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| Unidades del Batallón Caicedo, aliados con el
paramilitarismo, varios de ellos han
sido detenidos en Tolima por actuar junto con “Los Urabeños”, paramilitares con otro nombre. |
Se consolida la represión y el terror de Estado en la Marina, Chaparral (Tolima)
Por
José Antonio Gutiérrez
D.
El Sur del Tolima ha sido
golpeado como pocas zonas de Colombia por el conflicto social y armado, con una
larga historia de conflictos agrarios que se remonta a la década de los ’30. En
el corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral, desde hace algunos años
se ha venido viviendo una creciente militarización, de la mano de las llamadas
zonas de consolidación militar, que ha agudizado la violencia del conflicto [1].
Ahí operan la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y el Batallón de Infantería XVII
“José Domingo Caicedo” de la Sexta Brigada.
Guerra Sucia y
Megaproyectos
Esta fuerza militar ha
desarrollado una intensa campaña contrainsurgente en uno de los bastiones de las
FARC-EP [2]; en esta zona opera el Frente 21, y el ejército ha decidido
erradicarlo mediante la guerra sucia y el terror contra la población civil. Para
ello, el Batallón Caicedo ha utilizado todos los medios legales e ilegales a su
disposición, vinculándose íntimamente con el paramilitarismo. A comienzos del
2012 seis militares de este batallón fueron detenidos junto a otros mafiosos
como miembros de “Los Urabeños”, banda dedicada a tareas de hostigamiento
político, contrainsurgencia y “limpieza social”, así como al narcotráfico [3].
También operan las “Águilas Negras”, las cuales no han sido tocadas por las
autoridades. Los campesinos locales dicen que, al estilo de los antiguos
chulavitas, estos serían los mismos soldados del Batallón Caicedo que salen
encapuchados y de civil a amedrentar a
la población. Se escuchan rumores por todas partes de “que van a llegar los
paracos, que si no se van los van a picar con motosierra… los niños bajo la
consolidación militar crecen en el miedo”.
En La Marina todos dicen que
detrás de esta militarización y paramilitarización hay intereses más allá de la
mera contrainsurgencia. Dicen que lo que se busca es sacar no sólo a los
guerrilleros sino a todos los campesinos que se resistan a un proyecto
hidroeléctrico que se pretende impulsar en la región hacia finales de marzo; es
decir, “limpiar” el territorio para que este proyecto pueda avanzar sin ninguna
clase de resistencia, ni armada ni cívica.
Dice una campesina de la zona
que:
“Nunca había habido tanto
ejército, tanto detenido, esto era muy tranquilo. Pero en el 2008 se comenzó a
hablar de un proyecto hidroeléctrico a filo de agua, por túnel, que iba a hacer
una empresa de Medellín llamada ISAGEN… algunos decían que eso nos iba a afectar
el curso del agua y a secar la tierra, pero el Estado decía que el subsuelo era
de ellos y no de nosotros, que no importa que tengamos nuestra finca. Hemos
visto lo que pasó en San José de las Hermosas, que hicieron lo mismo y fincas
que sacaban cien cargas de café al año, ahora no sacan nada. Hay cuatro más que
quieren hacer en Río Blanco… pero a uno le toca es andar callado, mandar saliva
gruesa si no le gusta.”
Los campesinos y pobladores del
lugar, inquietos ante esta situación, y conociendo lo que había pasado en Las
Hermosas con el proyecto hidroeléctrico, formaron una asociación llamada
Asoambeima; también la asociación campesina del sector, ASTRACATOL (adherida a
FENSUAGRO), se pronunció en contra de este proyecto. Y ahí comienza una historia
de persecución que no termina.
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| Campesinos de la asociación ASTRACATOL reunidos después los asesinatos. |
La consolidación contra los
campesinos: la delación remunerada y las desmovilizaciones
falsas
Los campesinos plantean que con
la llegada del teniente John Jairo Vélez a La Marina en el 2010, comenzó una
política sistemática de hostigamiento hacia ellos, se quejan que les comenzaron
a llover órdenes de captura, y que de la noche a la mañana, todos eran
sospechosos de ser milicianos.
Como lo establece la conocida
máxima de “divide y vencerás”, el Estado se ha dedicado a enfrentar a la
comunidad entre si para implementar su
plan contrainsurgente de control social y sus megaproyectos.Empezaron así con las redes de
informantes, con lo cual han intentado fragmentar a la comunidad sembrando el
ambiente de sospechas y desconfianza.
Comenta Reinel Villabón Leal,
antiguo inspector de policía de La Marina y dirigente de SINTRAGRITOL (Sindicato
de Trabajadores Agrícolas del Tolima) que “lo más grave es que se están
fabricando desmovilizados con el fin de enjuiciar a gente trabajadora. No
existe, según la Constitución, la pena de muerte, pero en la realidad sabemos
que existe. Porque ver gente dormida y bombardearla, o cogerlos y decirles que
son milicianos y entonces matarlos, es aplicar la pena de muerte”. Sobre las
falsas desmovilizaciones, recordemos que fue precisamente en el sur de Tolima
donde se fraguó la desmovilización masiva de por lo menos dos falsas estructuras que hicieron pasar por
guerrilleras: el supuesto Bloque Cacica La Gaitana y la supuesta columna Norma Patricia Galeano [4]. Estos son tan sólo dos de los casos más
nombrados y reconocidos, pero hay muchos más según Villabón:
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| Reinel Villabón Leal. Foto (nelosi) |
“Vea usted, llegaron una vez donde un señor que es arriero, que lo conozco, y le dijeron ‘desmovilícese y le damos una platica’, y si la gente se niega a participar en esa comedia, entonces le dicen que sufrirá las consecuencias… la emisora del batallón Caicedo hacía señalamientos a gente, con nombre y apellido, llamando a desmovilizarse… el teniente John Jairo Vélez dio un número telefónico en Chaparral para las denuncias, hacían la cita en el parque. Así a una cooperante muy pobre, llamada Lucero Váquiro, le ofrecieron arreglarle la vida, y ella terminó delatando a mucha gente”.
Una campesina nos indica que
ellos conocían a Lucero Váquiro de toda la vida, que ella jamás había sido ni
miliciana ni guerrillera. Nos dice que todo esto era una farsa, y que por
beneficios económicos empezó a denunciar a todo el que pudo. Dice que entre los
30 supuestos desmovilizados que hoy se utilizan para adelantar juicios contra
los campesinos, no se encuentra uno que sea ex guerrillero. Otro campesino dice:
“acá están comprando testigos, que es gente perezosa que le dan plata para
denunciar a cualquiera, si no tuvieran este maldito sistema de recompensas, nada
de esto estaría pasando”.
La consolidación contra los
campesinos: el asesinato
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| Gildardo García y Héctor Orozco, asesinados por el Terrorismo de Estado |
A Héctor Orozco lo venían
acosando desde hacía un año. Los militares lo buscaban, lo llamaban miliciano,
“camarada”, pero no le mostraban ninguna orden de captura, a demas lo llamaban a
que participara de una falsa desmovilización. En los retenes lo comenzaron a
hostigar preguntandole para quién compraba el mercado. Según su esposa, “el
teniente Vélez fue quien más se la montó, le decía cuando lo veía que tenía 47
guerrilleros dados de baja, que necesitaba tres más y que se daría unas
vacaciones bien sabrosas. Le dio permiso sólo para movilizarse entre Chaparral y
la Marina, que ningún ramal más. Le preguntaba que por qué alimentaba a la
guerrilla, nos comenzaron a racionar la comida y a hacernos pasar hambre, hasta
que le dijo que le daba tres meses de plazo para que renunciara a ASTRACATOL y
se hiciera informante. Como él se negó, a los tres meses lo
asesinaron”.
Según Villabón, al que realmente
iban a asesinar era a Orozco, pero al revisar a Gildardo García y ver su
apellido, lo mataron también: “Mire, acá el teniente Vélez declaró objetivo
militar a todos los García, porque alguno de ellos se fue para el monte con la
guerrilla. Entonces toda la familia García es perseguida, se les presiona, se
les mata. Ya antes habían torturado y asesinado a don Tiberio García en la
vereda Brisas de San Pablo”.
También se han dado casos de
falsos positivos en la zona: el 3 de Junio de 2007, el ejército y el Gaula
asesinaron a Jaro Eber
Morales en Santa Ana (junto a tres
personas más) diciendo que había sido en combate; el 19 de Julio de 2007 también
asesinaron a Camilo Ávila y a don Jesús María Rianos en el cruce a Río Blanco desde la
Marina.
La consolidación contra los
campesinos: los arrestos
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| Los
resultados de los enfrentamientos en las casas de La Marina; impactos de bala, esquirlas y granadas |
En Noviembre de 2011, bajo los
cargos de ”rebelión y financiación a
grupos terroristas”, arrestan a los hermanos Edwin Lugo Caballero y José Norbey Lugo Caballero, junto
a Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín y Fredynel Chávez Marín (este último originario de Las Hermosas).
Todos ellos eran miembros de ASTRACATOL y personas que se habían destacado en su
defensa de los derechos campesinos y en la defensa del territorio. También
arrestan a Alexander Guerrero
Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Marina, y a Armando Montilla Rey, miembro de la
Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Río Blanco.
Según la abogada Karen Tapias,
de la Fundación Lazos de Dignidad que defiende a los prisioneros de ASTRACATOL,
este es un caso extraordinariamente débil y lleno de irregularidades:
“primero que nada, los 30 testigos de la parte acusadora, son supuestos
reinsertados. Sin embargo, guerrilleros con más de diez ó veinte años en el
Frente 21 de las FARC-EP, que se
encuentran en la cárcel, dicen que no
los conocen, que están utilizando civiles para obtener beneficios económicos.
Nos consta que estos supuestos desmovilizados han recibido beneficios
económicos, de educación y vivienda”. Pompilio Díaz, padre de Arcesio Díaz,
uno de los detenidos, dijo que a su hijo se lo habían “vendido por cinco
millones de pesos”.
Dice la abogada que “el
escrito de acusación se basa sobre un supuesto testimonio de una persona que no
se identificó… no tenemos certeza si el testimonio existió o fue invento de
la policía judicial, no hay constancia de que una persona
perteneciente a la insurgencia o de la población civil, llegara a hacer la
denuncia… José William Devia Moreno, el gerente de la investigación, dijo que él
recibió el testimonio pero que nunca vio la fuente
humana”.
Según Tapias, estos juicios son
de una naturaleza eminentemente política. “Esto es algo que se viene dando
desde hace tiempo, pero ahora se ha incrementado porque hay una necesidad
particular, que es la construcción de esta represa y las personas que están acusando de
pertenecer al Frente 21 son todos
campesinos que se han pronunciado contra este proyecto. Además, ASTRACATOL está asociada a la
Marcha Patriótica y todos sabemos los
señalamientos contra este movimiento, estos no son hechos
aislados”. Esto
mismo lo reconoce el padre de uno de los prisioneros quien dice “que los
soldados saben que mi hijo no debe nada, pero que dicen que la culpa es de la
familia por andar metida en cosas, porque somos de la Marcha
Patriótica”.
Las audiencias del proceso en
contra de los 8 prisioneros se reiniciará el 25 de enero en Ibagué, con los 25
testigos de la defensa. Mientras tanto, estos prisioneros se encuentran
sufriendo condiciones deplorables en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde hay
una carencia prácticamente constante de agua, abuso de poder por parte de la
guardia, asi como omisión de servicio sanitarios y médicos.
Es necesario movilizar toda la solidaridad porque este no es un caso judicial, sino un ataque frontal contra
el pueblo organizado.
La consolidación militar como
forma de violación permanente contra la población
Según Tapias, existe una
situación humanitaria grave, en la cual se da un “control del alimento que
ingresan a la zona como otros tipos de víveres y medicinas, el ejército decide
qué come la población y en qué cantidad, y qué necesidades tienen de
medicamentos… por medio de la emisora del ejército nacional del Batallón Caicedo
se está señalando a personas de la región con nombre y apellido, sin que existan
procesos jurídicos en su contra, de ser milicianos del Frente 21 de las FARC e
invitándolos a desmovilizarse. Van
casa por casa, ofrecen dinero a la
población y preguntan quiénes son los guerrilleros en la zona… hemos escuchado denuncias que vinculan al
paramilitarismo con el ejército, es una situación
gravísima”.
Cuando se les pregunta si el
ejército ha traído seguridad al pueblo, los campesinos son enfáticos: “el
ejército lo que ha traído es violencia, sobre todo los soldados profesionales
que son todos traídos de afuera. Los muchachos que están en el ejército de acá
casi no se meten, no quieren pelear, son los de afuera los que realmente traen
la violencia”. Todos se quejan que desde que llegó el ejército se ha
pretendido enfrentar a los vecinos entre si y han sembrado la hostilidad con el
sistema de los informantes. También han utilizado otros métodos como enviar
paquetes de encargo a nombre de campesinos con volantes para recompensas, para
que así crezcan sospechas de que tal o cual campesino está informando y de esta
manera descomponer el ambiente y generar desconfianza generalizada. En este
ambiente, esperan, que se dificulte la organización y la resistencia campesina
contra el despojo.
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| El Batallón y el paramilitarismo en alianza contra la población civil |
Villabón Leal nos dice que
“con la consolidación se agrava el problema del desplazamiento, porque los
campesinos ya no pueden cultivar porque los bombardean, echan bombas, ametrallan
los filos y las cañadas… a uno lo están reseñando, lo controlan como si fuera
una cárcel, con aparatos digitales para tomarle las huellas, con fotos… el único
fin de la consolidación territorial es la entrada de las multinacionales”.
Fernando Chacón, dirigente de ASTRACATOL en Chaparral, también está de acuerdo
con este panorama, diciendo que el clima de constante terror mediante
ametrallamientos y bombardeos, junto a la persecución que sufren las
organizaciones sociales, tiene que ver con “limpiar de campesinos esta zona
estratégica para sus proyectos del mal llamado desarrollo, que enriquecen
solamente a unos pocos, gente de afuera… por eso quieren acabar con nuestra
cultura, con nuestra forma de vida, con nuestra idiosincrasia como
campesinos”.
Lo cierto es que pese a todo,
los campesinos muestran una admirable resistencia a desaparecer. Las
organizaciones campesinas se revitalizan en todo el país, pese a la
militarización, la persecución y la amenaza. En medio del rigor de la
consolidación territorial, las organizaciones siguen en pie. Es deber nuestro
mantener en alto la bandera de la solidaridad y no olvidar ni a los prisioneros
ni a los campesinos que siguen exigiendo reforma agraria, la vieja pero tan
presente consigna de Tierra y Libertad.
José Antonio Gutiérrez
D.
17 de Enero,
2013
[1] Para algunos antecedentes de
la situación en La Marina, leer una entrevista previa que hicimos a Javier
Orozco de la Comisión Asturiana el 2010 http://anarkismo.net/article/
[2] En el municipio de Chaparral las
guerrillas comunistas han operado desde 1949, nacidos originalmente como grupos
de autodefensa campesina ante la violencia de los
terratenientes
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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
Web: www.anncol.eu, Redacción: editar@anncol.eu,
YouTube: http://www.youtube.com/user/anncol4?feature=mhee
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