Porque aunque muchos crean otra cosa, el bloqueo, que los yanquis esconden bajo el eufemismo de embargo, es un entramado de leyes que conforman un sólido cuerpo legal para subvertir el orden en Cuba.
A pesar de que la administración de Barack Obama prometió cierto liberalismo en las relaciones exteriores, la realidad es que el cerrado cerco sigue intacto y tan apretado como el primer día.
Las primeras regulaciones, dictadas por la administración de John F. Kennedy, tuvieron como base la "Ley de comercio con el enemigo", promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles.
Aunque esa legislación sirvió como base, fue la "Ley de asistencia exterior", promulgada por el Congreso estadounidense en septiembre de 1961, la que autorizó a Kennedy a establecer y mantener "un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba", pero también prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno revolucionario.
El muro levantado alrededor de Cuba se reforzó en el 1969 con la adopción de la "Ley de Administración de las Exportaciones" (EAA por sus siglas en inglés) como resultado de una revisión de los controles sobre las ventas al extranjero.
Esa legislación otorgó a la Casa Blanca autoridad para controlar las exportaciones y restringir aquellas que "contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos".
Los años pasaron y, a pesar de los problemas, Cuba siguió resistiendo la persecución yanqui, por lo que en el 1992, cuando comenzaba el Período Especial, el presidente George Bush quiso aprovechar lo que pensaba era la oportunidad de oro para acabar con la Revolución Cubana.
Así, en octubre de ese año, casi exactamente 30 años después de iniciado el bloqueo, Bush padre firmó la "Ley para la democracia cubana", conocida como "Ley Torricelli".
Con ella, la Casa Blanca reforzó las medidas contra la isla y oficializó la extraterritorialidad del cerco, al prohibir a las compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos.
También prohibió, y aún prohíbe porque sigue vigente, la entrada a territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos.
Pero la última vuelta de tuerca la dio la administración de William Clinton, ese rubicundo demócrata que, en el afán por acabar con el orden establecido en la isla, llegó a entregar al Congreso sus facultades presidenciales en lo referido a Cuba.
En marzo de 1996, lo hizo al firmar la "Ley para la solidaridad democrática y la libertad cubana", la nefasta "Helms-Burton" que busca desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba.
Esa legislación, que más que ley es una aberración jurídica, codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial al denegar la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras y a sus familiares, que invirtieran en propiedades "confiscadas" en Cuba, además, estableció la posibilidad de presentar demandas en su contra en los tribunales norteamericanos.
La "Helms-Burton", que ha sido la más dura de las leyes aplicadas contra nuestro país, también limitó las prerrogativas del presidente para suspender esta política, algo que ahora está en manos del Congreso.
Esa ley fue la herramienta predilecta en la política hacia Cuba de la administración de George W. Bush, quien detrás de los pasos de su padre, trató sin éxito de dar la estocada final a la Revolución Cubana.
Con la Casa Blanca ocupada por Barack Obama, a quien el filósofo norteamericano Cornel West llama "la mascota negra de Wall Street", no ha habido grandes cambios en ese bloqueo, que en medio siglo nos ha costado casi un billón 157 327 millones de dólares.
Obama ha reiterado que no habrá cambios en esa política, lo que, sin decirlo, ratifica el mantenimiento del cerco como arma de presión contra Cuba y tal declaración le da la razón a la recordada Olga Miranda, porque es suficiente para saber que el bloqueo se trata de una cañona legal.
Por Raúl Menchaca
(Tomado
de
Cubahora)
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