaciones delictuales –que incluye ex agentes de seguridad y lumpen- siguen actuando en nuestro país apoyados por sectores de extrema derecha. Su tarea, hoy, es impedir que se conozca toda la atroz verdad de lo ocurrido durante el régimen de Augusto Pinochet y proteger a muchos civiles que se encuentran ocupando altos cargos en el sector público y privado en el Chile de hoy. Muchos altos funcionarios de la época mantuvieron una comunicación directa y cotidiana con los organismos de seguridad y se hicieron cómplices de crímenes de lesa humanidad.

Lo que acontece con el investigador Mauricio Weibel es un llamado de alerta para todos quienes se interesan por esclarecer la violación de los derechos humanos en Chile y, al mismo tiempo, pone en evidencia lo mucho que falta por investigar para arribar a la verdad de lo sucedido y a los nombres de muchos responsables todavía impunes. Este horizonte moral y político en la sociedad chilena sigue pendiente y muestra la debilidad de nuestro proceso democrático hasta el presente. Es evidente que mientras persista el actual orden constitucional administrado por un gobierno de derechas, el camino hacia una verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura será más que complejo y difícil. Sin embargo, tal es el único camino para que en nuestro país prevalezca una verdadera democracia para las generaciones futuras.

A casi 40 años, la responsabilidad de los civiles en el golpe militar que sumió a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue siendo un imperativo ético y político pendiente. No es concebible una democracia más plena sin el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un país vivir el clima de impunidad que ha caracterizado durante todos estos años nuestra institucionalidad democrática. Las nuevas generaciones de chilenos reclaman en las calles por la verdad y la justicia, única manera de superar el dolor y avanzar hacia un mañana más digno.


Autor: Álvaro Cuadra, Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.

Nota publicada en BolPress

Tomado de  http://www.generaccion.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

ShareThis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...