BBC ha divulgado que el gobierno ecuatoriano solicitó
formalmente a la embajada de Estados Unidos en Quito, el retiro de los
integrantes de la Oficina de Cooperación de Seguridad de dicha sede
diplomática.
Casi de inmediato, el vocero de la sede diplomática,
Jeffrey Weinshenker, esclareció que el plazo concedido es hasta fines de abril,
justificando que, aunque respeta la decisión del gobierno de Correa, la cooperación
brindada ha servido para avanzar “en la lucha contra el tráfico de drogas, el
tráfico de seres humanos, el terrorismo y otros delitos transnacionales”.
Correa siempre ha visto con recelo la presencia en
estos momentos de hasta 50 militares USA en su país, lo que manifestó desde
enero pasado. Aunque la embajada quiere disminuir la presencia de este numeroso
grupo de agentes desestabilizadores, lo cierto es que existen fuertes
antecedentes de injerencia norteamericana dentro del Ecuador y la vinculación
de la embajada USA en complots para derrocar al gobierno.
En estos planes han estado involucrados varios
agregados diplomáticos pertenecientes a agencias de inteligencia norteamericana
como la NSA, la DIA, la CIA, el FNI, la USAID – la cual termina pronto sus
actividades en el país en septiembre próximo-, así como otros funcionarios
vinculados a los Departamento de Defensa
y Departamento de Estado de EE.UU.
El
ensayo golpista en Ecuador
Hasta el momento se ha confirmado la intervención de
agentes de inteligencia norteamericanos, ubicados en la embajada USA en ese
país, como los responsables de promover y financiar los hechos que condujeron a
la intentona de golpe de estado del 30 de septiembre de 2010.
Correa retrató el siniestro plan de la oposición que
involucró a estamentos castrenses, policiales y partidos de derecha. Él sabía
sobre la participación directa de funcionarios diplomáticos en la guerra sucia
establecida desde el mismo momento que asumió la presidencia.
No detallaré cada parte de los acontecimientos, los
que son harto conocidos por el mundo. Sin embargo, hay sucesos que merecen
analizarse y que comprueban que no se limitaron a una sublevación de escasos
policías y militares en repudio a lo que veían como una ley que afectaba sus
derechos. Fue realmente un ensayo de golpe de estado que sirvió a las fuerzas
de la oposición para evaluar la capacidad de respuesta del pueblo y de las
instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas policiacas y militares del
país, así como la posición de otras naciones ante el ataque premeditado y
violatorio de la institucionalidad. Esto por supuesto, merece ser analizado en
cada una de sus particularidades.
Las naciones que han padecido los golpes de estado ven
con sorpresa ciertos indicios putchistas que tuvieron lugar durante el día 30
de septiembre: la toma de instalaciones militares y el acuartelamiento
sospechoso de las fuerzas armadas, el desconocimiento de las autoridades
gubernamentales; el cierre de los principales aeropuertos del país y
principales carreteras y vías de acceso a la capital; el establecimiento de un
entarimado mediático para distorsionar los hechos, la supresión de los órganos
de difusión vinculados al gobierno, como TV Ecuador; el ataque y toma de la
sede de la Asamblea Nacional; la incitación al caos y a la indisciplina social,
avalado por el abandono deliberado de los órganos policiales y militares de sus
misiones de proteger a la ciudadanía y a la propiedad, incluida la guardia de
seguridad legislativa, así como la creación de un ambiente de nociva confusión
en casi todo el país.
Varios artilugios fueron preparados en este caso. Un
hecho precedente y sospechoso, sin embargo, ocurrido días antes y que podría
estar vinculado a las acciones del día 30, cuyo propósito podría haber sido
inhabilitar a Correa en su capacidad de acción y movilidad durante la intentona
golpista, fue que éste fue sometido a una inadecuada androscopía, cuando lo
recomendable era realizarle una osteostomía, procedimiento menos invasivo y de
mejores resultados de acuerdo a su padecer de la rodilla. Sospechosamente,
muchos años antes, se utilizaron procedimientos quirúrgicos inadecuados en ex
mandatarios como Juan Velazco Alvarado, en Perú, y Saddam Hussein, en Irak,
para inhabilitarlos físicamente en medio de crisis políticas en sus países
respectivos. No se descarta, pues, que esta haya sido una maniobra premeditada
para incapacitar a Correa y hacerlo vulnerable en medio de la planeada crisis
golpista.
Otra de las maniobras previas al golpe se realizó el
22 de septiembre de 2010, cuando grupos opositores trataron de recoger firmas
para revocar al presidente Correa, según estipula la Constitución del 2008,
para que el Consejo Nacional Electoral llamara a la consulta popular. Los
resultados de la firma privada Cedatos-Gallup indicaron, mediante sondeos, que
la maniobra no prosperaría. Otras encuestadoras también favorecían a Correa. Es
por ello que el camino de las urnas estaba cerrado para los planes de la
derecha de derrocar a Correa por vía legal. Solo quedaba la opción golpista.
Asimismo, como antecedente a la intentona golpista,
otra igualmente denigrante se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2010, cuando
varios legisladores de la oposición ecuatoriana acudieron a la Organización de
Estados Americanos (OEA) para difamar el contenido de un proyecto de ley de
comunicación en Ecuador, considerado por ellos como dañino a la libertad de
expresión por parte del gobierno de Correa. La difamatoria comisión incluía a
Fausto Cobo y Andrés Aguirre, ambos del Partido Sociedad Patriótica; César
Montufar de la Concentración Nacional; Leonardo Viteri, del Partido Social
Cristiano; Magali Orellana de Pachakutik; Andrés Páez, legislador de Izquierda
Democrática; así como al independiente Fernández González.
Mientras los revoltosos atentaban contra el orden
institucional, no se hizo esperar la primera reacción política de la oposición
y de los autores de la asonada golpista: el cabecilla del Partido Sociedad
Patriótica, el ex mandatario Lucio Gutiérrez, convocó a la disolución de la
Asamblea Nacional y a realizar, de inmediato, nuevas elecciones presidenciales,
dando por adelantado la caída del gobierno de Correa. Fueron momentos, incluso,
en que se manejó la eliminación física de Correa cuando el mismo fue custodiado
por policías insubordinados en el Hospital de la Policía de Quito. Varios de
los amotinados trataron de acceder agresivamente al local donde yacía el
presidente para presumiblemente asesinarlo. El plan golpista alcanzó su clímax
en esos momentos.
Poco a poco se fue desentrañando la verdad de lo que
sucedía.
Tal vez varios elementos influyeron en que los
amotinados no atentaran contra la vida de Correa, pero los más importantes
fueron la capacidad movilizadora del pueblo para defender a la democracia y la
reacción internacional a favor de Correa, mientras las instituciones armadas y
policiales observaban con sospechosa indiferencia el desarrollo de los
acontecimientos. Gracias a ello, varias fuerzas políticas del país, incluidas
algunas opositoras, se vieron obligadas a distanciarse de los golpistas.
La posición de una parte considerable del movimiento
indígena del país repudiando la intentona golpista, encabezado por la
Confederación de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONAIE) y sus filiales
ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE, quienes
se deslindaron de los complotados al declarar, en voz de Asencio Farinango, dirigente de Comunicación
de ECUARUNARI, lo siguiente: “Porque
somos opositores al gobierno nos quieren relacionar con estos hechos, pero como
movimiento indígena hoy más que nunca respaldamos el poder democrático y
llamamos a fortalecerlo”.
Por su parte, otro de los sectores que se deslindó de
los golpistas fue la Cámara de Industrias y de la Producción de Pichincha que,
en voz de su presidente, declaró: “Uno de los principios fundamentales que rige
la vida democrática es la estabilidad (…) La estabilidad es un requisito
indispensable para la inversión extranjera, la producción y el empleo (…) No se
puede aceptar el desorden e irrespeto a autoridades”.
La Iglesia Católica, por su parte, sin condenar
abiertamente los desmanes y la actitud inconstitucional de los golpistas, pidió
al gobierno de Correa la realización de un proceso de diálogo. Inusitadamente,
expresó en un comunicado firmado por sus obispos: "Pedimos al gobierno y
al Parlamento no imponer sus decisiones en forma unilateral, sino abrir un
auténtico proceso de diálogo que conduzca a una convivencia constructiva y
participativa". Para ellos, absurdamente, los hechos sucedidos son
responsabilidad del gobierno por no atender, supuestamente, los reclamos de
varios sectores del país. Su actitud contrastó con la del alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, enconado opositor a Correa, quien expresó: “Sigamos altivos,
rebeldes y opositores, pero jamás golpistas y contemplativos con la
delincuencia”.
Al analizar todas estas declaraciones controvertidas
de la oposición, quien no está acostumbrado a la buena fe de la oligarquía,
piensa que este intento golpista, o bien no incluyó a todos los opositores, o
varios de ellos se dedicaron a la espera dudosa para alinearse a los golpistas
y, en último caso, este conato fue un medidor de la situación. Muchos, es
cierto, permanecieron agazapados en espera de una orden y un apoyo que nunca
llegó. Esta vez no era fácil repetir la aventura hondureña.
La
campaña mediática como precedente golpista.
Los autores intelectuales de la asonada golpista
contra Correa siempre contaron con una sucia campaña mediática orquestada por
la Voz de las Américas y la Sociedad Interamericana de Prensa, a los que
responden los principales medios privados de comunicación, así como la
complicidad de muchas cadenas informativas, para crear las condiciones previas
al intento de golpe de estado o para desinformar a la opinión pública sobre la
marcha de los sucesos.
En el Ecuador ha operado la VOA con casi una decena de
medios y programas que transmiten su emisión insidiosa contra el gobierno de
Rafael Correa, entre los que se destacan La Voz de los Caras. Radio Quito,
Bolívar FM. Organización Radio Centro, El Telégrafo y la Prensa, la Voz del
Tomebamba, Luz y Vida, Ecos del Oriente. HCJB World Radio, C.R.E. y Melodía, y
las Ondas Azuayas de Cuenca.
La VOA y sus emisoras afiliadas en Ecuador trabajan
sistemáticamente con vistas de confundir ideológicamente a las masas populares
e indígenas, apoyada por el trabajo de zapa que realizan varias ONGs. Como
resultado de esta táctica han logrado crear conflictos diversos entre el
gobierno y el movimiento indígena mediante el empleo de la mentira, la confusión
y la detracción de los objetivos reformadores del gobierno de Rafael Correa.
Es por ello que no resultó extraño que se emplearan en
la actividad golpista mediática acciones como:
- El uso la red social Twitter para apoyar el plan
golpista o minimizarlo por algunos periodistas de derecha de Venezuela y de
otras naciones, tal como lo hizo la directora de la organización no
gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
- Inculpar a Correa y a su gobierno por los sucesos
que sacudieron a Ecuador, tal como lo hizo la opositora Globovisión.
- La reaccionaria Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), controladora de los medios de comunicación y agente de la subversión
contrarrevolucionaria y anti ALBA, se opusiera a enlazar los medios de radio y
televisión a la señal estatal de Ecuador, previsto en el estado de excepción
decretado por el Estado. Tácitamente, apoyó el intento golpista contra Correa.
- La transnacional CNN fue empleada para que uno de
los autores intelectuales del plan golpista, el ex presidente Lucio Gutiérrez,
hiciera campaña contra el gobierno ecuatoriano.
- Otro diario de derecha, La Nación, obvió la
represión contra el pueblo y los abusos de los amotinados, dando sobre
cobertura a un supuesto atentado contra Fausto Lupera, partidario de Lucio
Gutiérrez.
- Otro medio escrito, en este caso el diario uruguayo
el País, mintió deliberadamente en un editorial sobre los sucesos en Ecuador,
con independencia de apoyar a la democracia en Ecuador, al decir que: “El
detonante para la actual situación ha sido la decisión del gobierno de
modificar un sistema de beneficios y promociones, que impactarían en el salario
de la policía local. Todo en medio de un clima enrarecido, donde el presidente
Correa amenazaba con disolver el Parlamento, para destrabar una serie de
reformas, que legisladores de su propio partido se negaban a acompañar. Nada
extraño en un país donde el propio hermano del presidente se ha convertido en
uno de los principales dirigentes opositores a su gestión.”
La actividad de la embajada norteamericana.
La Embajada de EE UU en Ecuador, con una exagerada
representación diplomática compuesta por 185 funcionarios y ubicada en la
Avenida Avigiras E12-170 y Eloy Alfaro, en la zona norte de Quito, en un enorme
complejo constructivo donde están representadas casi todas las agencias
norteamericanas, entre ellas la CIA y el FBI, era dirigida por la señora Heather Hodges, como embajadora, y quien
fuera en 1991 nada menos que
Subdirectora de la Oficina de Asuntos Cubanos, así como por Andrew G. Chritton, como ministro
consejero.
Parte esencial de la actividad de espionaje en Ecuador
la han desarrollado la Sección Política (POL), el Grupo Militar de los Estados Unidos (USMILGRP), la Sección Antinarcóticos (NAS),
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE); la USAID,
los Cuerpos de Paz, entre otras.
Según un informe del mes de febrero de 2010, titulado
“APOYO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS AL DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD DEL
ECUADOR EN 2009”, aparecido en el sitio web de la embajada de Estados Unidos,
éste había desembolsado ese año un total de $59.767.437 de USD.
La USAID recibió 8,8 millones de dólares para su labor
desestabilizadora dentro de Ecuador, bajo la cobertura de un programa
denominado “Paz, Seguridad e Inversión en el Pueblo”: Otros cerca de 9,4
millones lo destinó la USAID al programa “Democracia y Gobernabilidad”,
supuestamente para favorecer a los “procesos democráticos” dentro de Ecuador,
entiéndase financiamiento a la oposición al gobierno de Correa. Otros programas
usados bajo la falsa cobertura de “Crecimiento Económico” y “Medio Ambiente”,
que han recibido 4,59 y $5,54 millones de USD, respectivamente, han tenido la
misma finalidad desestabilizadora.
En cuanto a la Asistencia Militar, los Estados Unidos
desembolsaron en el 2009 casi 13 millones de dólares en financiamiento de
programas de las FF AA de Ecuador, incluyendo abastecimiento militar, asesoría,
capacitación, además de otros 35 millones para la Fuerza Aérea Ecuatoriana
(FAE) y organizaciones “no gubernamentales”. Por otra parte, la Sección
Antinarcóticos desembolsó ese año cerca de 8 millones a los cuerpos
especializados de la Policía.
Según estudios realizados hace algunos años por las
organizaciones norteamericanas Latin América Working Group (LAWG) y el Center
for International Policy (CIP), el gobierno norteamericano ayuda a las FFAA y
los cuerpos policiacos ecuatorianos con grandes cantidades de recursos
militares y financieros, desde los años noventa. Aunque en apariencia estos
recursos están destinados al enfrentamiento al narcotráfico y la presencia
guerrillera colombiana en Ecuador, muchos de estos recursos se dirigieron a
financiar la persecución y espionaje contra las fuerzas progresistas de
Ecuador. En alguna medida estas partidas han continuado llegando hasta
militares y policías que conspiran a favor de EE UU. (Continuará)
Percy
Francisco Alvarado Godoy
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