Una comisión investigadora determinó que la sublevación policial del 30
de septiembre de 2010 en Ecuador, en el que se secuestró al presidente
Rafael Correa, fue un intento de golpe de Estado aún impune, en que
estuvieron involucrados el ex mandatario y coronel retirado Lucio
Gutiérrez y grupos militares.
El titular de esa comisión
investigadora, el jurista Carlos Baca Mancheno, aseguró que se pudo
determinar “con claridad y precisión” que fue un intento golpista en el
que confluyeron “varios factores, como la presencia de actores políticos
y la manipulación y desinformación” de los medios de comunicación.
Baca exigió al ex presidente Gutiérrez,
líder del partido de oposición Sociedad Patriótica, que responda por los
sucesos. "Si se pretende decir que Sociedad Patriótica no estuvo
directamente involucrado en la conspiración, se estaría mintiendo”,
aseguró.
Otro tema que deberá explicarse, dijo el
jurista, citado por la agencia noticiosa estatal Andes, es la
participación de dirigentes del izquierdista Movimiento Popular
Democrático que, trepados en camionetas de la Policía, azuzaron a los
ciudadanos a tomar las instalaciones de la Asamblea Nacional
(parlamento) e incitaron a apoyar la sublevación.
El supuesto detonante de la asonada fue
la aprobación por parte de la Asamblea de la Ley de Servicio Público,
que regulaba ciertos beneficios a los miembros de las fuerzas de
seguridad, lo que generó malestar, aprovechado por sectores de oposición
para provocar protestas.
El punto culminante de la intentona fue
el levantamiento del Regimiento de Policía Quito 1, el más grande del
país, vecino al hospital donde fue gaseado, golpeado y secuestrado por
horas Correa, rescatado por su cuerpo de custodia, mientras una multitud
que se movilizaba para exigir su liberación fue violentamente
reprimida.
El saldo de la trágica jornada en todo
el país fueron ocho muertos y decenas de heridos, además de la ocupación
de varios aeropuertos por fuerzas militares y el intento de toma de la
televisión pública.
Baca lamentó que en el nivel judicial se haya montado “un verdadero aparato monstruoso para generar impunidad”.
Esa impunidad fue garantizada desde el 1
de octubre de 2010, cuando 90 agentes de la Dirección de Inteligencia
de la propia Policía, por pedido del entonces fiscal general Washington
Pesántez, se hicieron cargo de investigar esos hechos.
Francisco Torres, un asesor del
presidente Correa que lo acompañó mientras estuvo secuestrado por los
policías sublevados, aseguró a Télam, al día siguiente, que participaron
de la asonada civiles de la opositora Sociedad Patriótica que
“intentaron borrar la señal” de aire de la televisión estatal.
Tras agradecer el apoyo que dieron
entonces la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Torres afirmó que no habrá
“impunidad”, la que sin embargo se mantuvo hasta ahora, según la
denuncia de esta semana del titular de la comisión investigadora.
Otro dato significativo lo dio en
aquellos días a esta agencia el presidente de la juventud de la
gobernante Alianza País, Santiago Morales, quien recordó que “la misma
policía que se sublevó (en 2010), en 2005, cuando un levantamiento
popular derrocó al expresidente Gutiérrez, reprimió a la gente y fue el
principal y último apoyo del gobernante”.
Por otra parte, el reconocido escritor
ecuatoriano Jaime Galarza aseguró entonces que el gobierno debería
“controlar las redes de inteligencia” que no advirtieron a Correa de la
conspiración fraguada, centralmente, en la policía.
El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, quien siendo canciller estuvo en Quito en la reunión de
emergencia que realizó la Unasur en esas jornadas, dijo entonces a Télam
que el intento contra Correa “no lo hacen cuatro policías”, sino que, a
su juicio, estuvieron involucrados el Pentágono y la CIA
estadounidenses.
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