Puede que la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado,
incluya disposiciones sobre drogas o eventos deportivos, pero no nos
engañemos: esta ley no trata de proteger a las personas, trata de
criminalizar las protestas y restringir el derecho de expresión.
Acabo de estar en Madrid y Barcelona por la publicación de la traducción al español de mi libro Los Verdes somos los Nuevos Rojos.
Mi trabajo se centra en cómo se está criminalizando el activismo
político. Debido a mi ámbito de trabajo y a que vivo en Estados Unidos,
es raro que nuevas leyes de "seguridad ciudadana" o medidas represivas
lleguen a sorprenderme. Las estoy viendo cada día.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana representa un peligroso
aumento de cómo se intenta acallar la libertad de manifestarse.
Por ejemplo, los delitos graves incluyen:
- Escalar un edificio público como acción de protesta (tal y como ha hecho Greenpeace en los últimos meses).
- Saltar a un ruedo para protestar.
- Llevar una capucha o cualquier tipo de indumentaria que impida la
identificación de los manifestantes a las fuerzas de seguridad.
Todo ello es sancionable con multas entre 1.001 y 30.000 euros.
Otros delitos menos graves incluyen colocar una tienda de campaña en
un espacio público, tal y como ha hecho el Movimiento 15M, fotografiar a
la policía o no seguir la ruta de una manifestación permitida. Estas y
otras infracciones son multadas hasta con 1.000 euros.
He documentado ampliamente los mecanismos que han permitido que esto
se lleve a cabo en los Estados Unidos y son idénticos a lo que está
ocurriendo ahora mismo en España.
Por ejemplo, el movimiento ecologista de Estados Unidos ha estado
llevando a cabo actos de desobediencia civil pacíficos para detener la
construcción del oleoducto Keystone XL. Los activistas han bloqueado las
carreteras y se han encadenado a los equipos. Como resultado, ahora se
enfrentan a mayor tiempo en prisión. En algunos casos, son las
multinacionales las que lo solicitan directamente. En un ejemplo
reciente, informé sobre cómo TransCanada está instruyendo a la policía sobre cómo procesar a los manifestantes:
En otra ocasión, un estudiante universitario llamado Tim
DeChristopher, irrumpió en una subasta del Gobierno donde se estaban
vendiendo tierras a las multinacionales. Tim levantó la mano para
comprar estas tierras aunque sabía que no tenía dinero. La subasta del
Gobierno se declaró ilegal posteriormente pero Tim fue sentenciado a 2
años de prisión.
Ahora en Estados Unidos hay una expansión radical de esta
criminalización. Algunos estados han aprobado leyes nuevas cuyo objetivo
específico son activistas que fotografían o graban granjas industriales y mataderos.
Algunos políticos han llamado a estos investigadores "terroristas".
Hace sólo unas semanas, una investigadora infiltrada que mostró la
crueldad hacia los animales en una granja -y cuyo vídeo condujo a
procesos penales- fue acusada de crueldad hacia los animales. Decir que
grabar la crueldad hacia los animales es lo mismo que causársela es
parecido a lo que estas nuevas leyes españolas pretenden para proteger a
los ciudadanos. George Orwell se sentiría orgulloso.
Ya estamos viviendo un crecimiento de estas tácticas estadounidenses
en otros países. En Australia, las multinacionales están solicitando
nuevas leyes contra fotografías que son exactamente iguales que en
Estados Unidos.
En España, un grupo de activistas de Igualdad Animal también se encuentra en medio de un proceso criminal.
Cuando fueron detenidos, fueron etiquetados inmediatamente como
"terroristas" y amenazas a la seguridad pública. Les han acusado
ligeramente de la suelta de visones de una granja pero resulta absurdo.
Se persigue a estos activistas políticos ya que han sido increíblemente
efectivos contra industrias muy poderosas y han expuesto al público lo
que está sucediendo.
Independientemente de lo que pensemos sobre los derechos de los
animales, estos activistas se merecen un apoyo total. De lo que he sido
testigo de primera mano en Estados Unidos es que cuando las personas son
objeto de persecución debido a sus creencias políticas, el gobierno
nunca se detiene con ellas. Se extiende a otros movimientos sociales
también, y pone todas nuestras libertades en riesgo. Esto es
precisamente de lo que estamos siendo testigos con la Ley de Seguridad
Ciudadana.
Uno puede pensar: "Bueno, yo no escalo edificios públicos ni voy a manifestaciones, ¿por qué me debería preocupar?"
El mayor peligro de esta legislación no es que todo el que se
manifieste acabe en prisión o tenga que pagar una multa. El peligro real
es lo que llamamos en Estados Unidos chilling effect o efecto paralizante.
Esta ley no prohíbe, paraliza. Hace que la gente tenga miedo
de expresarse y manifestarse. Les hace preguntarse si serán detenidos o
tendrán que pagar multas por sus acciones.
Lo más importante, es que leyes como estas tratan sobre el miedo. Sirven para que tengamos miedo de usar nuestros derechos.
Durante muchos años en Estados Unidos, esta represión ocasionó un
temor generalizado. Sin embargo, esto está cambiando ahora. La gente
está indignada por estos ataques a la democracia, y hay más gente
activándose. Yo espero que esta ley represiva en España tenga los mismos
resultados: en lugar de inspirar temor, deben inspirar enfado y motivar
a la gente a defender sus libertades.
Puedes leer aquí un avance del libro Los Verdes somos los nuevos Rojos.
Tomado de http://www.huffingtonpost.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario