Ígor Kudrin opina sobre las causas y supuestas decisiones del juzgado en el que la infanta debe actuar de testigo en el caso de corrupción de su marido.
La Constitución no prevé derechos especiales para la defensa de la familia del jefe del Estado español. Los habitantes del palacio real, comenzando por el rey Juan Carlos y su esposa, dos hijas, el hijo y los nietos, con todo el respeto a la dinastía, carecen de privilegios especiales de sus antepasados.
Cuando yo trabajaba como corresponsal en Madrid, vi cómo Juan Carlos y su hijo Felipe, príncipe de Asturias, tranquilos, con la mínima guardia, visitaban la concurrida feria del libro, y cómo la hija mayor con sus niños paseaba en el patio. A propósito, cuando entre ella y su marido, propietario de una farmacia, surgió un conflicto, ni siquiera mis colegas más “cáusticos”, hicieron declaraciones malévolas. Respetando a la familia real, los españoles se daban cuenta de que no debían curiosear los secretos familiares. Así se comportaban también respecto a Cristina. Al comienzo los españoles estaban orgullosos de su belleza, se alegraban del aumento de la joven familia, discutían los éxitos deportivos de su marido Iñaki Urdangarin. Pero paulatinamente en la prensa comenzaron a filtrarse datos sobre otros “méritos”, que distaban mucho de los logrados en las competiciones.
Aprovechando sus viejos logros deportivos y esperando equivocadamente el apoyo de la familia real, se incorporó a una actividad financiera sospechosa de ciertas organizaciones deportivas nacionales. Como notaban los periodistas, esto condujo a apropiación de dinero ajeno. Como es natural, la familia real, que desconocía estos hechos, no reaccionó a las infracciones del ex campeón. En todo caso, ahora, cuando la hija del rey Cristina fue citada para actuar de testigo y hacer declaraciones respecto a los actos ilícitos de su marido, está claro que la familia no vive sus mejores momentos. Antonio Torres de Moral, profesor universitario y especialista en asuntos constitucionales, conocedor de estos sufrimientos, dice que es una noticia muy triste para la imagen del palacio real, pues el rey es jefe de Estado. Y cuando miembros de su familia violan la ley, esto socava la confianza hacia las autoridades y puede desestabilizar más la situación del país en crisis.
La propia mención del proceso judicial contra un miembro de la familia real causa un grave daño moral a la respetada familia que sirve de ejemplo para millones de españoles. Cada uno comprende: si el juzgado de un país democrático da un paso para incoar un proceso y cita como testigo a la hija del jefe de Estado, esto causa un serio daño moral a cada uno de los miembros de la familia real y en primer lugar al rey Juan Carlos respetado en el mundo entero. Si bien, pude leer en algunos medios de información de Occidente infundios inusitados de periodistas irresponsables sobre la vida personal del monarca, que empañan la vida de su familia unida.
Creo que el futuro proceso, incluso si comprueba la culpa del esposo de Cristina, no podrá hacer nada a su esposa. Contra ella nadie presenta acusación alguna. Sin embargo, algunos juristas estiman que el juez sostiene que el recurso de la fiscalía no paraliza la situación de la infanta. Y si de repente ocurre esto, Cristina quedará indefensa frente a acusaciones injustas y falsas, como resalta un conocido abogado, la infanta Cristina carece del privilegio de un diputado autonómico.

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Autor: Ígor Kudrin
 
La Voz de Rusia