En
las bases militares de Estados Unidos en Japón, la mayoría de efectivos
a los que se declaró culpables de delitos sexuales no fueron enviados a
prisión en los últimos años, según documentos internos del Departamento
de Defensa.
En su lugar, los infractores fueron multados, degradados,
restringidos a sus bases o separados de las fuerzas armadas, de acuerdo
con una revisión de cientos de casos presentados en las instalaciones
militares más grandes de Estados Unidos en el exterior.
En unos 30 casos, una carta de amonestación fue el único castigo.
En más de 1.000 expedientes, que obtuvo The Associated Press mediante
la Ley de Libertad de Información, se describen cientos de casos con
detalles gráficos que pintan un panorama perturbador de la manera como
los oficiales militares de Estados Unidos enjuician y castigan a los
efectivos acusados de delitos sexuales.
El manejo de las acusaciones rayan en lo caótico y en los casos
aparentemente firmes a menudo se redujeron a acusaciones menores. En dos
casos de violación, los comandantes anularon las recomendaciones de que
se sometiera a los acusados a corte marcial y en cambio desecharon los
cargos.
Aun cuando las autoridades castrenses han reconocido la comisión de
algún un delito, muy difícilmente el acusado purgará prisión. De 244
miembros en servicio cuyos castigos fueron detallados en los
expedientes, sólo un tercio de ellos fueron encarcelados.
El análisis de los delitos sexuales denunciados de 2005 a principios
de 2013 muestra un esquema de fallos aleatorios e incongruentes:
- La Infantería de Marina fue la que más envió a prisión a
infractores en comparación con otras ramas de la milicia, porque de 270
caos, 59 de los acusados fueron puestos tras las rejas. En contraste, de
203 casos de la Armada, más de 70 implicados afrontaron corte marcial o
recibieron algún tipo de sanción. Apenas 15 fueron sentenciados a
prisión.
- La Fuerza Aérea fue la más indulgente. De 125 delitos sexuales
denunciados, la única sanción a 21 infractores fue una carta de
amonestación.
- Las víctimas en un número cada vez mayor declinaron cooperar con
los investigadores o se retractaron en un indicio de que tal vez habían
perdido la confianza en la justicia militar. En 2006, el Servicio Naval
de Investigaciones Penales, que se ocupa de las denuncias relacionadas
con la Armada y la Infantería de Marina, informó de 13 casos. En 2012
fueron 28.
Tomado de http://www.eluniversal.com.co
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