La muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por
los medios de comunicación opositores y por toda la red de
desinformación mundial al servicio del poder hegemónico, intentando
responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras que se
recuerde.
El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del
Poder Judicial, una estructura decadente que nunca se democratizó, los
medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios
de inteligencia locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y
venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente,
por Estados Unidos y también Israel.
El fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004,
después de 10 largos años, cuando se cerró el más escandaloso e
irregular juicio de la historia sin lograr encontrar a los culpables del
atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos. Este hecho
aparece como un eslabón más de un golpe en desarrollo, en el que
participan un sector del aparato judicial argentino, la oposición,
los medios masivos de comunicación junto a la CIA (Agencia Central de
Inteligencia, siglas en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel,
respectivamente.
Para entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA y
conocer las graves irregularidades cometidas con la entrega en la década
de 1990 de laa investigación a los servicios de inteligencia
estadounidenses e israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de
la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina.
Investigación bajo control externo
El cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la
investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano, quien comenzó
su actuación bajo una presión muy evidente.
En sólo 24 horas, la inteligencia israelí –que envió sus hombres a
colaborar desde las primeras horas del hecho– y la CIA acusaron a la
República Islámica de Irán y al Hezbolá de Líbano, sin pruebas.
Sin haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante
al juez argentino Galeano, quien viajó a Venezuela para entrevistarlo.
El hombre se llamaba Manouchehr Moatamer y se presentó como un
ex funcionario iraní, que había huido de su país y que acusaba al
gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna prueba.
Sus declaraciones erráticas se derrumbaron en poco tiempo. Es decir,
la CIA y el Mossad habían vendido a la justicia argentina un testigo
falso.
Moatamer se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber
cómo llegó a Venezuela en 1994, y cómo terminó al final en Los Angeles,
Estados Unidos, como “testigo protegido de la CIA”.
La causa de Galeano siguió navegando en un mar de irregularidades.
Pero aún en 1997, el juez fue nuevamente a ver a Moatamer, en
Estados Unidos, quien nada agregó a su testimonio anterior. En 2008,
Moatamer finalmente confesó que había mentido para obtener la visa
estadounidense.
En 1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto
testigo, en este caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado
el “testigo C”. Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas
menores para la inteligencia iraní, sospechoso de ser agente doble. Se
dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo
cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.
En ese tiempo, Mesbahi acusó a Irán de cada uno de los “atentados
terroristas” que no se esclarecían en el mundo –lo que siempre sucede
con los atentados de falsa bandera– como el de Lockerbie, Escocia, y
otros.
El “testigo C”, que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre,
vio una nueva oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los
servicios alemanes, estadounidenses e israelíes de la voladura de la
AMIA.
Sin pruebas, contó su versión en Alemania ante un juez nacional y el
juez argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.
«Mesbahi declaró 5 veces bajo juramento en la causa, y en los
puntos esenciales dio 5 versiones distintas y contradictorias de éstos,
que no podrían servir nunca como prueba. Sólo dichos y palabras, y
por supuesto, conjeturas y deducciones de inteligencia», resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro AMIA-Embajada, ¿verdad o fraude?
El abogado Labaké, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, Europa
y Estados Unidos, reuniendo datos y entrevistándose con fuentes
importantes, y finalmente llegó a la conclusión de que no existían
pruebas contra Irán en el juicio de AMIA, ni bajo la dirección de
Galeano, ni bajo la del fiscal Nisman, quien sólo recopiló y reescribió
los expedientes de su predecesor, y les dio cierto orden pero siempre
acusando a Irán, como ordenaron Washington y Tel Aviv.
El periodista Gerth Porter, de The Nation, escribió en una
nota el 16 de mayo de 2010 que el embajador de Estados Unidos
en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek, le dijo
en una entrevista:
«Que yo sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron nada.»
Lo extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que
ambos testigos no eran creíbles y la justicia británica incluso había
rechazado, por falta de pruebas, un pedido de extradición contra el
ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. El diplomático iraní
estaba haciendo un curso en Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta
que llegara el exhorto de extradición. Pero hubo que liberarlo en 2004 y
pagarle una indemnización de 189 000 libras esterlinas.
También la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
devolvió un primer pedido de alerta roja por falta de pruebas, y el
segundo pedido en 2013, y que esta hasta estos días, por especial pedido
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor
Timerman, tampoco tiene aún el fundamento de las pruebas que el juez
Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que investigara. Ahora se sabe
que Nisman no había cumplido con reunir pruebas, sino solamente simples
deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.
El primer juicio de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e
irregularidades graves, una de las cuales consistió en que el juez
Galeano, con apoyo del entonces presidente de la Delegación de
Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén Berajas, pagó 400 mil
dólares a un reducidor de autos robados, Carlos Telledín, para que
acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la provincia de Buenos
Aires.
Estos últimos estuvieron 5 años detenidos y debieron ser liberados
por absoluta falta de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así
escandalosamente terminó ese juicio.
La enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que
eran los expedientes de la causa del cruento atentado contra la mutual
judía AMIA obligó a terminar con el juicio en 2004, y el entonces
presidente Néstor Kirchner (2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar,
profundizando en la causa hacia la verdad.
Se creó entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría
por decisión de la Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo
que sorprendió, ya que el propio Nisman también había sido parte del
fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado 10 años después,
sin haber logrado nada.
El caso Nisman
Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en
Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó
su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José
Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de la
Tablada en enero de 1989, dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique
Gorriarán Melo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ambos
detenidos, después del cruento enfrentamiento que dejó varios muertos y
heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados
por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.
Hasta ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a
cargo de la investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de
que «habían muerto en combate» a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.
En julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo
convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra
la mutual judía AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso
de ambos.
De acuerdo con «Infojus Noticias» de Argentina «el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien». Durante ese juicio por la llamada «conexión local»,
muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían
cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.
Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos
Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 000 dólares para que
acusara a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén
Berajas, entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas.
En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó
destituido y procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y
Barbaccia, también procesados.
«En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada» en la Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias
el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien
fue absuelto de haber participado en la adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.
«Siempre hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño», reflexionó García Dietze.
En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas
las investigaciones vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave
de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE,
Antonio Stiusso, alias “Jaime”. Éste había sido desplazado de la Causa
AMIA por ser parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman
recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la CIA y
el Mossad.
La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero
para investigar. Pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes
de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber
producido, en los últimos 10 años, ninguna prueba para confirmar la
acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes,
diplomáticos y funcionarios acusados, fue devuelto por falta de pruebas.
Como sucedió con el pedido de extradición enviado a Londres contra el
ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia
británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al
diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.
Nisman y la Embajada de Estados Unidos
Durante 10 largos años, los expedientes que investigaba Nisman siguieron incorporando «informes basados en deducciones y armados»
sin prueba real, imposibles de comprobar, que proveían la CIA y el
Mossad, al igual que hicieron al proporcionar los falsos testigos.
En 2010, cuando se publicaron en Argentina una serie de cables
secretos referidos al caso AMIA, del Departamento de Estado de Estados
Unidos revelados por WikiLeaks, quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.
Estos descubrimientos no dieron lugar a tomar una medida clave, la de
separar al fiscal de esta causa ya que no se puede ser “juez y parte”,
como sucedía en su relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.
La pista iraní no lograba reunir pruebas concretas, pero sin duda
favorecía los intereses geopolíticos de ambos países, que continúan
intentando invadir Irán, enlazando esta situación con el anunciado plan
imperial de un Oriente Medio ampliado, que significó invasiones y
ocupaciones coloniales de varios países en esa región en el siglo XX.
Jamás la inteligencia estadounidense o israelí debieron haber
participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.
En un despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadounidense en Buenos Aires, se especificaba: «Los oficiales
de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman
que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes
desviaron la investigación.»
Eso fue precisamente cuando el entonces juez federal Ariel Lijo
ordenó la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su
hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo
Anzorreguy, y otros, como el magistrado Juan José Galeano y del
ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.
Nisman no había informado de esa medida a la Embajada estadounidense como lo hacía normalmente. Otros cables de WikiLeaks
demostraron que el fiscal de la Causa AMIA se había disculpado con los
oficiales estadounidenses por no haber anticipado los pedidos de
detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el
periodista Guillermo O’Donell.
Ya en 2013, Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas del
atentado de julio de 1994 se pronunciaban por un alejamiento de Nisman
de la Causa AMIA. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal,
los familiares respaldaron el Memorándum de Entendimiento entre
Argentina e Irán y cuestionaron «la falta de compromiso de Nisman y la inacción en la causa», por considerarlo «funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad».
El Memorándum de Entendimiento con Irán es un verdadero documento de
política exterior que podía sentar precedentes en la resolución de
conflictos sin salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los
jueces de la Causa AMIA pudieran ir a Teherán a indagar, ante la
presencia de una Comisión de personalidades reconocidas y neutrales, a
los altos funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– del atentado. Por
primera vez se podría saber la verdad, fuera la que fuera.
Al cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio de 2014,
los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una vez más
el esclarecimiento del hecho, sino que solicitaron formalmente que se
apartara a Nisman del caso por «haber mostrado su total incapacidad para investigar en esta Causa», como denunció entonces Diana Malamud de Memoria Activa.
Irán siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mossad
rechazaban toda posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a
entregar a un grupo de funcionarios acusados sin que se presentaran las
pruebas necesarias a la justicia de terceros países. Incluso surgió de
Irán una propuesta de crear una Comisión mixta, argentina-iraní, para
investigar el tema AMIA.
En Irán no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner trató de hallar un camino, que fue rechazado
incomprensiblemente por el gobierno de Israel.
La DAIA y la AMIA, que habían apoyado en principio el Memorándum
debieron plegarse al mandato israelí. La oposición argentina rápidamente
se alió a este rechazo y surgieron jueces que declaraban la
inconstitucionalidad de la ley, lo que era una aberración jurídica.
Irán quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie
sabía es que, con base en falsas denuncias, convertirían este tema en
una maniobra golpista contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el
que más trabajó a favor de la verdad, como se puede constatar en los
esfuerzos ante la Organización de las Naciones Unidas y en el propio
Memorándum.
El 12 de enero de 2015, en plena Feria Judicial, e interrumpiendo un
viaje que lo había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños
15 de una de sus hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la
investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA decidió
regresar imprevistamente a Argentina, según él mismo comunicó a las
amistades más allegadas en un mensaje de WhatsApp.
Sólo 1 día después de llegar a Buenos Aires, Nisman anunció que iba a
presentar una denuncia contra la presidenta de la nación, el canciller,
el diputado Andrés Larroque, dirigente del movimiento juvenil La
Cámpora y contra 2 dirigentes sociales, Luis D’Elía y Fernando Esteche,
por el intento de presunto encubrimiento de los iraníes acusados
mediante un pacto secreto con Irán por “intercambios comerciales”, que
nunca existió.
Trama de guerra sucia
El 18 de enero fue encontrado muerto, como se conoce, en su
departamento. Y la rigurosa investigación fiscal continúa para no dejar
ningún espacio de duda en su conclusión final.
La Feria Judicial le permitía elegir el juez, y buscó a Ariel Lijo,
quien lleva causas creadas por denuncias basadas en informaciones
periodísticas y sin pruebas contra funcionarios gubernamentales. El 14
de enero presentó la denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar
pruebas a sus incriminaciones, pero tampoco nada sobre el atentado que
mató a 85 personas en 1994.
De inmediato la dirigencia opositora salió a respaldarlo, porque esta
noticia les permitía montar un ataque brutal contra el gobierno en año
electoral.
Prometía Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta
ahora) para justificar su acusación, y el 19 de enero iba a hablar de su
denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de
Diputados, citado por la oposición, aunque iba a asistir también el
oficialismo, que pedía hacer público este evento, y no cerrado.
Las escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión
opositor de conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la
comunidad islámica jamás podrían ser pruebas de nada. Pero el 19 su
muerte conmocionaba al país y atrajo la atención también fuera de
Argentina.
En las declaraciones ante la fiscalía de la exesposa de Nisman, la
jueza Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona, España, con otra
de las hijas del matrimonio, señaló que éste la llamó el 12 de enero
desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, para decirle que debía
regresar urgente a Buenos Aires porque su madre se iba a operar de un
brazo y que luego iba a volver a Europa para continuar su viaje.
Arroyo Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman
regresara con su hija a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en
el Aeropuerto para que su madre llegara a recogerla desde Barcelona.
Se agrega a esto que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel,
declaró en la causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman
había mentido a su familia en un regreso muy apresurado.
Por eso la pregunta es: quién lo llamó tan urgentemente para
presentar una denuncia sólo 2 días después de su regreso, nada menos que
contra la presidenta. La fiscal que ahora investiga su muerte, Viviana
Fein, a todas luces bajo intensa presión, dijo que el occiso ya había
sacado el pasaje de regreso para el día 12 desde el 31 de diciembre.
Esto abre entonces una interrogante: ¿Por qué envió un mensaje de
WhatsApp a sus amigos más cercanos, según transmitió la propia prensa
opositora antes que la fiscal revelara la compra anticipada del boleto,
de que tenía que regresar de forma intempestiva? ¿O era una trama ya
urdida de antemano?
La incriminación fue la noticia bomba de comienzos de un año
electoral, y la diputada derechista Patricia Bullrich, de Unión Por
Todos-Propuesta Republicana, organizó rápidamente que Nisman explicara
la denuncia a una Comisión del Congreso.
Bullrich, quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte,
está ligada a fundaciones estadounidenses en Argentina, y de la misma
manera la diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los
sectores más fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela,
Argentina o cualquiera de los países claves en la integración
latinoamericana.
El domingo 18 de enero por la tarde, el fiscal Nisman fue encontrado
sin vida, por su madre, llamada por dos custodios ante la falta de
respuesta de éste. El departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo
la puerta de servicio, que tiene dos cerrojos; el de arriba, que podía
abrir la madre, pero el de abajo tenía una llave trabada por dentro y
debieron llamar al cerrajero para que la abriera.
El cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir la puerta del baño. Tenía un
disparo en la cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22
estaban en el piso a su lado. Una imagen desoladora. Tenía 51 años. Y
los primeros resultados de la autopsia realizada por reconocidos
forenses con presencia de expertos peritos determinaron que “no habían
intervenido terceros”.
Toda la información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba
un disparo sólo a poco más de 1 centímetro de la sien derecha, lo que
llevaba a pensar en un suicidio. La muerte se caracterizó como “dudosa”
hasta que se terminen las pericias, algunas repetidas para que no queden
dudas.
La presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter,
nunca dijo que fuera un suicidio. Lo puso en duda al escribir la palabra
entre signos de interrogación; y en su segunda carta sostuvo con mayor
precisión que no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio
inducido, y no precisamente por el gobierno, ya que en realidad era el
único afectado en este juego de servicios de inteligencia extranjeros y
locales y la oposición interna, mayoritariamente dependiente de
Washington y sus fundaciones.
Desde Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta
situación: le pusieron una emboscada a la presidenta argentina, dijo al
denunciar los sucesos.
Es de un simplismo aterrador pensar que a un gobierno a cuya
presidenta se acusa sin prueba alguna, con una denuncia tan deficiente
que nadie cree fue redactada por el fiscal, podría convenirle la trágica
muerte de éste, después de presentar una denuncia en su contra.
La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas
en el país, se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno.
Los medios de comunicación y especialmente el Grupo Clarín, que
se niega a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales que debe terminar
con los nefastos monopolios mediáticos, comenzaron a especular
confundiendo a la población, cautiva de ese enorme poder desinformador.
Es tal la intoxicación informativa, que nadie sabe distinguir entre
el informe de la Fiscalía investigadora y los “juicios paralelos” que se
escenifican en televisión.
Fue el gobierno el que insistió que la reunión en el Congreso fuera
pública, es decir, que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir
allí, lo que curiosamente la oposición rechazaba. Los legisladores del
oficialismo desde el primer momento que Bullrich convocó la audiencia
especial, afirmaron que concurrirían para interrogar profundamente al
Fiscal con la determinación de llegar al fondo del asunto. La muerte del
fiscal se lo impidió.
La muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por
los medios de comunicación opositores y por toda la red de
desinformación mundial al servicio del poder hegemónico, intentando
responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras que se
recuerde.
El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del
Poder Judicial, una estructura decadente que nunca se democratizó, los
medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios
de inteligencia locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y
venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente,
por Estados Unidos y también Israel.
El Estado israelí publicó en Estados Unidos un comunicado breve la
mañana del 19 de enero de 2015 sobre “la trágica circunstancia” de la
muerte de Nisman, término que se utiliza para describir un suicidio; y
el mismo día el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a
los medios argentinos –como está registrado– que “creían que era un
suicidio” y que esa entidad estaba preocupada por el destino de la
Causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo?
Siguiendo el lineamiento del Estado israelí, exhortaban a continuar
con la Causa –como si alguien hubiera mencionado abandonarla– y además a
llevar a la justicia a los culpables del hecho y continuar con lo que
estaba actuando Nisman. Es decir –y esto no puede perderse de vista–
mantener la acusación contra Irán, lo que significa continuar en el
cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con pistas y testigos
falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?
En la escena del crimen
El colaborador cercano del fiscal fallecido, Diego Lagomarsino,
“experto en informática”, contratado por Nisman con un salario
inusualmente altísimo, fue a ver al fiscal el sábado 17 de enero. Él
mismo se presentó espontáneamente a la justicia para decir que le había
llevado un arma vieja, la pistola calibre 22 con la que luego se
“suicidó” el fiscal.
Primero dijo que le pidió la pistola para defenderse, pero en
realidad concurrió dos veces al edificio donde vivía el fiscal
supuestamente seguro y altamente vigilado como se ofrecía a los
compradores de departamentos en el lugar. De la última visita en la
noche no hay registros de salida. La investigadora Fein dijo que, según
lo registrado, Lagomarsino salió el domingo en la mañana, es decir, al
día siguiente de la muerte de Nisman.
La denuncia publicada íntegra el día 20 de enero es absolutamente una
pieza sin valor jurídico, por su redacción, sus contradicciones y la
falta de pruebas. Las escuchas telefónicas ilegales, que un canal de
televisión opositor dio a conocer también violando toda norma, no
agregan nada, al contrario, resultan hasta pueriles. Reconocidos
juristas señalan que aunque todo lo que se dice fuera cierto no
constituye delito porque nada de eso se realizó.
El curioso –y desconocido en el medio– periodista colaborador en el
sitio de internet del Buenos Aires Herald Damián Pachter, quien en la
noche del 18 de enero dio la primicia por Twitter que se había
encontrado muerto al fiscal Nisman sin avisar a su medio, decidió irse
del país argumentando “miedo”. Primero sacó un boleto de ida y vuelta a
Uruguay, pero de pronto apareció en Tel Aviv.
Pero lo extraño es que sale hacia Uruguay y sigue hasta Israel, donde
dice que pidió refugio. Luego se sabe que Pachter es argentino-israelí,
y viajó con su pasaporte de Israel. ¿Porqué pidió asilo, si era
ciudadano israelí y estuvo 3 años en el Ejército de ese país?
Lagomarsino también gestionaba la actualización de su pasaporte, para lo
cual concurrió a las oficinas pertinentes el propio día 12, cuando
Nisman hizo pública su imputación. Inmediatamente tras la muerte del
fiscal las autoridades le retuvieron el documento y se le prohibió salir
del país.
La sospecha sobre Pachter aumentó cuando dio entrevistas a medios
europeos hablando de la persecución de periodistas en Argentina, donde
los medios opositores publican notas insultantes contra la presidenta y
otros funcionarios sin ningún problema.
Otro dato importante a registrar. El fiscal Nisman utilizaba un
automóvil de alta gama, un Audi, de un yerno de uno de los denunciados
como encubridor local en el caso AMIA, Hugo Anzorreguy, el exjefe de la
SIDE en el momento de la voladura de la AMIA. Y además ligado al
exagente de la CIA Frank Holder, de oscura historia en Centroamérica,
que como tantos exagentes de otros países manejan agencias de seguridad
locales.
En Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes como el
republicano Marcos Rubio, Bob Menéndez y otros, acusan a la presidenta y
al gobierno sin prueba alguna, lo cual es una amenaza y una presión
sobre la justicia local, la misma que ejercen los medios masivos de
comunicación argentinos, que de diversas formas advierten a fiscales y
jueces que esta causa, como la de la AMIA, tienen que tener los
“culpables” que ellos determinen. Los llamados de esos legisladores,
además, evidencian su conexión con la derecha argentina.
Quieren una destitución aparentemente “institucional” del gobierno, un golpe blando, pero con muertes. No quieren la verdad.
Además de golpear a Argentina en el mismo momento en que se
acrecienta el golpismo en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro,
intentan debilitar a los organismos de unidad e integración que se
consolidan en América Latina.
Si algo faltaba al terminar esta serie, se conoció que el
expresidente José Mujica, de Uruguay, desmintió la versión de que un
diplomático de la Embajada de Irán en Montevideo fuese expulsado 2
semanas antes por estar vinculado a la colocación de un aparente
artefacto explosivo en las inmediaciones de la Embajada israelí en esa
ciudad. Esa versión la publicó el diario israelí Haaretz y la retomaron varios medios en el mundo.
Queda entonces la pregunta que puede tener una rápida respuesta: ¿qué
están preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros
países?
«Causa AMIA: el atentado de 1994 fue problablemente fomentado por un ex ministro argentino del Interior», Red Voltaire , 3 de julio de 2013.
Stella Calloni
Fuente
Contralínea (México)
Red Voltaire
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