Desoyendo el clamor internacional y
nacional, aprobaron en último debate en el Congreso el esperpento de reforma a
la Constitución para ampliar el fuero penal militar. Los delitos del Ejército
serán juzgados por tribunales militares:impunidad total, mayor terrorismo de
Estado en Colombia
Excepto 7, todos los delitos del Ejército
serán juzgados por tribunales militares
Aprobado el fuero de la impunidad: licencia
para matar, desaparecer, torturar...
El Congreso le aprobó a la Fuerza Pública
licencia para matar, desaparecer, torturar y violar los derechos humanos y el
DIH impunemente
Desafuero penal militar
Sin ninguna vergüenza, desoyendo el clamor
internacional y nacional, el poder Legislativo y el Ejecutivo, salieron airosos
al ser aprobado en último debate en el Congreso el esperpento de reforma a la
Constitución para ampliar el fuero penal militar.
“La aprobación de esta reforma
constitucional va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por
Colombia en materia de derechos humanos y entraña el riesgo de consolidar
todavía más la impunidad de las fuerzas armadas y la policía", manifestó Susan
Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“La aprobación de esta reforma será un
indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos
en un contexto en que las fuerzas armadas y la policía continúan cometiendo
graves violaciones de derechos humanos directamente o en coordinación con los
paramilitares”
La ONU y Human Rights Watch, explicaron que
todos los crímenes que cometan las fuerzas militares y la policía, “serán
conocidos exclusivamente” por tribunales militares, excepto, aparentemente, los
crímenes de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia
sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado.
Por consiguiente, la justicia penal militar
investigará y juzgará todos los demás tipos de violaciones de derechos
humanos.
En cuanto a la coartada que encierra las
“exclusiones de la justicia penal militar”, la ONU y HRW advirtieron que “de
acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente “por
la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales,
la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados
como delitos de lesa humanidad “si forman parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y
de acuerdo con la política de un Estado u organización.
“En palabras del Fiscal General Eduardo
Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos
humanos’.
“El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados
contra la población civil”.
Por lo tanto en la enmienda aprobada, para
poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los
fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa
humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones
extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de un ataque
generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil
con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo
cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los
criminales.
“Al día siguiente de aprobarse esta reforma,
lo más seguro es que los abogados de quienes están investigados como presuntos
responsables de los “falsos positivos”, a través de un artificio jurídico,
reclamen la aplicación del principio de favorabilidad, fundado en que como sólo
hasta ahora se ha venido a tipificar como delito la conducta de ejecución
extrajudicial, ella no puede ser aplicada a situaciones pasadas.
“Si ello ocurre, para vergüenza
internacional se abrirán las puertas de las cárceles a muchos criminales que
delinquieron en nombre de la patria.
“Que los militares tienen derechos, eso no
está en duda, pero de ahí a reformar la Constitución para convertirlos en
intocables, eso sí no puede ser en un Estado de derecho.
"Es una lástima que eso no lo tenga claro el
ministro Juan Carlos Pinzón, quizá por su errada apreciación de creer que su
papel es el de estafeta y no el de quien, junto con el presidente, tiene la
función de gobernar en materias militares”, advirtió el jurista y columnista
Ramiro Bejarano.
Por su parte el excongresista y columnista
Rodrigo Uprimny afirma que: “El proyecto establece que toda infracción al
derecho humanitario será conocida por la justicia militar, con excepción de los
delitos expresamente excluidos.
“Resultado: si hay una muerte o un posible
abuso en una operación militar, los primeros pasos de la investigación los hará
la justicia militar y no la Fiscalía, como sucede actualmente. Será la justicia
militar la que llegue al sitio de los hechos y realice las primeras
indagaciones.
“Todo experto en criminalística sabe que
esas primeras horas son decisivas, pues se recogen (o dejan de recoger) las
pruebas esenciales.
“Entonces, en la práctica, será la justicia
militar la que determine si la muerte fue un acto legítimo de guerra, una
infracción al derecho humanitario que le corresponda investigar o una ejecución
extrajudicial que deba reenviar a la justicia ordinaria.
“¿Cómo podrá entonces enterarse la Fiscalía
de que hubo un crimen que deba investigar? Dependerá de que la justicia militar
le remita el caso, lo cual casi nunca ha ocurrido en violaciones a los derechos
humanos.
“Pero supongamos que por alguna razón se
sabe que pudo haber un falso positivo. ¿Puede entonces intervenir la Fiscalía
autónomamente? No, pues en ese evento entra a operar la ambigua “comisión
técnica de coordinación”, que incluye a representantes de la justicia
militar.
“Y si esa comisión concluye que el caso es
de la justicia ordinaria, el militar procesado podría todavía acudir al
“tribunal de garantías penales” creado por la reforma, que definirá
definitivamente quién investiga el caso. Y la mitad de los miembros de ese
tribunal son militares o policías retirados”.
Para redondear la faena, el Consejo de
Estado tumbó, en la misma fecha, el acuerdo que facultaba a la Fiscalía decidir
en que casos investigaba a los militares inmersos en muertes en
combates.
Por lo anterior se puede afirmar sin lugar a
equívocos que el esperpento que acaba de aprobar irresponsablemente el
“Honorable” Congreso de la República, no es otra cosa que el otorgamiento a
militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer,
desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana
o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus
crímenes.
Publicado por OJOS PARA LA PAZ/COLOMBIA para ojos para la paz
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