Reflexiones al iniciar el 18 ciclo de conversaciones
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre
17 de 2013, a 183 años de la muerte de El Libertador.
"Quisiera tener una fortuna material que dar
a cada colombiano;
pero no tengo nada, no tengo más que un corazón para amarlos
y una espada para defenderlos" SIMÓN BOLÍVAR.
pero no tengo nada, no tengo más que un corazón para amarlos
y una espada para defenderlos" SIMÓN BOLÍVAR.
Al iniciar una nueva ronda de conversaciones
queremos manifestar nuestra profunda extrañeza por la manera como el Presidente
Juan Manuel Santos ha venido menospreciando la importancia del Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera, firmado por sus plenipotenciarios y los de las FARC-EP, el 26 de agosto
de 2012.
A más de que el Procurador General de la Nación,
señor Alejandro Ordóñez, con su actitud autoritaria frente a la suerte del
alcalde de la Capital de la República, ha pretendido dinamitar anticipadamente
el espíritu y los alcances del punto 2 sobre Participación Política, acordado
en principio, y de manera parcial, la aparente complacencia del Jefe del Estado
con tal decisión del anacrónico jefe del Ministerio Público, manda señales
equívocas que ponen de presente los dobles discursos, en momentos en que se
inicia un proceso electoral.
Sin duda causa malestar el zigzagueo de Santos
frente a los más significativos e importantes temas que se discuten en La
Habana, cuando de lo que se trata es de alcanzar una paz seria, estable y
duradera, buscando soluciones a los problemas e injusticias que han hecho de la
patria colombiana un campo de batalla. Por lo menos en nuestro caso así lo
hemos entendido y tal es nuestro compromiso y nuestra meta.
El sábado, 14 diciembre, en su intervención ante
la Convención Nacional del partido Cambio Radical, afirmó Santos: “Los enemigos
de la paz están diciendo que allá [en la mesa de La Habana], se está negociando
a nuestro Ejército, que allá se está negociando nuestro sistema político, que
allá se está negociando nuestro sistema económico: mentiras, mentiras. Allá lo
único que se está negociando es una transición para que esa gente deje las
balas, deje las armas y las cambie por votos, por los argumentos, y ponerle fin
al conflicto”.
Decimos en la antesala de la reanudación del
diálogo que no nos encontramos en La Habana negociando una transición para
dejar las armas a cambio de unos votos. Sesenta años de lucha armada buscando
justicia social y verdadera participación política van mucho más allá del tema
de esos votos.
Solicitamos del gobierno y sus voceros en la
mesa, claridad y unidad de propósitos con lo firmado en el acuerdo general. Y
exigimos total responsabilidad para con el país y para con su igual en La
Habana, a la luz del acuerdo suscrito. Acá no estamos haciendo presencia por
sentirnos vencidos. Hacemos presencia en estos diálogos porque desde la VIII
Conferencia de las FARC, denominada “Comandante Jacobo Arenas, estamos
cumpliendo”, realizada en 1993, se trazó la Plataforma de Diez Puntos para la
Reconstrucción y reconciliación Nacional con la que nos sentimos comprometidos.
Desde entonces, el primer punto señala: Solución política al grave conflicto
armado.
El grave conflicto sigue vigente y su solución
política no se puede confundir, ni la vamos a confundir nosotros con una
negociación que conduzca a una “transición para que esa gente (nosotros), deje
las balas”.
Quizás ese mismo espíritu ligero y de afán
electoral es el que ha llevado a diversos voceros del gobierno a referirse de
manera pública y totalmente superficial a la temática de los cultivos
declarados de uso ilícito, al consumo de drogas y sus consecuencias en la
salud pública, y al fenómeno del narcotráfico en general, que son los asuntos
que trata precisamente el aparte del Acuerdo General denominado “Solución al
problema de las drogas ilícitas”. Las iniciativas que propagandiza y pone en
práctica el gobiernosimplemente impulsan el propósito y los mecanismos de la
erradicación y consolidación militar en zonas de las que, según esta visión,
habría que expulsar comunidades enteras.
La difundida posición gubernamental, nunca ha
presentado prospecto alguno de verdadera solución a los problemas sociales del
país que subyacen en el fenómeno de los cultivos declarados ilícitos. Para el
gobierno el asunto se ha limitado a desyerbar, envenenar y barrer unas
zonas empobrecidas y abandonadas, aludiendo a falaces planes “alternativos”
para las comunidades rurales, lo cual sólo sirve para alistar el despojo legal
de la tierra que prepara el bloque de poder dominante. En el fondo de la
cuestión lo que existe es un marcado propósito de dominio territorial y el
inhumano afán de quitar del medio a las comunidades rurales.
Del negocio del narcotráfico no se dice nada.
Mucho menos se muestra preocupación por la demanda de la droga y por los
grandes sitios de consumo localizados más allá de las fronteras patrias. Como
si el negocio naciera en Colombia y muriera en Colombia, y sus ganancias se
redujeran a lo que perciben los estratos pobres, que son los menos favorecidos.
Entre tanto, el gran lavado de activos y la criminalidad financiera con todas
sus secuelas en lo nacional e internacional son intocables.
No es correcto, como se pretende desde algunas
instancias de la institucionalidad, supeditar y condicionar los planes de
desarrollo y las medidas de reforma rural y agraria, a acciones de erradicación
o de consolidación territorial contrainsurgente, dictadas desde Washington para
abrirle paso a las trasnacionales. Esto equivale a retroceder respecto a los
pocos avances logrados en el primer punto y hasta los avances del segundo punto
quedan aplastados con este tipo de iniciativas gubernamentales en marcha.
Las FARC-EP reiteran su posición de hace 20 años,
en cuanto a que: “LaSolución del fenómeno de producción, comercialización y
consumo de narcóticos y alucinógenos, debe entenderse ante todo como un grave
problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos
con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso
de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los
estupefacientes”.
En este sentido, desde nuestra Delegación
invitamos a leer y analizar con detenimiento los desarrollos que irá teniendo
nuestra propuesta titulada Política anti-drogas para la soberanía, y el buen
vivir de los pobres del campo (diez propuestas mínimas).
Quede claro que la mesa de conversaciones no se
puede convertir en instrumento de propaganda electoral para nadie. En La Habana
y en nuestra patria colombiana, lo que viene teniendo lugar es lo que la
historia y los estudiosos de la historia y el derecho social denominan un
proceso constituyente. Sí; estamos en un proceso de tal naturaleza, estudiando
cientos de documentos e iniciativas enviadas desde todos los rincones de la
patria por los más variados grupos de opinión, intelectuales, académicos y
ciudadanos del común. Estamos construyendo futuro. Hoy, además, nos encontramos
contagiados, al igual que millones de compatriotas, de ese grito de protesta
salido de millares de trabajadores agrarios y de atropellados ciudadanos
del Catatumbo y del suroccidente, en cuyas recientes marchas de indignación el
Estado desbocó, a través de la fuerza brutal del ESMAD, lo que para la
oligarquía es democracia y participación ciudadana, asesinando y mutilando de
manera terrible a decenas de compatriotas.
Finalmente debemos decir que de nuestras
gargantas también sale el grito colectivo y nacional que va más allá de un no a
una aberrante destitución del alcalde capitalino, porque se trata del grito que
expresa el resurgimiento del espíritu de un proceso constituyente en el que
deberá sentirse a plenitud el protagonismo del soberano que es el pueblo.
DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP
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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
Web: www.anncol.eu, Redacción: anncol@anncol.eu,
YouTube: http://www.youtube.com/user/anncol4?feature=mhee
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