A mi
regreso este martes de un viaje a La Habana, como es costumbre, me puse a
revisar la prensa que tenía acumulada para ponerme al día. Fue así que encontré
un artículo del periodista Jay Weaver aparecido este mismo martes 15 de mayo,
tanto en The Miami Herald como en El Nuevo Herald, titulado en este último
“Jueza anula condena de cadena perpetua”. Dicho artículo trata sobre uno de los
tantos hechos delictivos vinculados al tráfico de drogas, particularmente de
cocaína, que hizo ola en Miami en décadas pasadas; pero me permitirá hacer una
analogía o comparación que creo importante y reveladora de los desiguales
estándares con que puede impartirse la justicia en los Estados Unidos y mucho
más en una ciudad como Miami.
En el
mencionado artículo Jay Weaver cuenta la historia de Yuby Ramírez, una ciudadana
colombiana de 41 años condenada a cadena perpetua en el 2001 por el delito de
“conspiración para cometer asesinato”. El objetivo de esta conspiración era
eliminar a un testigo del gobierno que iba a declarar contra los
narcotraficantes Willie Falcón y Sal Magluta, connotados narcotraficantes de la
llamada era de los “cocaine cowboys”, condenados a largas condenas por ese
delito. Todo parecía indicar que Yuby Ramírez iba a estar encerrada el resto de
sus días, pero una jueza federal admitió que había sido mal asesorada por sus
antiguos abogados y, acompañándose de nuevos defensores, logró hacer un trato
judicial que le bajó la condena a 10 años; saliendo inmediatamente en libertad,
pues al estar presa desde el 2001 el tiempo pasado en prisión le cubría la nueva
sentencia. A Yuby Ramírez no solo se le probó el cargo de “conspiración para
cometer asesinato”, sino que además ella misma acabó confesando su
culpabilidad.
Les
decía que esta historia me iba a permitir manejar una comparación, porque
precisamente ese cargo de “conspirar para cometer asesinato” que se le imputó a
la ciudadana colombiana Yuby Ramírez, y del que acaba de salir en libertad, es
el mismo que se le imputa al luchador antiterrorista Gerardo Hernández Nordelo,
y por el que se le condenó no a una sino a dos cadenas perpetuas, más quince
años. Solo que a Gerardo no se le pudo probar en corte y mucho menos reconoció o
confesó haber tenido algo que ver con el intento de actuar contra la vida de
alguna persona.
El cargo
de “conspirar para cometer asesinato” era tan insostenible en el caso de Gerardo
Hernández Nordelo que la misma fiscalía, o sea el gobierno de los Estados
Unidos, quiso desestimarlo porque temía que junto a él se le cayera el caso
completo. Como se supo después por documentos desclasificados, el FBI
monitoreaba a Gerardo Hernández desde años antes de su detención y precisamente
por eso el gobierno norteamericano sabía perfectamente que Gerardo era inocente
del cargo de conspirar para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate.
Sabían lo que hacía Gerardo, escuchaban lo que hablaba Gerardo, así que nadie
mejor que ellos mismos para saber que el cargo de “conspiración para asesinar”
era improcedente en su contra. ¿Cómo fue que de todas formas esa acusación
persistió contra Gerardo? ¿Cómo fue que la jueza la mantuvo aún pidiendo la
fiscalía su eliminación para no quedarse con nada? Es algo que todavía nadie
puede explicar.
Se suele
afirmar que en el sistema judicial norteamericano los jueces pueden impartir
justicia según criterio y autoridad propia. Aunque la historia está llena de
ejemplos que demuestran lo contrario, cualquiera pude pensar que juezas
distintas pudieron llegar también a distintas conclusiones; pero: ¿Cómo se llama
la jueza que condenó a Gerardo Hernández Nordelo a dos cadenas perpetuas y
quince años por supuestamente “conspirar para cometer asesinato”, sin que se
hubiera probado en corte o él lo hubiera confesado? Pues esa jueza se llama Joan
Lenard. ¿Y quién es la jueza que acaba de anular la cadena perpetua a Yuby
Ramírez por el delito probado, declarado y confeso de “conspirar para cometer
asesinato”? Pues es la jueza Joan Lenard. Es decir, la misma jueza federal en
ambos casos, anula la sentencia por un lado y la multiplica por el otro.
No hacía
falta otra evidencia para concluir lo que todo el mundo sabe: que el juicio en
Miami contra los cinco luchadores antiterroristas cubanos fue un juicio
político, parcializado por la influencia de los grupos de la derecha
cubanoamericana y la presión de una prensa rendida a sus intereses. Aquí está
otra prueba de los diferentes estándares con que se aplica la justicia en los
Estados Unidos y, a la vez, un antecedente para que la misma jueza Joan Lenard
reconsidere las injustas condenas dictadas contra nuestros cinco héroes.
Por
Edmundo García
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