El abogado colombiano Marco Palacio subrayó hoy que la paz
sólo será realidad tangible cuando se inicie en el país un proceso
auténtico de redistribución de la tierra.
Profesor de la Universidad de Los Andes y especialista en los
temas agrarios con varios libros publicados, cuestionó a un sector de
empresarios y terratenientes que se han valido de la violencia para revestirse de poder político y económico durante largos años.
Para resolver ese conflicto, asevera, tiene que haber una
reforma política que permita darle representación a las Farc-Ep, una vez
deje las armas. Hay zonas en que ellos podrían ser mayoría electoral y
tendrán un mayor control de algunos territorios.
En una entrevista publicada en el diario El espectador, a raíz de los
diálogos que transcurren en La Habana, Cuba, entre las Farc-Ep y el
gobierno colombianos -cuyo primer punto en la agenda es el desarrollo
agrario integral-, Palacio profundizó en las raíces de un fenómeno cuya
crisis dio origen al surgimiento de la fuerza guerrillera.
Tras hacer un recuento de las reformas agrarias intentadas y
fracasadas desde mediados del siglo XX, abordadas en textos como ¿De
quién es la Tierra? y Violencia pública en Colombia, 1958-2010, sostiene
que la primera de ellas, emprendida en 1936 y amparada por la Ley
numero 200, naufragó por negársele la ciudadanía a los campesinos que
reclamaban los terrenos baldíos, ganados a fuerza de trabajo.
Por no haberse resuelto el problema, sostiene, los campesinos han estado desde entonces fuera de la vida política del país.
Según su tesis, el problema se agravó de 1958 a 2010, período
conocido como La Violencia, cuando los latifundistas ganan la guerra y
desalojan al campesinado.
Colombia empieza a ser entonces, señala, un productor de hoja de coca en zonas baldías y surge un nuevo tipo de violencia, usada por muchos terratenientes para articular ejércitos privados en presunta lucha contra la guerrilla.
Esa lucha les sirve de paraguas, añade, para reconcentrar la tierra y desplazar a la gente.
Es decir, la batalla contra el narcotráfico, compulsada por
Estados Unidos, acelera la formación de una clase propietaria del campo
-ganaderos, cocaleros, narcotraficantes- que usaron la violencia
paramilitar y estatal para apoderarse de tierras y desplazar a los campesinos, detalla.
Así surgió, apunta, una nueva clase de terratenientes, cuyos títulos
son formalizados. Se distribuyen algunos baldíos, se dejan en suspensos
una serie de principios jurídicos y aparecen nuevos grupos que se van
apoderando de la tierra, comprándola a los viejos latifundistas no
preparados para la formación de ejércitos particulares.
Esta nueva clase, destaca, está dispuesta a usar la violencia para
peinar los territorios. Todo ello cargado de una ideología impartida
desde el poder estatal, resalta.
En su agudo análisis, Palacio destaca que una cosa es decir
que se va a restituir la tierra y otra implementar esa política,
teniendo en cuenta que cuando se va a hacer la restitución se llega a un
lugar y se encuentra con que el inspector de policía es corrupto y los
caciques locales mandan. Todo eso, agrega, con un abogado detrás que afirma que el lindero no es claro.
Si de la Habana sale un acuerdo político, será la base para que la ciudadanía pueda plantear temas como estos sin miedo. Necesitamos quitarnos el miedo, asegura.
El efecto de lo que pase en La Habana -y ojalá se llegue a un acuerdo
político-, es que se nos va a quitar a los colombianos el miedo de
hablar. Y ahí vendrán discusiones serias, con estadísticas y estudio.
Entonces se podrá hablar de reforma agraria, concluye.
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