La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ) de Ecuador Lucy Blacio dictó este martes una orden de
prisión preventiva contra tres altos oficiales en servicio pasivo por
supuestos actos de tortura y desaparición forzosa ocurridos hace casi
tres décadas, en el primer caso de delitos de lesa humanidad que se
judicializa en el país.
La resolución de la jueza dispone el arresto domiciliario de otros
siete coroneles y generales, y la prohibición de enajenar bienes a todo
el grupo de militares y policías acusado por la Fiscalía del Estado de
delitos de lesa humanidad.
Los militares y policías en servicio pasivo, cuyas edades actuales
van de entre 58 y 81 años de edad, son acusados de haber participado en
torturas, desapariciones y violencia sexual contra tres ex miembros de
un grupo armado, que se autodenominaba de izquierda revolucionario y
marxista-leninista.
Tras seis horas de audiencia de formulación de cargos, la jueza
acogió el pedido de la Fiscalía y dio paso a la instrucción fiscal por
el presunto delito de lesa humanidad.
La etapa de instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual
la Fiscalía reforzará su argumentación legal que compruebe la existencia
del delito de lesa humanidad (tortura, violencia sexual y desaparición
forzada).
Las medidas adoptadas por la jueza forman parte de la instrucción
fiscal, una etapa de investigación previa al inicio de un juicio penal
en contra de los militares retirados, que podría tardar años antes de
una sentencia definitiva. Dos de los acusados estarían fuera del país,
según medios locales, informa Reuters.
Para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, quien
presentó el caso en la audiencia, esto significa "un gran salto en la
justicia del Ecuador, luego de 28 años de impunidad".
Para asegurar la comparecencia de los procesados en la etapa de
juicio, la jueza aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión
preventiva contra E.V., L.P. y F.R. Mientras que el arresto domiciliario
lo ordenó para J.A., M.D., J.R., M.A., N.E. y G.R. Entre tanto para
C.J. no dictó medida cautelar que prive su libertad por su estado de
salud, pero tiene prohibido salir del país.
HECHOS IMPUTADOS
HECHOS IMPUTADOS
La supuesta tortura se habría producido en 1985 en un cuartel
militar a las afueras de Quito, luego de que los ex integrantes del
grupo Alfaro Vive Carajo fueron detenidos de forma arbitraria por
uniformados del Ejército al norte del país, según la Fiscalía.
En la formulación de cargos el Fiscal General hizo un recuento de
lo sucedido el 10 de noviembre de 1985, cuando L.V., S.C., y J.J. fueron
detenidos en Esmeraldas por militares que les pidieron sus
identificaciones y sin ninguna razón u orden judicial, se los llevaron
al cuartel Batallón Montúfar.
Luego las víctimas fueron trasladadas al Batallón de Inteligencia Militar (BIM) ubicado en Conocoto, Pichincha.
Pese a que las autoridades del Estado negaban haber detenido a los
tres ciudadanos, a través de reportes de inteligencia se conoció que
los mencionados fueron detenidos, dijo Galo Chiriboga.
S.C. y J.J. estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el
cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales.
Posteriormente fueron liberados.
Mientras tanto, L.V. continuó secuestrado y en situación de
desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación
en el Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.
INFORME DE UNA COMISIÓN
La acusación en contra de los oficiales en retiro se fundamentó en
un informe de una comisión integrada por el presidente Rafael Correa
para investigar supuestas violaciones de derechos humanos en la década
de 1980, durante el mandato del fallecido presidente León Febres
Cordero.
Los abogados defensores pidieron retirar la orden de prisión,
aunque no obtuvieron resultados. Algunos integrantes del grupo Alfaro
Vive Carajo, disuelto hace varios años atrás, han ocupado cargos en el
Gobierno de Correa.
A la diligencia asistieron Luisa Ortega, fiscal General de
Venezuela; representantes de la Corte Suprema de Panamá; Guillermo
Fernández, alto comisionado de las Naciones Unidas, y autoridades
ecuatorianas.
Tomado de www.europapress.es
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