Rectificar
es de sabio. La defensa de los principios éticos de la Revolución
nos ha enseñado a eso.
El Departamento del Tesoro presentó en días pasados un informe al
Congreso sobre los activos congelados de los cuatro países (Irán,
Sudán, Siria y Cuba) que el Departamento de Estado ha incluido
arbitrariamente en la lista de Estados Patrocinadores del
Terrorismo Internacional y de organizaciones y personas
sometidas a sanciones por el Gobierno de los Estados Unidos. En el
caso de Cuba, menciona el valor acumulado de los fondos congelados
al cierre del 2010 (248.1 millones de dólares) y del 2011 (245
millones de dólares).
Granma aportó el lunes pasado un dato incorrecto al hacer una sumatoria mecánica de ambas cifras, y en tal sentido vale la aclaración de que no son 493 millones de dólares los fondos congelados de Cuba en los Estados Unidos en virtud del bloqueo económico, comercial y financiero, sino 245 millones de dólares al finalizar el año 2011, como se mencionó arriba.
Pero sí es cierto que de ese monto, el dinero que pertenecía al Gobierno cubano ya no existe en el "congelador". Fue robado. También se han producido, desde hace varios años, apropiaciones que afectan dinero y bienes pertenecientes, tanto a ciudadanos cubanos residentes en nuestro país o en otros, a nacionales de otros Estados y a empresas cubanas y foráneas, que por las leyes y regulaciones del bloqueo han sido víctimas de esta guerra económica contra nuestra Patria.
Todo comenzó el 8 de julio de 1963, cuando el Departamento del Tesoro emitió las llamadas Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, o sea, las regulaciones del bloqueo, congelando todos los activos cubanos en los Estados Unidos. ¿Qué contenían entonces o contienen actualmente esos activos congelados? De todo, desde propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al Estado, a entidades y a personas naturales cubanas, hasta transferencias realizadas a Cuba por entidades y personas extranjeras, e incluso premios en metálico obtenidos por ciudadanos cubanos en concursos o eventos deportivos internacionales y herencias.
Aunque ya era ilegal la inmovilización de esos fondos, a partir de mediados de la década del 90 estos comienzan a sufrir una nueva forma de ataque: el robo de los bienes del Estado y de empresas cubanas por decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, o como resultado de fallos contra Cuba en tribunales de la Florida y de la aprobación de leyes anticubanas en el Congreso de ese país. Entre 1996 y el 2006, nuestro Estado sufrió cuatro despojos de esos fondos por 170 millones de dólares.
2 de octubre de 1996: El presidente William Clinton ordenó al Secretario del Tesoro tomar 1,2 millones de dólares de los fondos congelados cubanos, a fin de ser entregados a los familiares de los pilotos de la organización terrorista Hermanos al Rescate, derribados por violar reiteradamente el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996.
12 de febrero del 2001: Cumpliendo una orden del presidente Clinton del 19 de enero del 2001, el Director de la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, instruyó al Chase Manhattan Bank transferir 96 millones 700 mil dólares de dos cuentas congeladas pertenecientes a EMTELCUBA, para indemnizar a los familiares de los pilotos de la organización Hermanos al Rescate.
Este robo fue facilitado por la gestión del entonces senador Connie Mack, quien actuando al servicio de la mafia anticubana del sur de la Florida, logró que se aprobara en el Capitolio la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, la cual contiene un apartado que permite ejecutar fallos judiciales espurios contra los fondos congelados del Estado cubano, y continuar estimulando este aberrante ataque a Cuba.
29 de abril del 2005: El presidente Bush dispuso que el Departamento del Tesoro entregara 198 mil dólares de los fondos congelados cubanos a la ciudadana de origen cubano residente en Miami, Ana Margarita Martínez, quien había obtenido en el 2001 un fallo de una Corte de Miami a su favor, por insólitos cargos de tortura y agresión sexual, supuestamente infligidos por un agente cubano, infiltrado en un grupo terrorista, que entonces estaba casado con ella.
Esta historia, como la de las dos felonías anteriores, es conocida. Granma publicó el 15 de enero del 2007, hace solo poco más de cinco años, un artículo que recordaba cómo en el 2002 y el 2003, el propio gobierno de W. Bush ya había facilitado a Ana Margarita apropiarse de otros bienes cubanos, al autorizarle el Departamento del Tesoro la licencia que le permitió subastar tres aeronaves cubanas secuestradas, previamente incautadas por orden judicial: un AN-2, el 11 de noviembre del 2002; un DC-3, el 19 de marzo del 2003, y 12 días después, un AN-24. Hablando claro, el gobierno de Estados Unidos permitió que se consumara ese otro robo.
27 de noviembre del 2006: Dando cumplimiento a la orden de un juez federal de Nueva York, el banco JP Morgan Chase transfirió 72 millones 126 mil 884 dólares a las familias Anderson MacCarthy y Ray Weininger, para satisfacer en parte los fallos contra la República de Cuba, derivados de demandas espurias que estas presentaron por las legítimas medidas de defensa del gobierno cubano contra las acciones agresivas de sus familiares, Thomas Willard Ray y Howard F. Anderson, al servicio del gobierno de los Estados Unidos a principios de la Revolución.
¿Quiénes son Willard y Anderson? Willard: Piloto estadounidense y agente de la CIA. Se dijo que fue ejecutado sumariamente el 19 de abril de 1961, pero la verdad es que murió en un enfrentamiento, cuando su B-26 fue derribado durante la invasión mercenaria de Playa Girón. Durante 18 años, su cadáver fue conservado en el Instituto de Medicina Legal de Cuba, porque Washington ocultó su identidad y se negó a aceptar su ciudadanía y responsabilidad en la agresión, así como de otro grupo de pilotos norteamericanos que apoyaron por órdenes de la CIA a la brigada mercenaria 2506.
Anderson: Fue capturado semanas antes de la invasión de Girón cuando desarrollaba actividades subversivas al servicio del gobierno de Estados Unidos. Perteneciente a un grupo armado de exmilitares de la tiranía de Batista, a este hombre le ocuparon al momento de detenerlo ocho toneladas de armamentos para emprender acciones terroristas y sabotajes. Era, además, el enlace de la CIA con las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. Fue juzgado en abril de 1961 y condenado a la pena capital.
Como resultado de esos despojos, los fondos congelados del Estado y de entidades cubanas en bancos de los Estados Unidos están prácticamente extinguidos. El grueso de los activos que siguen bloqueados pertenece a ciudadanos cubanos y a personas y entidades extranjeras.
La política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que incluye el férreo bloqueo de hace más de 50 años, la arbitraria e infundada designación como Estado patrocinador del terrorismo internacional y la manipulación de tal falacia para promover demandas contra nuestro país en aras de obtener indemnización a costa de los fondos congelados, son algunas de las patrañas de la primera economía del mundo contra una nación pequeña como lo es Cuba. También lo es la complicidad de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de los Estados Unidos amparando la expropiación inescrupulosa de bienes cubanos.
Granma aportó el lunes pasado un dato incorrecto al hacer una sumatoria mecánica de ambas cifras, y en tal sentido vale la aclaración de que no son 493 millones de dólares los fondos congelados de Cuba en los Estados Unidos en virtud del bloqueo económico, comercial y financiero, sino 245 millones de dólares al finalizar el año 2011, como se mencionó arriba.
Pero sí es cierto que de ese monto, el dinero que pertenecía al Gobierno cubano ya no existe en el "congelador". Fue robado. También se han producido, desde hace varios años, apropiaciones que afectan dinero y bienes pertenecientes, tanto a ciudadanos cubanos residentes en nuestro país o en otros, a nacionales de otros Estados y a empresas cubanas y foráneas, que por las leyes y regulaciones del bloqueo han sido víctimas de esta guerra económica contra nuestra Patria.
Todo comenzó el 8 de julio de 1963, cuando el Departamento del Tesoro emitió las llamadas Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, o sea, las regulaciones del bloqueo, congelando todos los activos cubanos en los Estados Unidos. ¿Qué contenían entonces o contienen actualmente esos activos congelados? De todo, desde propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al Estado, a entidades y a personas naturales cubanas, hasta transferencias realizadas a Cuba por entidades y personas extranjeras, e incluso premios en metálico obtenidos por ciudadanos cubanos en concursos o eventos deportivos internacionales y herencias.
Aunque ya era ilegal la inmovilización de esos fondos, a partir de mediados de la década del 90 estos comienzan a sufrir una nueva forma de ataque: el robo de los bienes del Estado y de empresas cubanas por decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, o como resultado de fallos contra Cuba en tribunales de la Florida y de la aprobación de leyes anticubanas en el Congreso de ese país. Entre 1996 y el 2006, nuestro Estado sufrió cuatro despojos de esos fondos por 170 millones de dólares.
2 de octubre de 1996: El presidente William Clinton ordenó al Secretario del Tesoro tomar 1,2 millones de dólares de los fondos congelados cubanos, a fin de ser entregados a los familiares de los pilotos de la organización terrorista Hermanos al Rescate, derribados por violar reiteradamente el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996.
12 de febrero del 2001: Cumpliendo una orden del presidente Clinton del 19 de enero del 2001, el Director de la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, instruyó al Chase Manhattan Bank transferir 96 millones 700 mil dólares de dos cuentas congeladas pertenecientes a EMTELCUBA, para indemnizar a los familiares de los pilotos de la organización Hermanos al Rescate.
Este robo fue facilitado por la gestión del entonces senador Connie Mack, quien actuando al servicio de la mafia anticubana del sur de la Florida, logró que se aprobara en el Capitolio la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, la cual contiene un apartado que permite ejecutar fallos judiciales espurios contra los fondos congelados del Estado cubano, y continuar estimulando este aberrante ataque a Cuba.
29 de abril del 2005: El presidente Bush dispuso que el Departamento del Tesoro entregara 198 mil dólares de los fondos congelados cubanos a la ciudadana de origen cubano residente en Miami, Ana Margarita Martínez, quien había obtenido en el 2001 un fallo de una Corte de Miami a su favor, por insólitos cargos de tortura y agresión sexual, supuestamente infligidos por un agente cubano, infiltrado en un grupo terrorista, que entonces estaba casado con ella.
Esta historia, como la de las dos felonías anteriores, es conocida. Granma publicó el 15 de enero del 2007, hace solo poco más de cinco años, un artículo que recordaba cómo en el 2002 y el 2003, el propio gobierno de W. Bush ya había facilitado a Ana Margarita apropiarse de otros bienes cubanos, al autorizarle el Departamento del Tesoro la licencia que le permitió subastar tres aeronaves cubanas secuestradas, previamente incautadas por orden judicial: un AN-2, el 11 de noviembre del 2002; un DC-3, el 19 de marzo del 2003, y 12 días después, un AN-24. Hablando claro, el gobierno de Estados Unidos permitió que se consumara ese otro robo.
27 de noviembre del 2006: Dando cumplimiento a la orden de un juez federal de Nueva York, el banco JP Morgan Chase transfirió 72 millones 126 mil 884 dólares a las familias Anderson MacCarthy y Ray Weininger, para satisfacer en parte los fallos contra la República de Cuba, derivados de demandas espurias que estas presentaron por las legítimas medidas de defensa del gobierno cubano contra las acciones agresivas de sus familiares, Thomas Willard Ray y Howard F. Anderson, al servicio del gobierno de los Estados Unidos a principios de la Revolución.
¿Quiénes son Willard y Anderson? Willard: Piloto estadounidense y agente de la CIA. Se dijo que fue ejecutado sumariamente el 19 de abril de 1961, pero la verdad es que murió en un enfrentamiento, cuando su B-26 fue derribado durante la invasión mercenaria de Playa Girón. Durante 18 años, su cadáver fue conservado en el Instituto de Medicina Legal de Cuba, porque Washington ocultó su identidad y se negó a aceptar su ciudadanía y responsabilidad en la agresión, así como de otro grupo de pilotos norteamericanos que apoyaron por órdenes de la CIA a la brigada mercenaria 2506.
Anderson: Fue capturado semanas antes de la invasión de Girón cuando desarrollaba actividades subversivas al servicio del gobierno de Estados Unidos. Perteneciente a un grupo armado de exmilitares de la tiranía de Batista, a este hombre le ocuparon al momento de detenerlo ocho toneladas de armamentos para emprender acciones terroristas y sabotajes. Era, además, el enlace de la CIA con las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. Fue juzgado en abril de 1961 y condenado a la pena capital.
Como resultado de esos despojos, los fondos congelados del Estado y de entidades cubanas en bancos de los Estados Unidos están prácticamente extinguidos. El grueso de los activos que siguen bloqueados pertenece a ciudadanos cubanos y a personas y entidades extranjeras.
La política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que incluye el férreo bloqueo de hace más de 50 años, la arbitraria e infundada designación como Estado patrocinador del terrorismo internacional y la manipulación de tal falacia para promover demandas contra nuestro país en aras de obtener indemnización a costa de los fondos congelados, son algunas de las patrañas de la primera economía del mundo contra una nación pequeña como lo es Cuba. También lo es la complicidad de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de los Estados Unidos amparando la expropiación inescrupulosa de bienes cubanos.
Esa es la verdad de los fondos congelados, es decir, robados.
Oscar Sánchez Serra Aparecido en Granma
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