domingo, 21 de febrero de 2016

Lo que se juega en Bolivia




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El referéndum que se llevará adelante en Bolivia el próximo 21 de febrero cristaliza el momento histórico que se está jugando en América Latina. Evo Morales es la expresión de un pueblo que se ha organizado durante siglos ante los embates de al menos tres imperios -español, inglés y norteamericano- y que ha definido disputar el poder del Estado para alcanzar su soberanía.

Hace tan sólo diez años, cuando Evo asumió como presidente de Bolivia con el 52% de los votos, el 60% de la población boliviana vivía bajo condiciones de pobreza y el 37%, bajo pobreza extrema. Con la nacionalización de los recursos naturales y la distribución de las riquezas, esas cifras descendieron al 39% y el 17%, respectivamente. Los evidentes logros son reconocidos incluso por el Banco Mundial y la Unión Europea.

El pueblo boliviano no solamente logró recuperar los recursos de su tierra, sino que además se encaró en la fundación de un nuevo tipo de Estado, el Estado Plurinacional. Esta experiencia única en el mundo desarma el esquema de Estado-Nación implantado por las élites liberales desde mediados de siglo XIX, que sirvió de base para la división internacional del capital entre países relegados a la producción de materias primas y países centrados en el desarrollo industrial y tecnológico-militar.


Pero en Bolivia, la sostenida resistencia contra un enemigo violento y aniquilador permitió la conservación de una identidad que, lejos de ser objeto de museo, se ha presentado con toda su carga histórica en el presente y ha sobrepasado, como una avalancha, a una rancia oligarquía carente de programa para recuperar el poder estatal. Procesos como este se han dado en distintos rincones de América Latina durante los primero años del siglo XXI, como respuesta a las políticas neoliberales.

Sin embargo, más allá de los avances, Bolivia ha sufrido un nuevo tipo de control imperial durante la última década: la injerencia imperialista.

En América Latina, el control de los territorios ya no se manifiesta solamente a través de la ocupación militar y la violencia directa sobre la población. La injerencia de los poderes concentrados incluye una serie de dispositivos que son activados de manera permanente y combinada -sobre todo luego de perder el aparato del Estado-, con el objetivo de influir en la opinión pública -los votos- con el objetivo de reconquistar el poder institucional perdido y de desdeñar las referencias culturales e ideológicas que ya no pueden reprimir violentamente, por carecer del aparato militar local.

Esta nueva táctica, o combinación de tácticas, incluye: la influencia de organismos internacionales de financiamiento que se concentran en una oficina local -la Embajada de Estados Unidos-; el despliegue de una serie de “organizaciones no gubernamentales” (ONGs) que apuntan a paralelizar la política pública estatal, autoproclamándose “representantes” de la sociedad civil; el sistema de medios de comunicación empresariales vinculados a la industria cultural y del entretenimiento; y acciones violentas de calle perpetradas contra civiles y cuyos responsables son anónimos o difusos.

Los organismos internacionales se reducen a aquellas instituciones dependientes de otros Estados (como en este caso la DEA, la USAID y la NED, todos dependientes de Estados Unidos) o de otros partidos políticos fuera del territorio (como el NDI, IRI y la KAS) que tienen una capacidad abrumadora de inyección de capitales a diversas organizaciones, partidos políticos y personalidades que hacen vida en el país. Tanto la DEA como la USAID fueron expulsadas de Bolivia durante el primer gobierno de Evo, junto con el embajador norteamericano Phillip Goldberg, tras evidenciarse las operaciones de desestabilización vinculadas al proceso “separatista” encabezado por la derecha santacruceña y que devino en el referéndum revocatorio en 2008, en el que Evo fue ratificado por el 67% de los votos.

Las ONGs, por su parte, se erigen bajo el mote de “tercer sector”, buscando un aire de neutralidad frente al Estado y al sector empresarial. No obstante, son financiadas por este último en su calidad de “donante”, o bajo la bien vista “responsabilidad social empresaria”. Las ONGs se dedican a realizar el trabajo político en el territorio, lo que para muchos puede ser considerado como “activismo político”, pero en este caso, motivadas por un ingreso económico o ideológico no manifiesto.

A su vez, se vinculan estrechamente con los think tank de diversos organismos internacionales, impulsando la formación de “liderazgos”, es decir, cuadros políticos, que luego dirigen los partidos de la burguesía local. En Bolivia fue muy conocido el caso de la ONG Avaaz.com, que intervino en el conflicto del TIPNIS que empujó al presidente a plantear su renuncia, mientras que los movimientos sociales lo empujaron a mantenerse en el cargo.

Avaaz se presenta como una organización independiente, juvenil y progresista, aunque está vinculada a la Chatham House, el Council on Foreign Relations (CFR), el Partido Demócrata norteamericano y el magnate húngaro George Soros, mientras mantiene una clara postura “antiterrorista” en Medio Oriente. En este caso, su interés se basó en una supuesta defensa de la Amazonía boliviana, territorio que, en los manuales militares norteamericanos consideran “territorio internacional”, es decir, de su soberanía.

Finalmente, el sistema de medios incluye a todo el aparato internacional que influye en la construcción de matrices mediáticas que son replicadas tanto dentro como fuera de las fronteras de esos países y que responden a los dueños de estos conglomerados: en América Latina, suelen estar vinculados a la banca internacional, las asesoras financieras y las multinacionales de alimentos. Más recientemente, esta maniobra se expresó a través del “caso de tráfico de influencias”, en el que se acusó mediáticamente a Evo Morales por corrupción – aunque se omitió la presentación judicial correspondiente- y en el que participaron los grandes medios de todo el continente.

En el plano de las manifestaciones violentas, la más reciente sucedió hace pocas horas, mediante el incendio a la Alcaldía de El Alto durante una movilización en el que murieron seis trabajadores, ataque que se dio simultáneamente al cierre de campaña que encabezaba Evo a pocos kilómetros, en el sur de La Paz, y del que se desconocen los responsables políticos.

El proceso electoral abierto es expresión de una voluntad inclaudicable de avance de un pueblo cada vez más organizado y determinado a retomar las riendas de su historia. Las diversas y permanentes tácticas de ataque desplegadas contra esta determinación podrán ser ratificadas por sus autores intelectuales, o derrotadas una vez más, abriendo un aire de esperanza para Nuestra América toda.

Por Micaela Ryan

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