El Servicio Postal de EEUU admitió este martes que en el último año fiscal espió la correspondencia de cerca de 50 mil estadounidenses de a pie como parte de investigaciones criminales y de seguridad nacional.
Una auditoría del Inspector General del Servicio Postal, realizada en mayo pasado y revelada hoy por el diario The New York Times, indica que la entidad aprobó cerca de 50 mil solicitudes de agencias policiales en el año fiscal 2014 para espiar el correo de ciertos estadounidenses.
Los comités del Congreso a cargo de asuntos judiciales no han precisado si hay planes de realizar audiencias sobre el asunto.
A través de un antiguo programa de vigilancia, conocido como “Mail Covers”, los empleados del Servicio Postal pueden registrar los nombres, direcciones y demás datos que aparezcan en el exterior de los sobres y paquetes de los estadounidenses.
Toni DeLancey, portavoz del Servicio Postal, explicó que ese programa solo se autoriza “en circunstancias limitadas”.
Las autoridades no pueden abrir ni registrar el contenido del correo sin el debido permiso judicial.
Sin embargo, tan solo la información en la superficie de los sobres puede ser útil para agencias policiales que investigan crímenes, rastrean a fugitivos, o buscan proteger la seguridad nacional.
El
problema, según la auditoría, es que el programa carece de suficientes
controles que pueden afectar el manejo de las solicitudes y la
integridad de las investigaciones, además de causar interrogantes sobre
el respeto a la privacidad del correo y perjudicar la imagen del
Servicio Postal.
La idea de que ni el correo esté a salvo de la intrusión del gobierno, en un país que se precia del derecho a la vida privada, no ha sentado bien entre quienes defienden los derechos individuales.
La
Asociación Nacional de Abogados para Asuntos Criminales (NACDL) analiza
la auditoría del Servicio Postal y divulgará un documento sobre las repercusiones que este asunto pueda tener para la Cuarta Enmienda de la Constitución.
“Aunque
esta autoridad no es nueva, es sorprendente que el gobierno esté
vigilando a tanta gente, y no es fácil distinguir entre una vigilancia
enfocada y una más amplia”, dijo a La Opinión Jameel Jaffer, subdirector de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“El
hecho de que (el gobierno) lo haga sin causa probable o supervisión
judicial es otro recordatorio de que las normas para limitar la
vigilancia gubernamental son demasiado flexible y tienen poca
regulación”, agregó Jaffer.
María Peña/maria.peña@impremedia.com
Tomado de http://www.laopinion.com
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