Denuncian militarización en Paraguay con excusa de combatir a la guerrilla

Una decena organizaciones y partidos políticos de Paraguay denunciaron ayer que con la excusa de perseguir a la guerrilla que acecha el norte del país, el Gobierno ha militarizado la zona, por lo que piden la presencia de organismos internacionales que vigilen el actuar de las Fuerzas Armadas.

Organizaciones políticas como el Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, o la Federación Nacional Campesina firmaron un comunicado donde denuncian "violencia y terrorismo de Estado como parte de la guerra sucia implementada por el Gobierno de Horacio Cartes y avalada" por su Partido Colorado y el opositor Partido Liberal.

"Exigimos una investigación responsable con organismos internacionales que se hagan presentes en nuestro país para resguardar a miles de compatriotas que se ven maniatados por estas prácticas terroristas que pretenden destrozar el tejido social de organización y solidaridad", destacaron.

El presidente Cartes reformó la ley de Defensa Nacional nada más asumir su mandato en agosto de 2013 para desplegar a las Fuerzas Armadas en el interior del país y así perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado al que el Gobierno achaca unos 30 de muertos y varios secuestros.

Los firmantes denunciaron que desde que la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías, fue desplegada en los departamentos de Concepción, San Pedro o Amambay, se comenzaron a producir allanamientos nocturnos ilegales en casas de campesinos inocentes.

"A los atropellos a los ranchos de varios pobladores generando destrozos y malos tratos, a las represiones contra el campesinado (...) hora se suma una confusa operación de la Fuerzas de Tareas Conjuntas en Kurusú de Hierro, departamento de Concepción", declararon las organizaciones sociales.

La semana pasada el obispo Pablo Cáceres de la Diócesis de Concepción afirmó que en ese operativo hubo una "ejecución" de campesinos que "nada tienen que ver con el grupo armado", algo que la Fiscalía y el Ministerio de Interior negaron.

El pasado 6 de septiembre el Gobierno informó que la noche anterior un supuesto colaborador del EPP murió durante un enfrentamiento con efectivos militares, en el que resultaron heridos graves otros dos supuestos miembros del grupo armado, uno de los cuales falleció más tarde en el hospital.

El hecho tuvo lugar en un área boscosa cerca de Kurusú de Hierro, en el departamento de Concepción, cuando efectivos de la FTC atacaron una vivienda en el momento en que los tres supuestos colaboradores del EPP se reunían con 8 presuntos guerrilleros, según las autoridades.

Sin embargo, el obispo Cáceres y la familia de los supuestos guerrilleros, todos de apellido Ovelar, niegan su vinculación con el EPP.

"El EPP es nefasto, pero no se puede acusar a cualquiera que es del EPP. Hay tarados que dicen que defiendo al EPP, pero la violencia es detestable. No se puede combatir al terrorismo con más terrorismo. La población tiene miedo al EPP, pero tiene más miedo de las FTC", destacó entonces el obispo.

Por otro lado, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), tras enviar una comitiva al lugar de los hechos, dijeron que recabaron testimonios que "no coinciden con la versión oficial de lo sucedido" en Kurusú de Hierro.

Estas organizaciones también pidieron una investigación exhaustiva que establezca si se produjo un enfrentamiento como señala la versión oficial o si se violaron los derechos humanos de las personas heridas y fallecidas.

Todas las organizaciones expresaron su repudio a "la criminalidad ejercida por el EPP y por otros grupos" y pidieron una estrategia coordinada entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial que respete los derechos humanos. EFE