La población de EEUU tiene otra
razón para acusar a los servicios secretos de que tiene sometida a la
sociedad bajo una vigilancia total.
Los medios de comunicación publicaron un
proyecto de ley gubernamental que autoriza el acceso de los servicios
secretos a los datos de operaciones bancarias en EEUU. La Administración
Obama explica que la medida contribuiría a combatir el terrorismo, pero
los activistas de derechos humanos la califican como una forma de
espionaje contra su propio pueblo.
La fuga
informativa que provocó el escándalo tuvo lugar en la Secretaría del
Tesoro de EEUU. Los periodistas consiguieron un borrador del proyecto
gubernamental para autorizar el acceso de todos los servicios secretos a
la información de las cuentas y operaciones bancarias de las
organizaciones financieras de EEUU. Los funcionarios de la
Administración de EEUU argumentan que la medida permitiría controlar de
manera más eficaz las actividades de los terroristas y delincuentes
juntando diferentes bancos de datos. De acuerdo a la legislación
vigente, todos los bancos y otras veinticinco mil compañías
estadounidenses, como casinos, sistemas de pago, puestos para giros de
dinero, etc., deben informar a FinCEN (Organización de Lucha contra los
Delitos Financieros) de todas las operaciones sospechosas. Se trata,
concretamente, de transferencias mayores de diez mil dólares y flujos
sospechosos en las cuentas. FinCEN recibe unos quince millones de
informes anuales de ese tipo. Por ahora, solo la FBI tiene acceso libre a
estos datos. El resto de los servicios secretos, incluidos los pesos
pesados de la FBI y la NSA, tienen que solicitar el acceso en cada caso
concreto.
La iniciativa de la Casa Blanca
desató fuertes protestas por parte de los defensores de los derechos
humanos que señalan que los servicios secretos ya tienen acceso a un
enorme volumen de datos personales de la población. Además, siguen sin
aclarar las metodologías para usarlos y los criterios para imponer
vigilancia a tal o cual persona. Sharon Bradford Franklin , asesora
principal de la organización de derechos humanos “Proyecto
Constitucional”, advierte que millones de estadounidenses pueden
convertirse en potenciales sospechosos de ayudar a los terroristas. Y
sin razón alguna.
Por otro lado, no se trata
sino de una idea comentada en el seno de la Administración de EEUU. No
sabemos cuándo se llegará a la aprobación de leyes concretas. Pero los
servicios secretos son tan influyentes que bien pueden hacer pasar el
documento por la Administración de EEUU y el Congreso.
La Voz de Rusia
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