La Habana, Cuba, sede de los
diálogos de paz, febrero 8 de 2014
Sobre las escuchas ilegales
No podemos compartir que las fachadas de inteligencia sean totalmente
lícitas, que sus operaciones sean ajustadas a la ley (de inteligencia), y que
no tengan nada de irregular.
Definitivamente nos quedamos con las primeras afirmaciones del Presidente,
cuando al referirse a las chuzadas o escuchas ilegales responsabilizó
directamente a las “fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos,
como el proceso de paz”. Y no solamente. También encontramos consecuente su
anuncio de ordenar una “investigación a fondo” y la determinación de relevar,
como lo hizo de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército, general
Mauricio Ricardo Zúñiga y al director de la Central de Inteligencia Técnica del
Ejército (CITEC), general Oscar Zuluaga.
Consideramos, además, muy honestas las palabras del comandante del Ejército,
señor general Juan Pablo Rodríguez, al admitir que la operación de espionaje
“Andrómeda” estaba destinada a interceptar ilegalmente a los negociadores de
paz.
En este contexto nadie entiende la voltereta del gobierno, que de la noche a
la mañana cambia su apreciación, como veleta al viento, frente a tan graves
hechos. ¡No faltaba más! La paz no es “subversiva” ni “terrorista” para que sea
sometida a espionaje y seguimiento con la justificación del propio gobierno.
Si el director de la revista Semana, Alejandro Santos, asegura y reitera con
fuerza desde Bogotá, que “en esa fachada de legalidad se hacían trabajos
ilegales”, y que “tenemos todas las pruebas, las fuentes, el acervo probatorio
y testimonial de lo que ocurrió”, la investigación de la Fiscalía debe
proseguir hasta el final. Resulta incoherente que el gobierno le pida ahora al
Fiscal General, Eduardo Montealegre, que se haga el de la vista gorda con el
cuento peregrino de que se estaba actuando dentro de la legalidad.
No se puede irrespetar de esa manera a la opinión, a la gente pensante del
país.
Se necesita estar ciego para no ver que el propósito de esa actuación ilegal
de los enemigos de la paz, es hacer explotar en mil pedazos el proceso de La
Habana, un emprendimiento superior y de humanidad que todo el pueblo
colombiano, anhela de corazón, llegue a feliz puerto.
Es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. El espionaje no estaba dirigido solamente contra las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC, sino contra los más destacados líderes de la izquierda, que además están siendo amenazados de muerte por grupos paramilitares.
El establecimiento se ha ensañado de manera perversa con líderes como Piedad
Córdoba y parece que no le ha bastado matarla políticamente con una inhabilidad
por 18 años, sino que ahora quiere exterminarla físicamente para “borrarla del
mapa”. Lo mismo ocurre con Iván Cepeda a quien el Procurador de la
arbitrariedad lo tiene en la mira. Y con muchos otros, como Petro, Lozano,
Abella, y contra la Marcha Patriótica a la que le han
asesinado a más de 30 activistas, contra la UP, y contra los reclamantes de
tierras que ya suman un centenar de asesinados.
Se pretende exterminar todo pensamiento ligado a un proyecto de país regido
por la democracia verdadera, la paz con justicia social y la soberanía.
Un proceso de paz que ha movilizado la esperanza de millones de colombianos,
exige con urgencia se ponga fin a la guerra sucia, porque con guerra sucia no
habrá paz.
Los francotiradores que de manera insensata y loca están disparando contra
la solución política del más prologado conflicto del continente, deben ser
inmediatamente desarmados. Si no pudieron ganar la guerra, déjennos hacer la
paz.
De los eventuales acuerdos de La Habana, con el respaldo de la voluntad
nacional, debe florecer un nuevo país en paz que se extienda por los siglos,
edificado sobre la base pétrea de una Asamblea Nacional Constituyente que ha de
reconstruirnos como nación civilizada.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS
FARC-EP
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