El
gobierno federal, así como empresas proveedoras del servicio de
internet, deben aclarar el uso del programa espía FinFisher/FinSpy, con
el que se está violando el derecho a la privacidad de usuarios de la
red.
Representantes
de organizaciones sociales afirmaron que se debe aclarar la
participación de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública
Federal, en los procesos de compra y uso del programa.
También
se debe investigar a la empresa Gamma Grup, que aceptó ser la vendedora
del programa espía a las instancias gubernamentales, y de la empresa
Obses, como revendedor del producto.
Están
sujetas a investigación, por dichos de la Procuraduría General de la
República (PGR), por posible venta ilegal de estos productos.
Hay
que decir que FinFisher se vendió dos meses antes de que terminara el
mandato de Felipe Calderón, y esta empresa tiene su nacimiento y
crecimiento exponencial en los tiempos de Genaro García Luna y está
abierta una línea de investigación por ese tema", dijo Jesús Robles.
Actualmente
la PGR tiene abierta una averiguación previa relacionada con presuntas
irregularidades en el proceso de compra y uso del programa FinFisher,
adquirido por la pasada administración para tareas de espionaje.
Daniel
Gershenson, de la agrupación Alconsumidor; Paola Ricaurte, de
ContingenteMX, y los integrantes de Propuesta Cívica, Jesús Robles y
Pilar Tavera, detallaron los avances de las investigaciones realizadas a
través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI), sobre el uso de ese sistema por parte de las empresas
proveedoras del servicio de internet.
Se
detalló que las empresas requeridas para la investigación han
respondido, sin embargo sus respuestas no han dejado en claro el uso o
no del programa de espionaje.
Paola
Ricaurte, de ContingenteMX, demandó transparencia a las entidades
federales en los procesos de compra y control para el espionaje.
Es
preciso clarificar el marco legal para la autorización, registro y
compra de programas y equipos de espionaje, y evaluar la necesidad de
una reforma con perspectiva de derechos humanos.
Demandamos
se publique la información sobre las adquisiciones, características y
protocolos de uso, así como el número de entidades y los mecanismos de
control y evaluación para su ejecución", dijo la activista.
La
petición fue apoyada por Daniel Gershenson, de la agrupación
Alconsumidor, quien afirmó que tanto las entidades públicas como las
empresas proveedoras de internet deben ser transparentes en la materia.
Queremos
exigirle a la autoridad, exigirle a estas empresas que aclaren si en
efecto este programa y otros están invadiendo nuestras comunicaciones, y
cuál es la intención atrás de esta opacidad, de esta falta de
información", dijo Gershenson.
Jesús
Robles afirmó que activistas en internet han comenzado a sufrir acoso
y, en algunos casos, amenazas por sus tendencias y expresiones vertidas
en páginas de internet.
Tomado de http://www.juareznewstv.com
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